Plantean juicio político al ministro del Interior, Patricio Carrillo, por actuación de Policía en protestas
Este jueves 21 de julio de 2022, legisladores opositores al Gobierno presentaron formalmente en la Asamblea Nacional un pedido para someter a un juicio político al ministro del Interior, Patricio Carrillo, por la actuación de la Policía durante las protestas de junio.
La solicitud reunió 57 firmas de los asambleístas de la bancada Unión por la Esperanza (Unes), afín al expresidente Rafael Correa, y del movimiento indigenista y plurinacional Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), principal convocante de las marchas.
El pedido plantea un presunto incumplimiento de funciones por parte de Carrillo en garantizar la seguridad ciudadana y los derechos humanos durante las movilizaciones, cuyo saldo fue de seis fallecidos, entre ellos cinco manifestantes, según las organizaciones de derechos humanos, además de un militar.
Ante la Comisión de Justicia, Carrillo argumentó el pasado miércoles que en la jornada de manifestaciones la Policía no reprimió, sino repelió.
"Nuestra Policía está capacitada en Derechos Humanos y eso permite que trabaje en beneficio de la ciudadanía. Es una institución referente en la región”, precisó el ministro.
También señaló que “la movilización planificada y como protesta social es respaldada por la Policía", pero que "los comportamientos negativos y la violencia sistemática merecen una respuesta en justo equilibro con la ley y terceras personas. Así es como actúa la Policía”.
Las protestas contra el Gobierno se desarrollaron entre el 13 y el 30 de junio, y finalizaron cuando el Ejecutivo se comprometió a rebajar en 15 centavos de dólar el precio por galón de los combustibles subsidiados y a derogar un decreto que promovía la actividad petrolera.
El resto de puntos del pliego de demandas son tratados desde hace dos semanas en una serie de mesas temáticas para abordar la focalización del subsidio de los combustibles, la reestructuración de deudas a familias campesinas y el control de precios de productos de primera necesidad, entre otras demandas.