Espaldarazo de Ambiente a Terraearth, acusada de operar con mineros ilegales

Los habitantes de la comunidad de Talag y sus alrededores, a orillas del río Jatunyacu, en Napo, esperan con ansiedad la lluvia. Es el líquido que hoy deben beber, sobre todo desde que empezaron a sentir malestares estomacales y respiratorios por ingerir y cocinar con agua del río.

Raras enfermedades, nunca antes vistas, afectan a niños y adultos.

Talag es considerado uno de los puntos turísticos más hermosos de Napo, por su riqueza en flora y fauna, así como por sus cascadas, lagunas de aguas cristalinas y centros comunitarios, donde se practican deportes acuáticos.

Desde hace dos años, las comunidades asentadas a orillas del río Napo y sus afluentes (el Jatunyacu es uno de ellos), sufren severas secuelas por la devastación provocada por cientos de mineros ilegales y sus redes de apoyo, a todo nivel.

Estas estructuras involucran autoridades de gobiernos locales hasta funcionarios del régimen, según alertan pobladores, expertos, representantes de organizaciones ambientalistas, Defensoría del Pueblo, hoteleros, dirigentes e informes de Inteligencia.

Las denuncias no solo apuntan a los mineros ilegales. Otro foco de las demandas de los pobladores es la minera china Terraearth Resources S.A.

Desde hace una década, esa firma posee seis concesiones mineras en los cantones Tena y Carlos Julio Arosemena, en Napo. Estas son: Regina 1S, Vista Anzu, El Icho, Anzu Norte, Confluencia y Talag.

Entre 2013 y 2015 la firma china se hizo con esas concesiones, que inicialmente fueron otorgadas a la canadiense Merendon. Esos títulos mineros comprenden una superficie de 9.800 hectáreas. La concesión en Talag, expedida en 2001, expiró en el registro minero el 30 de septiembre pasado.

Las concesiones restantes están vigentes hasta el año 2031. Según Fernando Benalcázar, exviceministro de Minas, especialista en minería, llama la atención que les hayan entregado esas concesiones por 30 años, cuando el límite es 25 años.

Hasta 2020, cuando por iniciativa de Benalcázar se expidió el reglamento que establece requisitos y justificativos técnicos para el cambio de régimen minero, las autoridades de turno, especialmente entre 2009 y 2017, aprobaron a varias empresas las modificaciones de sus títulos mineros de gran a mediana y pequeña minería.

Tuvieron una gran facilidad, sin necesidad de presentar justificativos sustentados de cambios en sus niveles de producción. En la práctica -según explica Benalcázar- esas compañías se beneficiaron directamente ya que al obtener el título de pequeña minería, pudieron realizar actividades de exploración y explotación simultáneamente.

Con el reglamento vigente desde hace dos años, las mineras deben justificar que su capacidad de producción no está dentro de los parámetros de gran o mediana minería, para cambiar de régimen.

En esos años hubo un desfile de abogados que tenían sus contactos en el Gobierno y lograron su cometido, en medio de irregularidades, según fuentes del sector.

En 2020, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate) suspendió todas las actividades de Terraearth por incumplimientos a la normativa ambiental.

Identificó afectaciones al río Chumbiyacu por descargas directas de químicos tóxicos sin tratamiento previo y modificación al cauce hídrico, además de no contar con los documentos habilitantes para operar.

Meses antes, también había ordenado que la empresa corrigiera las fallas. Pero no lo hizo, según varias denuncias.

No obstante, Terraearth indicó que ha sido blanco de una campaña de desprestigio y fue excluida de las reuniones entre autoridades y la sociedad civil para tratar la problemática de la minería ilegal.

“Hay ciertos personajes que distorsionan la verdad de los hechos y sin sustento pretenden inculparnos, sin permitirnos el derecho a la defensa a cada falsa acusación”, indicó la compañía en un comunicado.

Según la firma, la campaña pretende vincularlos con la minería ilegal, “cuando hemos sido firmes en la lucha contra este mal que nos afecta a todos; las denuncias y amparos solicitados a los entes de control así lo demuestran”.

En este sentido, la empresa asegura que los daños ambientales fueron causados por mineros ilegales, que sin embargo ha remediado, en apego a las normas vigentes.

“Presentamos nuestra predisposición para en conjunto con las comunidades y las autoridades delinear estrategias para erradicar la minería ilegal que pulula en el sector”, señaló.

Los daños por la explotación minera en los caseríos asentados a los largo del río Napo son más visibles entre las familias, pues las madres han debido llevar a los hospitales a sus hijos que presentan problemas en la piel y el sistema respiratorio.

“Aún en los centros de salud, los médicos no logran diagnosticar qué pasa”, comentó Leonardo Cerda, de la ONG Napo Resiste, durante su comparecencia a la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea, el 16 de febrero pasado.

“Debe ser culpa del mercurio que se mezcla con el agua y usan los mineros para extraer el oro”.

La magnitud de las afectaciones salió a la luz desde febrero del año pasado cuando el gobierno realizó una intervención con cientos de militares y policías en Yutzupino, Napo, donde trabajaban más de 600 operarios en más de 200 máquinas retroexcavadoras, en cuencas hídricas para extraer oro ilegalmente.

A raíz del operativo fueron detenidos varios involucrados, incluidos funcionarios públicos, que están enjuiciados.

En 2020, el Maate suspendió los trabajos de Terraearth en sus concesiones, porque identificó descargas directas de agua contaminada producto de la extracción en Regina 1S, al cauce del río Chumbiyacu.

Mientras en Napo y otras provincias amazónicas se ha explotado la riqueza mineral durante 25 años, la pobreza y pobreza extrema son altas. Según datos del Plan de Ordenamiento Territorial del 2020, estos dos indicadores llegan al 80%.

Estudios de la Universidad Ikiam descubrieron altos índices de contaminación por los materiales arrojados por Terraearth en los ríos Anzu, Poroto, Zapallo, Yutzupino, Yaku, Hatun Yaku. Tres de ellos han sido declarados muertos.

En 2022, Terraearth recibió notificaciones e insistencias porque se verificó que varias áreas no habían sido rehabilitadas ni revegetadas, restaurando la corteza vegetal dañada.

Esa empresa debía presentar al Maate un plan de remediación y determinar el daño, pero no lo hizo. Para esos días estaba concentrada en tramitar la nueva licencia ambiental para el proyecto Tena.

Tampoco probó que llevó adelante los procesos de participación ciudadana, que incluyeran la intervención de operadores turísticos. En las reuniones que la empresa realizó apenas justificó la asistencia del 19% del total de convocados.

El problema, para Sandra Ruales, procuradora común de los accionantes, es que Napo ha sido abandonada por las autoridades que no están llamadas solo a otorgar concesiones y licenciamientos. “También deben proteger, prevenir, controlar, mitigar y realizar acciones que permitan su conservación, restauración y reparación”.

Ruales subraya que Terraearth no solo está obligada a recuperar los ecosistemas sino indemnizar a las comunidades afectadas.

Por la cadena de incumplimientos, María Gabriela Manosalvas, subsecretaria de Calidad Ambiental, emitió una sanción administrativa en contra de Terraearth, que incluyó la suspensión total de las operaciones en Carlos Julio Arosemena Tola.

ZONAS ASOLADAS POR LA MINERÍA ILEGAL EN CONCESIONES DE TERRAEARTH:

No obstante, el 31 de octubre del 2022 sucesivamente emitió un informe favorable aprobando la licencia ambiental para que la firma china operara el proyecto Tena.

Preocupadas por esta decisión, varias organizaciones sociales, incluidas Napo por la vida, Napo Resiste, Puerto Napo, comités de defensores de derechos humanos y de la naturaleza y la Defensoría del Pueblo, han buscado la forma de frenar las operaciones de esa minera.

Andrés Rojas, delegado provincial de Napo de la Defensoría del Pueblo, exige que se suspenda la licencia ambiental que recibió Terraearth. Dijo que la con la experiencia de lo ocurrido en el cantón Carlos Julio Arosemena Tola nada garantiza que no vuelva a incurrir en malas prácticas.

Un año después, los mineros siguen con sus actividades depredadoras en Napo. “Una mujer cayó al río, que está muy contaminado, y sufrió quemaduras. Seres humanos y animales se están quedando sin agua para el consumo, enferman”, aseguró José Moreno, dirigente de Talag.

Líderes de organizaciones sociales, habitantes, defensores del agua y medioambiente y operadores turísticos, han reclamado por la inacción del Gobierno, desde el año pasado, agobiados por las graves afectaciones de la minería.

Cerda, de la ong Napo Vive, insiste en que una de las principales amenazas es Terraearth. Con él coinciden operadores turísticos y pobladores de comunidades indígenas, que han visto con preocupación el avance de sus operaciones, que irían de la mano con minería ilegal.

“El estero Zapallo está sucio, no hay como lavarse ni siquiera las manos, está muy contaminado, no entiendo porqué las autoridades no pueden parar estas acciones”, dijo un indígena de la zona.

Según las autoridades del Maate, no se puede confundir lo ocurrido en Vista Anzu y Regina S1 con las operaciones aprobadas en el proyecto Tena.

Las dos primeras están activas desde 2012 y han sido sujetos de control, dijo José Dávalos, viceministro de Ambiente, en su comparecencia a la Comisión de Biodiversidad del Legislativo, dirigida por el asambleísta Washington Varela. Representa a la provincia de Napo.

Las dos concesiones también fueron suspendidas como otros 154 frentes mineros por incumplimientos. Eso incluye un proceso de 2015 que actualmente está en cobro por coactiva y otros que están en trámite.

Pero las suspensiones y sanciones a Terraearth en otras concesiones -dijo- no impiden que reciba una nueva. En su momento podría revocarse la licencia ambiental si se detecta algún incumplimiento; pero según Dávalos en esta etapa era imposible, porque ahora la empresa solo puede entrar “para realizar un plan de acción que permita remediación”.

En este caso se han hecho 43 inspecciones en ese territorio, se solicitó 24 planes de acción, 16 en la actual administración. Ocho fueron para el proyecto Tena y ocho para Regina 1 S y Vista Anzu.

El proyecto Tena tiene una suspensión vigente porque se detectó presencia de minería ilegal y solo se levantará cuando exista una ejecución cabal del plan de acción, según el delegado de Ambiente.

En buena parte de los casos, sino en todos, las actuaciones de las autoridades han sido tardías y ocurrieron meses después de las denuncias constantes de los afectados.

No hay prevención ni reacción inmediata para frenar a los mineros, que intervienen con la complicidad directa de las autoridades, denuncia Francisco Rodríguez, emprendedor turístico, dueño de Anaconda Lodge, ubicado en una pequeña isla entre los ríos Napo y Arajuno.

“Lo que ocurre en esta provincia es un biocidio, con responsabilidad directa de autoridades locales, que apoyan con su maquinaria a la depredación”, indicó Rodríguez.