Millennials son mayoría entre los aspirantes a jueces anticorrupción
La edad promedio de los 37 candidatos a jueces anticorrupción es 40 años. 22 nacieron entre 1981 y 1992. Es decir que el 59 por ciento tiene entre 31 y 40 años, representa a la generación millennial. 16 trabajan en Fiscalía, también hay jueces penales y funcionarios del Consejo de la Judicatura: aspiran a convertirse en uno de los 14 magistrados anticorrupción. Cinco postulantes fueron demandados por alimentos, mientras 11 tienen entre 10 o más infracciones de tránsito.
Como Diógenes, el filósofo griego que con una lámpara encendida buscaba hombres honestos, el Consejo de la Judicatura intenta encontrar jueces anticorrupción, mediante un concurso que entra en su etapa final. 37 postulantes llegaron hasta esta fase.
Esta es su radiografía: Son 26 hombres y 11 mujeres. La edad promedio es 40 años. Del total, 22 postulantes nacieron entre 1981 y 1992, es decir, tienen entre 41 y 30 años de edad. En suma, el 59 por ciento puede ser considerado como representante de la generación millennial.
En cambio, 13 postulantes tienen entre 42 y 49 años de edad. Apenas dos superan la barrera de los 50. Uno tiene 51. El mayor de los concursantes bordea los 58. ¿Qué parámetro debe imponerse en la selección: juventud o experiencia?
Solo dos de los concursantes tienen actividad relacionada con el sector privado, pues provienen del libre ejercicio.
Uno carece de experiencia laboral. Nació en 1992. En su caso particular, no ha prestado servicios legales en entidad alguna.
La gran mayoría proviene del sector público. Destacan tres hojas de vida vinculadas con entidades del Estado. Una pertenece a un colaborador del área jurídica de la Prefectura de Guayas. Otra corresponde a uno de los asistentes administrativos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). La tercera se refiere a un funcionario del Municipio de Quito, en el área jurídica.
16 postulantes tienen relación laboral actual con la Fiscalía. De ellos, 13 son agentes fiscales en funciones. Hay además un asistente, un secretario y un servidor de esa entidad.
A ellos se suman otros cuatro candidatos que en el pasado colaboraron en la Fiscalía. Entre ellos, un exfiscal general aspira a una vacante como juez anticorrupción. Dos exagentes fiscales y un exsecretario de Fiscalía completan este grupo.
En total, 20 de los 37 tuvieron o tienen relación actual con la Fiscalía. Esto implica que el 54 por ciento de postulaciones tiene como fuente de origen a servidores de esa entidad. Cinco jueces penales en funciones pretenden llegar hasta los juzgados anticorrupción. Además, dos exjueces penales están en el concurso.
Aparte se cuentan dos funcionarios del Consejo de la Judicatura y dos defensores públicos en ejercicio. Uno de los defensores, que trabaja en Pedernales, Manabí, es el único de los postulantes que refiere tener una enfermedad catastrófica (Linfoma de Hodgkin). También es uno de los seis que se autoidentifica como “montubio”.
También se identifican como “montubios” tres postulantes hombres.
Dos mujeres se autodefinieron como afroecuatorianas. Una de ellas es abogada en libre ejercicio. La segunda es agente fiscal.
De los 26 hombres participantes en el concurso, cinco han enfrentado demandas judiciales para el pago de pensiones alimenticias. Esto significa que el 19 por ciento de los aspirantes de sexo masculino tuvo incidentes ante la justicia para exigirles el pago de alimentos para sus hijos menores de edad. Todos ellos tienen relación laboral con la función judicial.
Otro dato curioso que salta a la vista es que varios de los candidatos no reportan pagos de Impuesto a la Renta. Uno de los aspirantes tiene 1,5 puntos en su licencia: ha cometido 20 infracciones de tránsito. Pero no es el único. Hay diez más que tienen entre 10 y 18 infracciones y han sido multados por diferentes motivos: exceso de velocidad, pasarse semáforo en rojo, faltarle el respeto a la autoridad, conducir sin cinturón, entre otras infracciones.
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