Urgente: exvicepresidente Jorge Glas pide unificación de sus penas para salir de prisión
El exvicepresidente Jorge Glas interpuso un nuevo recurso judicial para salir de la cárcel en Quito, donde cumple sus condenas por varios casos de corrupción.
La acción ocurre luego de que un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) anulara la sentencia de ocho años de prisión en su contra por peculado, en el denominado 'Caso Singue'.
Este viernes 18 de noviembre, a las 14h08, fue recibido el recurso para la unificación de sus penas en la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias, con sede en la capital.
Por sorteo de ley, la solicitud pasó a conocimiento de la jueza Soledad del Carmen Manosalvas Salazar, quien al momento cumple reemplazo en el despacho de la magistrada Melissa Muñoz Sánchez.
La nulidad de la condena en el caso Singue, que también benefició a los exministros Wilson Pastor y Carlos Pareja Yannuzzelli, permitió a Glas insistir en la unificación de penas para, una vez más, intentar su excarcelación.
"Hoy que ya tenemos la nulidad, que ya no existe este proceso penal o la sentencia del caso singue, yo creo que el juez de garantías penitenciarias de Quito resolverá inmediatamente la unificación de penas y obviamente la prelibertad", manifestó el abogado de Glas, Edison Loaiza, tras la sentencia a favor de su defendido.
SENTENCIAS POR CORRUPCIÓN
El exvicepresidente, quien fue encarcelado en 2017, fue condenado a seis años de prisión por asociación ilícita en el caso Odebrecht.
Asimismo, tiene una condena de ocho años por cohecho dentro del caso "Sobornos 2012-2016", en el que también fue sentenciado en ausencia el exmandatario Rafael Correa.
Glas quedó libre temporalmente en abril último tras beneficiarse de un habeas corpus que luego fue revocado.
No obstante, según ha argumentado la defensa de Glas, se puede solicitar su liberación al haber cumplido el 40% de su condena unificada impuesta por los otros dos casos, de acuerdo con el código con el que fue juzgado.
CASO SINGUE
La investigación inició con base en un examen especial hecho por Contraloría al contrato de prestación de servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos en el Bloque Singue (Sucumbíos), en el que se revelaron irregularidades en la negociación y firma de convenios.
Según Fiscalía, los exfuncionarios, como máximas autoridades en el sector petrolero, dispusieron arbitrariamente de recursos del Estado en beneficio propio y de terceros.
Además, luego de las pericias se determinó que la adjudicación del contrato causó un perjuicio económico al Estado de aproximadamente de 28’479.889 dólares.
La Fiscalía expresó su "profunda preocupación" por la decisión del tribunal en este caso.