Los candidatos presidenciales Daniel Noboa y Luisa González frente a la inseguridad

Enunciados generales, más que acciones específicas. Ese es el denominador común en los planes de seguridad de los dos finalistas para el balotaje de octubre, en materia de seguridad.

No hay propuestas en detalle sobre problemas acuciantes, relacionados con la ola de violencia, agravada en 2023. El más relevante es el narcotráfico que es “la principal expresión del crimen organizado en el Ecuador” y que ha “dinamizado otros delitos conexos como el tráfico de hidrocarburos, la corrupción, el tráfico de armas y el lavado de activos”, según el informe “Caracterización del crimen organizado en Ecuador”, que acaba de lanzar el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.

La espiral de violencia se acentuó durante la pandemia del COVID-19, cuando la atomización de las organizaciones criminales profundizó la búsqueda de dominio territorial, “modificando profundamente el panorama delictivo, tanto en el posicionamiento criminal en territorios con flujo de delitos graves como tráfico de drogas y armas, así como la incidencia en las disputas de poder por plazas de microtráfico”.

¿Qué dicen ambos presidenciables frente a la magnitud del problema? Ambos lanzan planes que prometen acciones preventivas frente a la inseguridad, sin adentrarse en detalles.

Un estudio del mismo centro de pensamiento e investigación determinó que por cada 10 casos de delincuencia organizada investigados por la justicia, uno tiene la participación de un policía activo. “Esto es muy grave”, alerta en entrevista Renato Rivera, coordinador del Observatorio.

Contradictoriamente, los planes de gobierno hablan escuetamente de depurar filas policiales, sin esclarecer mecanismos para identificar a los miembros que actúan bajo órdenes del crimen organizado. Más aún, el binomio Luisa González-Andrés Arauz ofrece el incremento del sueldo de las filas policiales en función de los niveles inflacionarios.

¿Populismo puro y duro? Así resulta, si se toma en cuenta que el Fisco debe contar con ingresos permanentes para asumir gastos de esa magnitud. ¿Qué pasa con los uniformados si dejan de percibir incrementos de sueldos a los que ya se van acostumbrando? Pueden ser cooptados por los grupos delictivos, que pagan por favores, como ocurre en países como México.

Rivera analizó, por pedido de Vistazo, los planes de gobierno de ambos candidatos para la segunda vuelta de octubre, en materia de seguridad. Identificó una matriz común: ambos plantean medidas preventivas, como el fortalecimiento de acciones comunitarias, como asambleas ciudadanas y otras iniciativas similares, como el mejoramiento de barrios.

No obstante, ese enfoque de prevención ya no respondería al momento actual que vive el país, hoy por hoy, uno de los más violentos de la región.

“Las propuestas de los dos candidatos están enfocadas en prevención; en un modelo de violencia interpersonal, pero en un Estado ausente en determinados territorios vulnerables, que se propongan asambleas comunitarias no es realista, es poco probable que la gente acuda”.

Si bien ambos presidenciables hablan de celeridad en la justicia, como un mecanismo para evitar impunidad, poco ahondan en propuestas para usar inteligencia estratégica a fin de mapear estructuras de crimen organizado. “La falta de inteligencia en este país ha causado que se derrame mucha sangre”.

Al ritmo que va, para fines de 2023, Ecuador puede llegar a tener siete mil muertes violentas. Esto significa que la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes se dispararía a 35, según el último informe del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.

Si se compara con cifras de 2019, el aumento de muertes intencionales es del 528 por ciento, cita el estudio, realizado por el Observatorio, el cual es una iniciativa de la Fundación PADF (Pan American Development Foundation). Adicionalmente, según estos hallazgos, los homicidios a adolescentes con armas de fuego constituyen el 94 por ciento de todos los homicidios intencionales en este grupo etario.

“El reclutamiento por parte de grupos de delincuencia organizada en los cantones de Guayaquil, Esmeraldas y Quevedo se convierte en una tendencia preocupante”, advierte el documento.

BINOMIO GONZÁLEZ-ARAUZ: En su plan de gobierno, dedica el capítulo dos al tema de seguridad. Enumera enunciados, sin especificar los mecanismos de aplicación y de ejecución.

Las dos primeras acciones tienen que ver con temas institucionales y administrativas. Restituir el Ministerio Coordinador de Seguridad, el de Derechos Humanos y reestructurar los ministerios del Interior y Gobierno están entre las acciones citadas. Se menciona brevemente que habrá una depuración de las fuerzas del orden. El plan de gobierno menciona que se establecerá un nuevo modelo de seguridad ciudadana, “basado en la prevención, la reducción de la violencia y la convivencia pacífica con justicia, equidad y derechos humanos”.

En el acápite de empleo, ofrece cambios para integrar a las y a los jóvenes expulsados del mercado laboral. No menciona los mecanismos.

BINOMIO NOBOA-ABAD: Incorpora al eje de seguridad dentro del plan social. Reconoce que la reducción de la violencia no se logra mediante medidas punitivas únicamente, sino mediante una combinación de intervenciones sociales, económicas, educativas y de seguridad pública. Es una declaración discursiva sin precisar en detalles.

Uno de los planteamientos es la prevención del crimen “a través del diseño urbano”. Para ello, señala como medidas de seguridad acciones como mejor iluminación de calles, parques seguros y espacios públicos bien mantenidos.

Establece la necesidad de trabajar con escuelas y familias para promover la educación en valores, el respeto y la tolerancia desde la infancia. “Se crearán programas educa-tivos centrados en la resolución pacífica de conflictos y el respeto a los derechos humanos”, señala el plan sin proporcionar detalles de los mecanismos a ser usados.

El programa de gobierno menciona que habrá un eje de desarrollo socioeconómico inclusivo. No profundiza en detalles de cómo creará oportunidades de empleo, mejorará la calidad de educación. Sin embargo, promete que “a través de la reducción de la pobreza y la desigualdad, se espera disminuir los factores de riesgo que conducen a la violencia”.

En 2019, se reportaba un promedio de 860 casos de extorsiones. Solo en los primeros seis meses de 2023, hay 6.332 casos. Esto habla de un crecimiento del 634 por ciento, explica Renato Rivera, coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, de la Fundación PADF, a partir de investigaciones.

“La gobernanza criminal es la manifestación de la extorsión y el control social en diferentes frentes. En ciertos sitios hay toques de queda desde las 20h00, impuestos por las organizaciones criminales, son lugares donde el Estado dejó de tener el control de la seguridad. La extorsión se genera por miedo, o porque le dicen a la gente que le van a proteger”, advierte el académico e investigador.

El fenómeno de extorsiones se viene profundizando desde 2021. “Es un delito que genera inseguridad y preocupación en los ciudadanos, en ciertas ciudades ha tenido impacto en la actividad comercial; los negocios han disminuido su actividad”.

De acuerdo con los estudios del Observatorio, la extorsión se convirtió en el mecanismo de financiamiento para que las organizaciones delictivas adquieran armas. “El tráfico de amas es el delito de mayor rentabilidad y menor visibilidad por parte del Estado. Muchas ingresan por vía aérea, en avionetas que traen armas y dinero y llevan drogas. Pero también llegan por la frontera sur, a través de Huaquillas que es el quinto cantón con mayores tasas de homicidios, lo cual no es una coincidencia”. El gran problema de inseguridad en El Salvador, explica, no era el narcotráfico, sino las extorsiones por parte de las maras (pandillas).

El investigador consultado advierte que no encontró propuestas concretas de los candidatos presidenciales frente a este tema en concreto.