Lasso hace veto parcial a la Ley de Comunicación y asegura que no se revivirá "una ley mordaza"
El presidente de la República, Guillermo Lasso, suscribió este miércoles 24 de agosto la objeción parcial a las reformas de la Ley Orgánica de Comunicación que hoy enviará a la Asamblea Nacional.
Según el Ejecutivo, el veto parcial tiene como finalidad precautelar la libertad de expresión, principio fundamental de la democracia.
Lasso aseguró en un encuentro con estudiantes: "nuestra postura es firme: no reviviremos una ley mordaza que persiga a quien piense diferente a nosotros. Ese fue mi compromiso y lo estoy cumpliendo" y añadió "el Ecuador necesita una prensa libre, responsable; una prensa que investigue y que contraste la información".
El Gobierno también indicó que la objeción cuenta con el aporte de periodistas, representantes de medios de comunicación y organismos internacionales, y "se efectuó tras un profundo análisis técnico y jurídico con el compromiso de precautelar la libertad de expresión de todos los ecuatorianos".
Además, hizo un llamado al Legislativo "para que contribuya en la construcción de un Ecuador en el que la libertad de expresión sea pilar de la democracia".
No obstante, de manera inmediata el Partido Social Cristiano (PSC) rechazó la decisión de Lasso y mediante un comunicado expresó que el veto debía ser total.
"No estamos de acuerdo con el veto parcial y mixto firmado por el Ejecutivo. Siempre hemos sostenido que, en materia de comunicación, la mejor Ley es la que no existe", señaló el PSC.
El escrito fue suscrito por el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, el presidente del PSC, Alfredo Serrano, y el coordinador de la bancada, Esteban Torres.
En julio pasado, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 75 votos en segundo debate el proyecto de reformas a la Ley de Comunicación, con el apoyo de la bancada correísta UNES, "los rebeldes" de Pachakutik, de la ID y algunos independientes.
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El objeto de esta ley, según el Legislativo, comprende la desconcentración de frecuencias, protección del derecho a ejercer la libertad de expresión y a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole a través de los medios de comunicación.
En el informe se destaca que el proyecto permite que las personas cuyos derechos se vean afectados por los medios de comunicación social cuenten con "mecanismos de defensa expeditos, garantizando que los derechos al honor y buen nombre garantizados en la Constitución y en los principales instrumentos de derechos humanos puedan ser tutelados por el Estado".