Tras la decisión del Gobierno del Presidente Guillermo Lasso de partir su icónico proyecto de Ley, denominado Creando Oportunidades, en tres partes, la atención del debate público se enfoca en los puntos más controversiales de dicha propuesta. Entre estos se encuentra su propuesta laboral. Según la visión del Ejecutivo, la creación de un modelo “alternativo” de contratación laboral, sería un instrumento para que los empresarios del país puedan, entre otras cosas, contratar de forma más flexible, reduciendo costos, permitiendo así incrementar la productividad del sector empresarial y por ende generar nuevas fuentes de empleo. ¿Qué dicen los estudios académicos sobre una de las principales hipótesis planteadas por el Gobierno para generar fuentes de empleo?
Quizás uno de los debates de mayor trascendencia académica a nivel internacional, dentro del área de la productividad, son los análisis de los modelos rígidos versus los flexibles de contratación. Sus resultados han moldeado las estructuras laborales en varias regiones, especialmente en lugares como la Unión Europea, en donde se han definido políticas claras sobre este particular, basadas en evidencia. Producto de ello, estrategias integrales como el denominado “flexicurity” (término resultante de las palabras flexibilidad y seguridad), buscan reconciliar la necesidad de los empleadores, quienes buscan obtener una fuerza laboral flexible, con el requerimiento de los trabajadores de poder tener seguridad, evitando la precarización laboral y largos periodos de desempleo.
La base de este modelo consiste en sistemas de seguridad social modernos y eficientes, los cuales permiten que las personas que perdieron su empleo, por periodos largos o cortos de tiempo, dispongan de recursos para poder subsistir, sin tener que caer debajo del umbral de la pobreza. Al mismo tiempo, permite a los trabajadores poder cambiarse de trabajo cómodamente, al no tener la inseguridad de no contar con recursos durante la búsqueda de una nueva oportunidad. Además, se cuenta con robustos mecanismos del Estado que ayudan a la gente sin empleo a encontrar oportunidades.
Sin sistemas de seguridad social que cumplan estas características, las políticas de flexibilización laboral solo terminan generando mayor precarización. En este sentido, por ejemplo, un estudio realizado por la Organización Internacional del Trabajo demostró que la percepción de inseguridad laboral afecta negativamente al comportamiento de los trabajadores, generando consecuencias negativas para la movilidad y flexibilidad de trabajo deseadas. En resumen, se vuelven un efecto búmeran, creando mayores problemas, en lugar de las anheladas nuevas plazas de empleo.
El sistema de seguridad social ecuatoriano, actualmente en crisis, se encuentra extremadamente lejos de lo necesario para poder llevar de forma digna a los ciudadanos de este país hacia modelos de contratación más flexibles, por lo cual sería un error pensar en propuestas “alternativas” de contratación, las cuales pueden terminar solamente generando precarización. En ese sentido, tanto el gobierno actual, como los que vienen, deberían eliminar su visión cortoplacista y empezar a mejorar la institucionalidad del país de forma continua, pensando más allá de su periodo en el poder. Uno de los lugares donde se podría empezar a tener una visión más estratégica y de largo plazo, independiente del dogma político, es sin duda el liderar el rescate del sistema de seguridad social del país, si es que el Ecuador pretende llegar a sistemas de contratación más flexibles, sin sacrificar a su gente.