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Estilo de vida

Vuelve el Instituto de Cine y Creación Audiovisual, pero ¿a qué costo?

martes, 11 julio 2023 - 15:24
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Tras dos años de lucha colectiva y articulada por parte de varios gremios del audiovisual ecuatoriano, planteada a través de una demanda de anticonstitucionalidad al decreto ejecutivo 1039 del 20 de mayo de 2020 expedido en el gobierno del entonces primer mandatario Lenin Moreno, sería finalmente una fuerte arremetida de cabildeo desde la COPAE, Corporación de Productores y Promotores Audiovisuales del Ecuador, y de sectores afines a medios de comunicación privados, la que llevaría al escritorio del presidente Guillermo Lasso un decreto que anuló la fusión del Instituto de Cine y Creación Audiovisual (ICCA) con el Instituto de Fomento para las Artes, Innovación y Creatividad (IFAIC) y creó el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación (IFCI) como único instituto de fomento a las artes y a la creatividad.

Esta acción gubernamental, instaurada a menos de 6 meses del fin del gobierno y que fuera sellada hace unos meses en una visita de Lasso al emblemático cine quiteño Ocho y medio el día siguiente de su derrota electoral en la consulta popular de febrero 2023 - lugar al que volvió en efecto para firmar este decreto - establece la restitución de sendos institutos, generando un nuevo vaivén institucional en la corta -pero atolondrada- vida del Sistema Nacional de Cultura ecuatoriano.

En primera instancia, la restitución del ICCA debería ser una buena noticia para el sector audiovisual, y en general para el sector de la cultura, ya que da marcha atrás a la vulneración de los derechos establecidos en la Ley Orgánica de Cultura de 2016, a cuyo ordenamiento se vuelve tras dos años perdidos para la construcción su institucionalidad. Sin embargo, es necesario establecer un análisis complejo respecto de las condiciones que sustentan esta restitución y sobre las perspectivas que se configuran para el sector audiovisual como signo y herencia política del gobierno de Lasso.

¿El costo presupuestario de la restitución? Ninguno aparentemente: el decreto ubica como árbitro supremo del proceso al Ministerio de Economía y Finanzas. Las disposiciones generales del decreto -en una tonalidad equivalente a la de la de división de patrimonios, activos y pasivos de un divorcio- reparte de manera muy general las competencias y las responsabilidades de cada uno de los institutos, pero también divide recursos y personal y en ninguna sección menciona la asignación de recursos adicionales para la adecuada reorganización/potenciación de ambas instituciones. Una suerte de creación institucional a la dos por uno, al más fiel estilo del ajuste presupuestario de los gobiernos neoliberales comprometidos con toda política que signifique reducción del tamaño y de las capacidades del Estado.

Vale recordar que la desaparición del ICCA significó un doloroso sablazo para el sector audiovisual en pleno periodo de crisis pandémica. En un reciente taller organizado por el Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura de la Universidad de las Artes se manifestó que 48 obras de producción cinematográficas nacionales se encuentran actualmente detenidas a causa del retraso de más de un año en la apertura de fondos concursables para el fomento a la producción audiovisual. Y ni hablar de los bajos números de asistencia del público a los estrenos nacionales, ya que en palabras de algunxs directores “el box office de cines nacionales ya ni preocupa, sólo se da por hecho que el público no vendrá”.

En nuestra lectura, el sector audiovisual se enfrenta actualmente a una transición de un modelo de producción que en su momento estuvo, sin duda, bastante determinado por las posibilidades de fomento desde el Estado en tiempos de Boom petrolero hacia un nuevo modelo liberal-empresarial -inspirado en la ola de políticas naranja latinoamericana- que corresponde a la identidad ideológica del gobierno que fenecerá en algunos meses. Como herramienta de este modelo está la búsqueda de mecenazgos corporativos a partir de la promesa de exoneración tributaria: el 150% de reducción de impuesto a la renta por patrocinio a eventos culturales; la medida está vigente desde noviembre de 2021 y según los funcionarios a cargo en el Ministerio de Cultura se van concretando los primeros resultados.

En la misma línea, durante el mismo evento del 5 de julio en el Ocho y medio, el Presidente expidió el Reglamento a la Ley de Transformación Digital y Audiovisual, a partir del cual se determina el funcionamiento de los ya famosos “Certificados de Inversión Audiovisual”, instrumento que en meses pasados provocó una oda a la inversión extranjera directa por la posible llegada de la gran producción internacional y, que también abrirá la puerta a beneficios tributarios para la producción audiovisual de grandes cadenas televisoras nacionales. Estos serían, en efecto, los verdaderos vectores de futuro para el desarrollo del sector audiovisual según los promotores de la iniciativa.

En otro andarivel estaría en cambio la reinstitucionalización del ICCA, en un horizonte no menor a 6 meses. Todo estaría por jugarse entonces en el siguiente periodo gubernamental, lo cual implica que el vaivén institucional de la cultura podría estar lejos de terminar. Algunos aspectos, que derivan de una lectura atenta del decreto emitido por Lasso, nos generan curiosidad: ¿Qué resolverá el Ministerio de Economía con relación a una referida “racionalización” de los trabajadores de las instituciones fomento? ¿Se instalará en IFAIC en Guayaquil tal como lo mandata el Reglamento General a la Ley Orgánica de Cultura y lo refiere también el decreto? ¿Cuándo se llamarán a los concursos para designación de los directores ejecutivos de sendos institutos?

Para una ampliación del análisis de este artículo sugerimos visitar la sección de noticias del Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura de la Universidad de las Artes en el siguiente enlace: https://observatorio.uartes.edu.ec/2023/07/11/vuelve-el-instituto-de-cine-y-creacion-audiovisual-pero-a-que-costo/

*Pablo Cardoso es Director del Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura de la Universidad de las Artes

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