El millonario entramado de corrupción “Las Torres”: ¿quiénes son los acusados y por qué?
La Fiscalía investiga un esquema de corrupción orquestado desde Petroecuador, la Contraloría General y la Secretaría de la Presidencia, para el pago de coimas. Esta trama, que se habría armado en la época del correísmo, siguió operando en la administración de Lenín Moreno. Algunos procesados dicen que están pagando justos por pecadores. Lo cierto es que una investigación en EE.UU. abrió una caja de Pandora.
Hace más de 10 años, José Raúl de la Torre conoció al pastor evangélico Roberto Barrera, quien sería su consejero espiritual. De la Torre hizo carrera en el sector público, mientras el pastor era empresario en el sector inmobiliario. Esta historia terminó en 2019 con los dos personajes en la cárcel, sentenciados por la justicia de Estados Unidos, al intentar lavar dinero en ese país. Eran sobornos gestionados desde la estatal Petroecuador.
El proceso judicial abrió la caja de Pandora. La Fiscalía en Ecuador llegó a un entramado de corrupción, iniciado en el gobierno de Rafael Correa y continuado en el de su sucesor, Lenín Moreno.
La investigación conduce hasta las altas esferas de Petroecuador, Contraloría y la Secretaría de la Presidencia, entre 2018 y 2019, según se desprende de audios de reuniones y chats en los que participaron De la Torre y Barrera.
Ellos pedían sobornos a la empresa Nolimit que acumuló unos 180 millones de dólares en contratos con la estatal petrolera, entre 2013 y 2017, para mantenimiento y dotación de bombas para las refinerías La Libertad y Esmeraldas. Beneficiarse de estas adjudicaciones tenía un precio. En el caso “Las Torres” hay -por ahora- 14 vinculados, entre ellos, el contralor subrogante Pablo Celi y su hermano Luis Esteban, quienes son tíos de José Raúl de la Torre.
También están el exgerente de Petroecuador, Pablo Flores y sus padres, amigos cercanos de Roberto Barrera. En un tercer grupo de procesados figura el exsecretario de Presidencia, José Iván Agusto Briones y su hermano Luis Adolfo, quienes mantuvieron relación comercial con un empresario que acompañaba a De la Torre en el pedido de coimas.
Sin embargo, los defensores de estos procesados aducen, por separado, su inocencia, y dicen que no hay pruebas vinculantes más allá de lamentables coincidencias de parentesco, amistad o relaciones comerciales; que eso no es delito. Señalan que De la Torre y Barrera cometieron el ilícito por cuenta e iniciativa propia, tomándose sus nombres para pedir las coimas sin que ellos los supieran.
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La Fiscalía inició la investigación a mediados de 2019, luego de que el pastor y pupilo fueron arrestados en Estados Unidos. Casi dos años después, se inició la instrucción fiscal: el allanamiento a los domicilios y oficinas de los vinculados se realizó el 13 de abril, dos días después de las elecciones presidenciales de segunda vuelta.
Las defensas dicen que hay un matiz político: la diligencia coincidió con los resultados electorales. Pero Fiscalía asegura que el Departamento de Justicia de EE.UU. recién a inicios de este año envió la asistencia penal internacional con las declaraciones, chats, grabaciones, nombres de empresas y cuentas de bancos en el extranjero que demostrarían el pedido y pago de sobornos. En un giro inesperado y trágico del caso, el exsecretario de Presidencia José Agusto se habría quitado la vida en la Cárcel 4 de Quito, un mes después de ser detenido.
¿COMPLICIDAD O COINCIDENCIAS?
Nolimit empezó a pagar coimas desde su primer contrato con Petroecuador, en 2013, hasta ahora. Al menos, eso testificaron sus accionistas a las autoridades estadounidenses como consta en la versión de uno de los representantes de la firma en la Fiscalía. Esos pagos se hicieron en un inicio a través de Marco Reyes y Armengol Cevallos, también sentenciados en Estados Unidos al intentar lavar el dinero de las coimas en ese país. Con el mismo mecanismo, pidieron sobornos Álex Bravo y Arturo Escobar, sentenciados en Ecuador por el escándalo que inició con los Panama Papers.
Pero, ¿cómo se desenreda la trama actual? Aparentemente todo nace a raíz de la amistad que mantenía Roberto Barrera con los padres del exgerente de Petroecuador, Pablo Flores. Cuando él asume el cargo en agosto de 2018, Barrera, con toda la confianza, le recomienda contratar como asesor a De la Torre. Lo que hace sin ningún inconveniente. Hasta ahí, todas las versiones coinciden.
En los audios y chats investigados, entre marzo y junio de 2019, De la Torre pide a los representantes de Nolimit un 20 por ciento para “el número uno” de Petroecuador, refiriéndose a Flores. Les dice que deben entregar un millón de dólares en efectivo. Pero ese dinero no fue entregado. De la información de las autoridades estadounidenses a Fiscalía se desprenden transacciones bancarias entre los padres de Flores y Roberto Barrera. Pero su abogado, Pablo Encalada, dice que esas operaciones corresponden a una deuda y la venta de un departamento en años anteriores.
“Eso debía preguntar e investigar la Fiscalía antes de hacer los allanamientos y procesar a personas que nada tienen que ver”, cuestiona Encalada. Afirma que Flores colaboró de manera informal en la investigación en Estados Unidos para procesar a De la Torre y Barrera. “Eso es otra prueba de su inocencia”.
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La relación entre Flores y De la Torre no fue buena. Según versiones del expediente, el gerente de la estatal petrolera quería deshacerse de su asesor porque no asistía a trabajar. De la Torre, por su lado, decía que su jefe era alcohólico y que pronto lo despedirían y él se quedaría a cargo de la gerencia.
Aparentemente, en ese momento entra en escena el exsecretario de la Presidencia, José Agusto Briones, quien exige a Flores mantener a De la Torre dentro de Petroecuador.
DELINCUENCIA ORGANIZADA
La información de Estados Unidos detalla cómo De la Torre y Barrera pidieron una transferencia de un millón de dólares a la cuenta de la empresa Tyrion, relacionada con Luis Adolfo, hermano del exsecretario de la Presidencia. Más otros 500 mil en efectivo. Los representantes de Nolimit les daban vueltas para ganar tiempo, ya que estaban colaborando con la justicia estadounidense. Todo quedó grabado y registrado.
En esas reuniones también participó el empresario Ángelo Rodríguez, contratista de Petroecuador y quien tuvo una relación comercial con Luis Adolfo Agusto Briones en el pasado. Según Fiscalía, él era el hombre de confianza de los hermanos Agusto, hecho que la defensa niega.
De la Torre y Barrera pidieron transferencias a la cuenta de la empresa Fraxianer. Pero no hubo transacción alguna. El representante de esta empresa es Andrés Luque, quien ha negado relación alguna con la trama. Su abogado, Joan Paul Egred, quien también defiende a los hermanos Agusto, dice que Fiscalía no tiene ninguna prueba contra sus defendidos más que antojadizas alusiones. Que desconocen por qué se tomaron esos nombres para pedir sobornos.
Pero, ¿cómo De la Torre y Barrera sabían estos números de cuentas? Egred dice que la empresa Tyrion, supuestamente vinculada a los hermanos Agusto, no existe. Y que habría que preguntar a los sentenciados en Estados Unidos cómo obtuvieron la información sobre Fraxianer. Ellos no están vinculados en Ecuador porque la Ley impide condenar por el mismo delito dos veces.
El círculo se cerraría con los hermanos Pablo y Esteban Celi de la Torre, tíos del hombre que pedía los sobornos. En 2018, la Contraloría desvaneció cinco glosas a Nolimit por 13 millones de dólares. El contralor subrogante se defiende con el argumento de que él no hizo esos trámites, sino dos personas que se quedaron a cargo mientras él viajaba a cumplir otras labores. Esos funcionarios declararon que fueron presionados.
En la información de Estados Unidos también consta que Raúl de la Torre pide sobornos para sus tíos, pero ellos dicen no saber nada. Fiscalía investiga si los pagos por desvanecimiento de glosas se recibían a través de Legalcont, una empresa relacionada con un socio de Esteban Celi.
En el proceso, además, aparece el nombre del exasesor presidencial Santiago Cuesta Caputi, aunque no se lo ha vinculado al caso. La información enviada por Estados Unidos detalla transacciones, que son operaciones de años anteriores.
A criterio de algunos abogados defensores, la Fiscalía no podrá probar su tesis porque hay relaciones que se sustentan en versiones de terceras personas. No descartan la corrupción originada en dependencias estatales. Pero dicen que no están todos lo que deberían ser procesados ni todos los señalados son culpables.
El delito que se investiga es delincuencia organizada. Se debe probar el rol que cumplía cada procesado, sea como líderes o colaboradores de esta red de corrupción, en parte ya probada en los Estados Unidos.