Crisis energética agrava el sobreendeudamiento en Ecuador

En 2021 llegó a Ecuador el estudio jurídico con sede en Chile, Defensa Deudores, enfocado en atender los casos de personas y empresas con problemas de endeudamiento. Desde ese año, luego de la pandemia, sus voceros ya advertían que “el país atravesaría una grave situación de sobreendeudamiento”.

“Estamos sobreendedudados, lo venimos diciendo desde hace dos años que llegamos”, manifestó César Coronel, gerente de Defensa Deudores de Ecuador, durante la conferencia “Desafíos del Ecuador para 2025 ¿Dónde estamos y hacia donde vamos”, desarrollada este lunes en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES).

La conferencia coincidió un día después del anuncio de la Asociación de Bancos del Ecuador (Asobanca), sobre implementar un diferimiento extraordinario de hasta 90 días, a los clientes con cuotas por vencer de tarjetas de crédito, microcrédito, créditos de consumo y vivienda.

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Si bien Coronel aplaude la medida, argumenta que también es necesario “que se suspendan de inmediato los procedimientos de coactiva que tiene el Estado en contra de los ciudadanos, tanto desde el Ejecutivo, como desde los Gobiernos Autónomos Descentralizados, levantando las medidas cautelares al menos por tres meses”. El objetivo, según explicó, es que las personas recuperen su dinero y puedan reactivarse.

De acuerdo a datos de Aval Buró, al menos 3 de cada 10 personas, tienen una calificación mala o pésima en su buró de crédito. Entre ellas constan personas calificadas con 200 puntos sobre 1.000, a quienes se les ha complicado su situación en este año.

“Esto es mucho más grave que la pandemia porque las personas por lo menos podían trabajar desde la casa. Hoy no lo pueden hacer”, mencionó en relación a la crisis energética que afronta Ecuador, sin dejar de preocuparse por problemas que no se terminaron de solucionar como la inseguridad, acompañada de extorsiones “que ahora son parte del rol de pago de muchas pequeñas y medianas empresas”.

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Ricardo Ibañez, CEO y fundador de Defensa Deudores, apuntó que actualmente la legislación en Ecuador sanciona al deudor por lo que considera que existe un terreno fértil para hacer cambios locales y puso como ejemplo la legislación chilena. “Nuestra ley es copia fiel de la legislación colombiana que permite básicamente dos cosas. La primera, un procedimiento de reorganización simplificada para las empresas, es decir, darle la oportunidad de tener una concilicación con sus acreedores y buscar acuerdos. Por objeto, esto tiene conservar a las empresas y proteger a los empleados”.

Ibañez consideró que en la coyuntura de la crisis energética que vive Ecuador, sería interesante aplicar esta herramienta legal para que existan periodos de gracia y plazos de interés estables, porque de continuar el mismo escenario seguirá dejando deudas.

El segundo aspecto que rescata Ibañez de la norma chilena, es el proceso de liquidación que permite cerrar de manera ordenada a las organizaciones. “No sirve de nada impulsar a los jóvenes que emprendan si no hay una legislación que vaya de la mano y que les permita levantarse”, indicó.

Coronel por su parte hizo un llamado a que las familias de Ecuador transparenten su realidad económica de ingresos y gastos para entender su capacidad de endeudamiento. “Si definitivamente no me puedo seguir endeudando, lo que debo hacer es pagar las deudas anteriores, priorizando aquellas que tienen mayores plazos y mayores tasas de interés, porque esto se puede traducir en un verdadero ahorro para la familia ecuatoriana, pero por otro lado también hay que priorizar aquellas deudas con el Estado porque estas tienen coactiva y la coactiva le puede terminar complicando la vida de las personas”, dijo.

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Desde el lado empresarial, Francisco Jarrin, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, señaló que ante el problema energético se debe generar apertura al sector privado para que pueda participar en los tres eslabones del sector: distribución, generación y transmisión.

“Se debe generar un mercado en donde el inversionista privado pueda vender la energía a un tercero y ese mercado esté abierto a la libre competencia; y en función de eso tengamos esa sobreoferta que nos permita estar cubiertos”, comentó Jarrín.

Gabriela Calderón de Burgos, economista, fellow en Estudios Latinoamericanos del Instituto Cato, coincidió con Jarrín y expresó que la reforma políticamente viable es la apertura financiera. “Ecuador tiene un modelo de represión financiera en donde no es que está prohibido que vengan los bancos internacionales sino que está sumamente desalentado. Eso es similar a lo que pasa en el sector eléctrico, la constitución no prohíbe la participación del sector privado, pero lo deja relegado a una excepción que se tolerará en casos excepcionales y bajo ese concepto terminas con un sector en que la mayoría de los fondos prestables son para financiar al sector público. Hay que inyectarle competencia al sector privado”, sentenció.

El director de la escuela de Gobierno de la UEES, Héctor Yépez, añadió que en sentido la academia funciona como un ente articulador para lograr los cambios que se proponen.