Entrevista: "Hay que tomar medidas estructurales para resolver los problemas del país"
El último informe de Human Rights Watch revela que Ecuador se convirtió en uno de los países latinoamericanos más violentos. ¿Por qué?
Apenas a nueve días del inicio del 2024, en Ecuador se declaró un conflicto armado interno para "ejecutar operaciones militares, bajo el derecho internacional humanitario y respetando los derechos humanos (...)", según el Decreto 111 firmado por el Presidente Daniel Noboa.
Los resultados, informados por el Gobierno, demostrarían que ese decreto ha permitido tomar el control de la situación. Pero más allá de evaluar la efectividad de las medidas implementadas, ¿se está respetando justamente los derechos humanos? Ciertos videos viralizados en redes sociales muestran comportamientos de las fuerzas de seguridad que pueden analizarse de otra manera.
Juan Pappier, quien labora en la ONG Human Rights Watch y que ha investigado en la región Latinoamericana sobre asuntos de seguridad, cree que si bien hoy el principal desafío es detener al crimen organizado, puntualiza la necesidad de contar con "fuerzas de seguridad profesionales y que estén controladas", sin olvidarse de que este problema no se resolverá con más militares, sino con más fiscales y jueces que tengan protección adecuada, y con programas para combatir la pobreza y desigualdad en las zonas más vulnerables del país.
Ecuador experimenta una ola de violencia y presencia del crimen organizado sin precedentes. ¿Qué análisis hace de la situación en el país?
Hablamos de bandas criminales que triplicaron la tasa de homicidios, con más de 40 homicidios por cada 100 mil habitantes, es decir, Ecuador pasó de tener una relativamente baja para América Latina a tener una de las más altas. Esto sin contar el aumento sin precedentes de extorsión, reclutamiento a menores de edad y todo tipo de hechos para intimidar a la población con carros bomba y desmembramientos. Estas atrocidades ponen en riesgo la vigencia de los derechos fundamentales para los ecuatorianos. Si bien, antes la situación de derechos humanos no era buena porque había grandes problemáticas como los altos niveles de pobreza y falta de oportunidades, así como el debilitamiento de la independencia judicial que se acentuó en el gobierno de Rafael Correa; hoy el crimen organizado es lo que más nos preocupa.
¿Entonces el conflicto armado interno decretado por el Presidente fue pertinente?
Lo primero es que la existencia de un conflicto armado no internacional no depende de lo que declare un Presidente, depende de los hechos y de si se cumplen los requisitos del Derecho Internacional Humanitario.Para que exista un conflicto armado interno hay que evaluar dos criterios: el nivel de organización de los grupos armados y el nivel de hostilidad entre esos grupos y el Estado ecuatoriano.
Lamentablemente, el decreto del Presidente Noboa no recoge estos dos elementos básicos del Derecho Internacional. Tiene algunas inconsistencias o debilidades jurídicas que no lo hacen un argumento sólido para justificar la decisión de que Ecuador supuestamente tiene un conflicto armado con 22 grupos criminales.
Pero con este decreto, desde el Gobierno se ha comunicado que se están dando resultados.
Estamos hablando de un tema en el que no se puede improvisar. Es importante que se revea esta decisión y entender que puede poner en riesgo derechos fundamentales de la ciudadanía, porque se abre la puerta al uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y militares.
A mayor permisión que se le da a las fuerzas de seguridad, mayores deberían ser los controles y los esfuerzos por investigar posibles abusos.Lamentablemente vimos que la Asamblea ofreció, de forma anticipada, posibles amnistías o indultos a las fuerzas de seguridad y eso es muy preocupante porque es exactamente lo contrario a lo que necesita el Ecuador para resolver el problema del crimen organizado.
El país necesita fuerzas de seguridad profesionales y que estén controladas, pero en cambio aquí se les está dando un cheque en blanco para cometer excesos con total impunidad. La Corte Constitucional debería revisarlo porque se podría abrir la puerta a violaciones de derechos humanos.
¿Por qué no es una solución?
Porque hay que tomar medidas estructurales para resolver los problemas de raíz. Uno de ellos es la debilidad que existe para investigar la corrupción y el lavado de dinero porque esas son las condiciones que permiten que estos grupos armados operen en el país.
Para enfrentar al crimen organizado no se necesitan más militares, se necesitan más fiscales, más jueces y garantizar su protección para que puedan hacer su trabajo. También hay que enfrentar los temas que tienen que ver con la pobreza y la desigualdad. Se ha disparado el reclutamiento, incluyendo de menores, por parte de estas bandas criminales.
Eso está asociado a la falta de oportunidades, la falta de acceso a la escolaridad y la imposibilidad de sus padres de darles una vida digna. Se necesita realizar proyectos específicos dirigidos a las comunidades más vulnerables para dar más oportunidades y evitar que estas bandas delincuenciales les sigan robando los niños a las familias ecuatorianas.
Cuándo un país se queda estancado en un permanente estado de violencia, ¿cuáles son las poblaciones más propensas a ser un daño colateral?
Los menores de edad sufren el reclutamiento y la imposibilidad de acceder a las escuelas por temor a los delitos o enfrentamientos que puedan existir entre estas bandas y las fuerzas de seguridad. Se les priva de acceso a la educación, uno de los derechos humanos fundamentales.
Por otro lado, están las mujeres que siempre corren el riesgo de sufrir hechos atroces de violencia sexual, y también están las comunidades más pobres, que son las que sufren las extorsiones que les roba lo poco que tienen.
Todos estos delitos le hacen la vida imposible a las familias ecuatorianas que hacen lo que pueden para sobrevivir. Por ejemplo, he estado en el Tapón del Darién en varias oportunidades y ahí he entrevistado a las familias ecuatorianas que huyen del país. Muchos me decían que no tenían oportunidades, que se quedaron sin trabajo en la pandemia y que lo poco que ganaban, se lo robaban las bandas criminales que controlan sus barrios y sus ciudades. Tienen miedo de ser asesinados o ya han vivido de cerca algún asesinato o hecho de violencia en sus familias.
Por eso salen desesperados a buscar asilo en Estados Unidos y arriesgan su vida en esa selva tan peligrosa que tiene todo tipo de riesgos naturales y alberga a grupos del crimen organizado que extorsionan, violan a las mujeres y a las niñas. En ese lugar se cometen todo tipo de atropellos en contra de los refugiados y solicitantes de asilo.
Si la situación de violencia no se resuelve pronto, ¿qué pasaría con los territorios que están tomados por estos grupos delictivos como el caso de Esmeraldas?
Hay zonas del país donde el Estado ecuatoriano corre el riesgo de perder el control, y eso es grave. Hay que frenar ahora este ciclo de violencia para evitar que en ciertos lugares se propague y se convierta en una violencia crónica que genere todo tipo de abusos contra varias generaciones de ecuatorianos.
Estaban todas las alertas de que la situación de violencia en el país se estaba deteriorando a pasos agigantados como las masacres carcelaria y el asesinato de Fernando Villavicencio. Es el momento de tomar medidas definitivas: fortalecer la capacidad judicial de Ecuador para investigar a estas bandas criminales, investigar el lavado de dinero, corrupción y prevenir el reclutamiento con políticas específicas en las zonas más afectadas por la violencia. Ecuador no puede esperar más para tener respuestas serias, que los protejan, y esas respuestas no consisten en aprobar un decreto ni declarar un conflicto armado interno.
¿Cómo se debe ponerlo en práctica?
Un aspecto importante es entender que el crimen organizado opera porque la corrupción le permite operar, porque las bandas han encontrado un buen 'ambiente de negocios'. Hay pocos controles frente a la corrupción, pocos controles frente al lavado de dinero y por eso pueden operar con impunidad en el país. Entonces, hay que aumentar la transparencia e investigar a los miembros de las fuerzas de seguridad porque si no se frena la corrupción va a ser muy difícil frenar la expansión del crimen organizado en el país. Un aspecto importante es entender que el crimen organizado
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