Alianzas Público-Privadas, un camino para atraer inversiones a Ecuador
Desde el 2015 hasta la actualidad, se han suscrito cinco contratos de este tipo para ejecutar obras de infraestructura en el país.
Hasta abril pasado, la deuda pública del Ecuador ascendía a más de 63.000 millones de dólares, mientras que las necesidades de financiamiento para cubrir las obligaciones del Estado en el presente año, llegan a los 12.450 millones de dólares.
Con estas cifras, es casi nula la capacidad del Gobierno Nacional para invertir en grandes obras de infraestructura o en proyectos que demanden un aporte económico importante.
En este contexto, surge más que nunca la necesidad de suscribir contratos bajo de la figura de Alianzas Público-Privadas, que tienen por objeto llevar a cabo una asociación entre el Estado y un gestor privado, a fin de que este último se encargue de la ejecución de proyectos de interés público.
Desde el 2015, que entró en vigencia la Ley Orgánica de Incentivos para las Alianzas Público-Privadas (APP), se han suscrito cinco proyectos bajo esta normativa, de los cuales cuatro están relacionados al sector portuario y uno corresponde a la carretera Río Siete-Huaquillas.
“Este mecanismo de colaboración resulta beneficioso para el país, pues permite desarrollar obras de interés público sin requerir una fuerte erogación inmediata de recursos, vital en escenarios como el actual con limitados recursos públicos”, resalta el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.
A su vez, agrega la Cartera, la ejecución de estos proyectos permite contar con mayor inversión en el país, lo que genera nuevas fuentes de empleo y reactiva la economía de los sectores en los que se realizan este tipo de obras.
Un ejemplo de esta dinámica es el Puerto Inteligente de Aguas Profundas en Posorja, provincia del Guayas, construido por la transnacional DP World en el marco de un contrato APP con el Estado ecuatoriano.
La terminal portuaria goza de equipamiento de calidad, altos estándares de servicios y cuenta con un canal de acceso marítimo de 16,5 metros de profundidad que permite el atraque y desatraque de buques post panamax, a sus máximas capacidades de carga.
Carlos Merino, CEO de DP World en Ecuador, afirma que la empresa hasta el momento ha invertido aproximadamente 540 millones de dólares y se espera alcanzar una suma de 1.200 millones solo en Posorja, sin considerar las iniciativas adicionales a la concesión portuaria como la construcción del centro logístico en el cantón Durán.
“Es la inversión privada más grande en el país. Es importante destacar que este proyecto no le ha costado ningún dólar al Estado Ecuatoriano y que toda la infraestructura, así como el negocio en marcha, será revertido al Estado forma gratuita al terminar la concesión”, explica Merino.
DP World está por iniciar la construcción de su Parque Logístico e Industrial, bajo la modalidad de Zona de Desarrollo Económico, en un terreno contiguo al puerto de aguas profundas, de 119 hectáreas por un periodo de 50 años, calificado por el Ministerio de la Producción, donde se desarrollarán industrias y operaciones logísticas.
Estas obras, asegura el CEO de la empresa en Ecuador, convertirán a Posorja en un importante polo de desarrollo logístico e industrial, aportando a la reactivación de la economía a través de la generación de empleos e inversión para el país.
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Por todos estos beneficios, el Ministerio de Producción destaca que el actual Gobierno buscará aliviar la tramitología y eliminar los nudos críticos para los inversionistas, lo cual incluye una reforma a Ley Orgánica de Incentivo de las Alianzas Público-Privadas y a su reglamento para impulsar la suscripción de más contratos de este tipo.
En la actualidad, entre los principales beneficios que contempla la Ley para los inversionistas privados que deseen acogerse a esta modalidad, constan: la exoneración del Impuesto a la Renta y a los aranceles de importación, a más de una cláusula de arbitraje internacional para resolver litigios.
A ello se suma la exoneración del Impuesto a la Salida de Divisas para el pago de operaciones de financiamiento (capital, intereses y comisiones), para los accionistas en el exterior, de utilidades y de importaciones.
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