No hay crimen perfecto: la verdad, 13 años después del asesinato del general Gabela

El 19 de mayo, un ramo de flores con un vistoso pompón morado llegó hasta la sede del Consejo de Comunicación, en el norte de Quito. El arreglo iba dirigido a la presidenta del organismo, la exasambleísta y exconcejala lojana Jeannine Cruz. Quien lo entregó explicó que el remitente era el general Jorge Gabela. Al escuchar el mensaje, la funcionaria lojana entendió que era una amenaza directa en su contra. La tarjeta que acompañaba el adorno floral confirmó su sospecha: decía que el próximo sería enviado a su funeral.

No era una coincidencia. En 2018, Jeannine Cruz era asambleísta y en esa calidad integró la comisión multipartidista que investigó el asesinato del general Jorge Gabela.

El crimen ocurrió en diciembre de 2010. Días antes el general había recibido disparos, en la entrada de su casa en Guayaquil. La narrativa oficial defendía la tesis del asesinato por delincuencia común.

La viuda, doña Patricia Ochoa, temía que él hubiera sido víctima de un hecho premeditado, relacionado con sus denuncias. Era un oficial sin pelos en la lengua.

La comisión legislativa multipartidista que integraba la entonces asambleísta Cruz, luego de revisar miles de documentos y recibir cientos de versiones, concluyó que se trataba de un posible crimen de Estado. Eso consta en el informe final, emitido en noviembre de 2018 y firmado por todos los integrantes, con una excepción, la entonces legisladora por la Revolución Ciudadana Marcela Aguiñaga.

Entre 2007 y 2008, el general Gabela se había opuesto a la compra de siete helicópteros Dhruv, fabricados por una empresa de la India, a un monto superior a los 47 millones de dólares. Él había alertado sobre problemas técnicos en las naves, a las cuales atribuía fallas. Desaconsejaba su adquisición. Hizo escuchar su objeción a las altas esferas del poder, asentadas en Carondelet y La Recoleta. Su voz de advertencia fue ignorada. Terminó su vida militar activa y se separó de la FAE.

Pero no se equivocaba. De las siete naves, cuatro se accidentaron: en 2009, 2014 y dos a inicios de 2015. Al menos tres de los ocupantes perdieron la vida en los accidentes. Tras el primer accidente, en el Legislativo de la época empezó el trámite para el juicio político del entonces ministro de Defensa Javier Ponce. Gabela, ya en servicio pasivo, compareció ante esa instancia para exponer sus reparos a la compra de las naves. Denunció persecución y amenazas contra su vida. Uno de los generales presentes en la diligencia le advirtió: “Ya vas a ver lo que te pasa”.

El mismo día en que Jeannine Cruz recibió esa ofrenda floral, ya en mayo de 2023, debía realizarse la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, por el presunto delito de peculado en la compra de esas aeronaves. La diligencia fue suspendida. En esa audiencia se conocería cuántos de los 18 procesados, dos exministros de Defensa incluidos, serían llamados a juicio.

Por su experiencia previa en el caso, Cruz integra la comisión creada expresamente para coordinar la reconstrucción de un documento crucial. Se trata del informe pericial que en 2013 exponía el móvil del crimen y los nombres de los autores intelectuales del asesinato del general Jorge Gabela.

El perito argentino Roberto Meza Niella, quien entregó el informe en 2013 a un comité interinstitucional creado expresamente para estudiar el tema, advierte que encontró tres versiones distintas del documento.

A todas se atribuye su autoría. Ninguna de las tres versiones tiene su firma, ni la sumilla que suele colocar en cada página. A todas luces, el informe del perito fue adulterado para reforzar la narrativa de que el oficial murió por disparos causados por delincuentes comunes, que irrumpieron en la urbanización privada donde su familia habitaba, una noche de diciembre de 2010.

La mujer que luchó

Patricia Ochoa viuda de Gabela tiene la tenacidad de una guerrera. Nunca bajó los brazos, desde la muerte de su esposo, hace casi 13 años. Sabía que él era perseguido y que había recibido amenazas en su contra. Ella tuvo la valentía de exigir a un gobierno de corte autoritario, en cuyo mandato murió el general, que investigara el crimen hasta las últimas consecuencias.

Aunque ese régimen afirmaba que el asesinato fue producto de la delincuencia común (se preciaba de haber encarcelado a los autores materiales de los disparos), ante la presión optó por crear un comité interinstitucional, en octubre de 2012, mediante el decreto ejecutivo 1317.

El comité estaba integrado por un representante del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, que debía presidirlo; del Ministerio Coordinador de Seguridad; de Defensa Nacional; del Interior y la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión. Según el decreto, el comité entregaría al Presidente de la República un informe final con el pronunciamiento definitivo respecto de la investigación. Una vez que el Presidente analizara el contenido lo pondría en conocimiento público.

En diciembre de 2012 el comité suscribió un acta, que establecía la necesidad de contratar un equipo de técnicos especializados en Criminalística, independientes, sin vínculos con instituciones del Estado. El Ministerio de Justicia llamó al grupo de Consultoría Pericial, liderado por el perito Roberto Meza Niella. El experto argentino radicado en Brasil se comprometía a entregar estos servicios: el producto 1, consistente en el plan de trabajo y el cronograma de la consultoría; el producto 2 que era el informe motivado que determinara el móvil del crimen, confirmando o descartando la hipótesis de la delincuencia común, con las respectivas pruebas de sustento. Solamente si se descartaba la delincuencia común el tercer producto debía realizarse: debía ser un informe motivado y sustentado con recaudos probatorios, para determinar a los presuntos autores intelectuales del asesinato.

El valor total del contrato era 78 mil dólares, pero se especificaba que si no se llegaba a realizar el tercer informe (producto 3), solamente se pagaría el 70 por ciento del monto.

La cláusula 18 del contrato prohibía la reproducción de los datos, salvo permiso escrito del Ministerio de Justicia. La investigación se manejó con reserva y confidencialidad, no se podían sacar copias de documentos. Todo quedaba en custodia del comité. El perito trabajó en computadores y equipos suministrados por el Ministerio de Justicia.

El goteo de la información

En abril de 2013 se entregaron los dos primeros productos. Para esta fase de la investigación se basaba en copias certificadas del expediente penal por el crimen; el estudio del lugar de los hechos; declaraciones de los actores, inclusive los detenidos; estudios médicos legales de la víctima y la reconstrucción de la dinámica del hecho.

Esa noche del 19 de diciembre de 2010 caía una lluvia intermitente cuando la hija del general conducía desde Guayaquil hasta su casa en Samborondón. Cuando llegó a la garita de ingreso a la ciudadela privada notó un vehículo de gran porte detrás del suyo.

En esta fase de la investigación la pericia halló contradicciones entre los tres detenidos. La conclusión, “basado en los elementos técnicos recopilados hasta el momento, podemos ver que el móvil de la presente investigación tendería a mostrarnos que el mismo sería consecuencia de la delincuencia organizada”. “Las dudas o variables de la investigación serán abordadas en la siguiente etapa y contrastadas posteriormente para poder arribar a conclusiones categóricas”. Los dos primeros productos fueron elaborados en hojas membretadas, con hojas sumilladas y la firma del perito al final de cada una.

El plazo contractual contemplaba 90 días para la entrega del tercer producto. Esto es, hasta el 9 de julio de 2013. El informe fue entregado por el perito el 8 de julio de 2013. La fe de recepción consta en un oficio de esa fecha, con sello de la secretaría general del Ministerio de Justicia. Sin embargo, el 16 de agosto de ese año, el comité interinstitucional decidió que el producto final esperado no se encontraba “conforme a lo establecido en el contrato”. Pidieron al contratista ampliar el informe final. Siete días más tarde revisaron este documento.

Aquí empieza el laberinto de versiones. Las contradicciones quedaron confirmadas cinco años más tarde, en 2018, cuando la comisión legislativa multipartidista llamó a declarar a todos los involucrados. Algunos ya no eran funcionarios del Estado. Las propias instituciones habían cambiado de nombre o de estructura. Así, saltó a la luz que un producto final atribuido al perito Meza por un exfuncionario constaba de 94 páginas. Esto discrepa con la información entregada a la familia del general Jorge Gabela, que tiene 96 páginas. En realidad, el documento habría tenido más de 130 páginas.

Para noviembre de 2018 la comisión especial de la Asamblea detectó que la institucionalidad estatal había armado un blindaje alrededor de la tesis del crimen por delito común. Todo aquello que abonaba a la tesis del sicariato fue borrado del mapa. A la muerte del general Gabela se sumaba un hecho macabro: el encubrimiento deliberado de los autores intelectuales del asesinato. Pero no hay crimen perfecto.

Y ahora

“Hay certeza de la participación del crimen organizado en el asesinato del general Jorge Gabela, por lo cual las instancias correspondientes deberán investigar dicho hecho. De la misma manera fueron presentadas evidencias (...) respecto a que funcionarios públicos pretendieron cambiar o eliminar partes del informe del perito Roberto Meza Niella”. Esa fue una de las conclusiones de la comisión legislativa que investigó el caso en 2018 y que integró la entonces asambleísta Jeannine Cruz, junto con su coideario, el también entonces legislador Sebastián Palacios.

Este informe resalta que, a pesar del hallazgo, en el Enlace Ciudadano 410 del 7 de febrero de 2015, el entonces presidente Rafael Correa habló del caso. Para esa fecha, el mandatario aún no había recibido el documento final por parte del comité interinstitucional que su propio gobierno había creado tres años antes. Sin embargo, mencionó en el Enlace Ciudadano: “Los tres autores materiales están sentenciados. La muerte del general fue por un asalto. Entendemos la posición de la familia del general Gabela pero no podemos hacer nada más. Como se demora el informe entonces elucubran”.

A su lado la entonces ministra de Justicia Ledy Zúñiga avalaba la tesis del Presidente. Si la teoría de la delincuencia común era real, entonces, es inexplicable el pago de 23.400 dólares, esto es, el 30 por ciento del monto del contrato al perito. Este valor debía cancelarse únicamente si se realizaba el informe o producto 3. Y este documento solamente debía producirse, de descartarse la hipótesis del crimen por delincuencia común. Algo no cuadraba.

A la viuda de Gabela le entregaron en 2015 un documento Frankenstein, armado a la medida de la versión oficial, como el supuesto resultado del comité interinstitucional, basado en las pericias de Meza. Ella tuvo la entereza de exigir explicaciones, porque halló inconsistencias. Quien armó esa documentación dejó fragmentos de la conclusión del perito (crimen organizado), mientras que otras páginas hablaban de delito común. Por esas contradicciones, la comisión de Soberanía de la Asamblea actuante en 2015 ya detectó problemas, pero como era una instancia de hegemonía correísta no destacó las discrepancias. Quien sí las reveló en esa ocasión fue el asambleísta Diego Salgado, integrante de la comisión.

De este modo, dos instancias del Legislativo de diferentes períodos investigaron el caso. A eso se sumó la propia versión de Meza, quien había denunciado presiones para cambiar y alterar sus hallazgos.

Con este antecedente, la Corte Constitucional se pronunció en febrero de este año. El juez constitucional Enrique Herrería dio un plazo de 90 días para que se reconstruya el tercer producto, esto es, la conclusión principal de la investigación de Meza Niella. El perito Meza sabe lo que encontró en su momento. El desafío es encontrar copias certificadas de los documentos que sustenten sus hallazgos. En esta búsqueda se hizo notorio que el mismo Legislativo, hasta mediados de mayo dirigido por Virgilio Saquicela, ocultaba cajas de documentos. Ahora que fue disuelta la Asamblea fluyó la entrega de información acopiada por las comisiones que estudiaron el caso.

La comisión de tres miembros creada por el actual gobierno coordina con el perito la reconstrucción del documento final. Jeannine Cruz y Sebastián Palacios son dos de los integrantes. El tercero es el jurista y académico Arturo Moscoso. A la amenaza contra Cruz se suman indicios de seguimientos y amedrentamientos al perito Meza. Es más, un ciudadano planteó una denuncia por presunto peculado, contra todos ellos.

La verdad está por salir a la luz. En cuestión de semanas se hará público el contenido del informe reconstruido, con los nombres de quienes ordenaron el crimen del general Gabela y que también tendrían que ver en el encubrimiento. No hay, por mucho que se ha intentando durante casi 13 años, crimen perfecto.