“Antes no se tomó en serio la amenaza de lavado”, reconoce el director de la UAFE

En 2011, el país fue incluido en la lista gris de naciones con medidas insuficientes para controlar el lavado de activos. Once años más tarde, el informe de Evaluación Mutua del ente responsable, Gafilat, reconoce avances, pero también determina recomendaciones.

Uno de los temas pendientes: no tiene un esquema para despojar a los delincuentes de los bienes mal habidos. “Si Pablo Escobar hubiera sido ecuatoriano, sus bienes pasaban a sus herederos”, explica Roberto Andrade Malo, quien dirige la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), desde inicios de 2023.

El jurista es especializado en temas penales económicos. La UAFE tiene 105 personas en planta, con un presupuesto aproximado de tres millones de dólares. Controla 19 sectoresde la economía, que al año anterior representaban 10.500 sujetos controlados. Sobre sus espaldas pesa una responsabilidad enorme: integra el sistema encargado de frenar el lavado de activos que, en el caso ecuatoriano, provienen del tráfico ilícito de sustancias, corrupción, evasión fiscal, contrabando y robo de vehículos, en ese orden.

Aproximadamente el dos por ciento del PIB, unos 2.000 millones de dólares, se estarían lavando en el país, anualmente.

El lavado de activos afecta en la cotidianidad. Hay denuncias de personas que contactana pequeños negocios y les prestan dinero. Como no pueden pagar, deben dar un número de cuenta para recibir la plata. ¿Qué responde a esto?

A medida que crece la economía puede crecer la amenaza. El lavado de activos, si bien es autónomo, no puede existir sin un delito previo. Por definición, es un dinero sucio que alguien quiere hacerlo parecer limpio. En el caso que usted menciona, podrían relacionarse lavado de activos y extorsión. Históricamente, esta Unidad y sus pares en la región han tenido la visión de concentrarse en lavado en montos y estructuras grandes, eso es correcto, pero hay que reconocer que estamos en un momento distinto. Y hay que replantear con mucho cuidado. El mensaje en última instancia es que es prioridad del gobierno proteger a los ecuatorianos y a la economía de esta amenaza.

El informe de Gafilat aprobado en diciembre de 2022 reconoce avances.

Se hace todo un proceso, una visita in situ, el resultado es un informe de más de 300 páginas. Cada ronda cambia la profundidad de la evaluación, esta última evaluaba la norma y su efectividad.

Un avance es que en 2021 el país elaboró la Evaluación Nacional de Riesgos, que establece un nivel de riesgo medio alto, ¿qué implica eso para Ecuador?

Esa evaluación corre hasta 2021, con datos a 2020. Para 2023 estamos haciendo la actualización, levantando la data, para identificar a cuánto podría ascender la economía ilícita. La evaluación de 2021 menciona que las principales amenazas para el lavado de activos eran narcotráfico y corrupción, en este orden. Probablemente en la información actualizada, se mantenga el orden porque es una tendencia. ¿Qué implica el medio alto en el país? Nos obliga a ver el contexto. El país está en medio de los dos principales productores de droga, con acceso a una de las principales salidas por mar para el transporte de la cocaína. El indicador medio alto significa que es una amenaza que debe ser tomada muy en serio.

¿En los años previos no hubo una comprensión global de la gravedad de la amenaza?

La UAFE, que inicialmente tuvo otro nombre, existe desde 2005. Hay una diferencia, hay un compromiso político de alto nivel, que se traduce en acciones. La recomendación es actualizar la Evaluación Nacional de Riesgos cada tres años y nosotros ya estamos actualizando los datos. Eso indica el compromiso, porque implica destinar un equipo de más de ocho personas que se dedican a eso por cerca de un año. Además, en marzo de 2022, con decreto ejecutivo, se creó la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Es un cuerpo colegiado de instituciones que cumplen un papel fundamental en el tema, entre ellas, Policía, Fiscalía.

¿Hay que entender esto como un esfuerzo de abordaje sistémico?

Sí, porque la comisión integra a varias entidades. Si bien hubo un cuerpo similar, por alguna razón lo desaparecieron en 2016. Efectivamente, el abordaje debe ser sistémico. Para entenderlo veamos cómo actúa la UAFE. Recopila la información que envían los sujetos obligados, identifica operaciones sospechosas, hace un análisis y lo envía a la Fiscalía, que abre una investigación si hay elementos.

Si encuentra méritos Fiscalía acusa y un juez condena. Ese es el canal. Los sujetos obligados son los sectores financiero público, privado, popular y solidario, cooperativo; aseguradoras, mercado de valores, inmobiliario, concesionarias y venta de vehículos; abogados, notarios, contadores; proveedores de servicios virtuales; remesadoras de dinero y transportadoras de valores. También las organizaciones políticas, desde 2021. Los oficiales de cumplimiento de las entidades bancarias son la primera línea, en el informede evaluación mutua se destaca que el país tiene un sector financiero con conocimiento y madurez. Además, se contemplan sanciones económicas para quienes no reporten correctamente, el delito específico es la omisión de reporte.

¿Cómo se controla una organización política?

Las organizaciones políticas son sujetos obligados desde 2021. El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene a partir de estas reformas una unidad antilavado, como otras entidades ya tienen esas unidades hace años. La organización política debe cumplir básicamente tres obligaciones: conocer los riesgos de que le usen para lavar dinero, comprender y tener un plan de mitigación. Segundo, enviar datos de transacciones que impliquen reportes sobre el umbral, que superen los 10 mil dólares. Y la terceraobligación es el reporte de operación sospechosa. La dificultad con organizacionespolíticas radica en que es un sector más nuevo. Además son entidades cíclicas, se activan en elecciones. Por eso es importante el control cruzado.

¿Esto cierra el cerco para el narcofinanciamiento?

Es un elemento más para cerrar el cerco para el financiamiento indebido, y hablemos no solo del narcotráfico, sino de casos que implican sobornos como se ha identificado en la región, con el de la constructora Odebrecht.

Cuando se analiza esta estructura delictiva armada alrededor de empresas públicas, se percibe que el trabajo de análisis financiero desde el Estado es posterior y no hay alertas previas.

Es un tema de fondo. Lo importante es comprender las responsabilidades del sistema. Puede pasar que un banco o una constructora reporten algo sospechoso. Supongamos que sí se reportó, pero acá en la UAFE no se analiza. Ahora, puede pasar que sí analizamos, y que quien tenía que investigar que es Fiscalía no investigó. Puede pasar que Fiscalíasí investigó y quien tenía que condenar (juez) no lo hizo. Esa es la cadena, cualquier eslabón puede fallar. En el sistema el oficial de cumplimiento tiene capacidad para dar alertas.

¿Depender del Ejecutivo no le resta autonomía?

Si hablamos de un cuñado del Presidente, por ejemplo. El informe ha evaluado in situ la efectividad y esta evaluación no encuentra falencias. Nosotros tenemos por Ley autonomía administrativa y financiera, somos adscritos al Ministerio de Finanzas. Hay modelos distintos en la región, pero muchos se asemejan al Ecuador.

Un informe de Celag afirma que en 2021 se lavaron 3.500 millones de dólares en el sistema financiero, en coincidencia con la “desregulación del sistema financiero”. El informe habla de minimización del Estado y desinstitucionalización del país. ¿Es así?

No, no es así. Esta publicación tiene fallas metodológicas y conceptuales. No precisa la diferencia entre el monto de economía ilícita, los flujos de entes financieros ilícitos y cuánto se lava. Por ejemplo, una organización delictiva maneja recursos ilícitos, pero no usa el sistema financiero, es decir, no está lavando. La entidad menciona que hay poca literatura sobre lavado, de hecho hay información y estamos actualizando data, realizando eventos con actores de la sociedad para actualizar conocimientos. Hace días realizamos un encuentro sobre minería ilegal, que es un fenómeno transfronterizo, para fortalecer las capacidades técnicas.

¿Cuál es la estimación a grosso modo de lavado?

La última evaluación más o menos ubica en dos por ciento del PIB. (En términos aproximados, unos 2.000 millones de dólares en el año).

¿El país no tiene herramientas concretas para despojar a un delincuente de sus propiedades mal habidas? El informe de evaluación menciona estas falencias.

Necesitamos reformas de leyes para extinción de dominio y congelamiento de dinero. Ahora la manera de congelar es con autorización de un juez.

Eso implica tiempo perdido, ¿puede filtrarse la información?

Sí, y esa reforma está en la cancha de la Asamblea Nacional. Y respecto de la extinción de dominio, solo se puede aplicar después de una sentencia. Se investiga a la persona, y mientras tanto ya vacían las cuentas. Nunca nos imaginaríamos que Pablo Escobar no tuvo condena ejecutoriada. Si Pablo Escobar hubiera vivido en Ecuador de esta época, al morir sus bienes hubieran pasado a sus herederos. Por eso se requiere una reforma que viabilice el comiso sin condena. La sociedad ecuatoriana debe exigir que el tema sea tratado.