La Prefectura de Cotopaxi, una mina de oro para Guamán y sus alfiles: registran ingresos millonarios que no han podido justificar

Jorge Guamán despegó tras llegar a la Prefectura de Cotopaxi, en 2014. Adquirió dos terrenos, de 5 y 20 hectáreas cada uno, y una casa de 1.989 m2, por los cuales pagó 236.000 dólares, hasta el 2020. En ese lapso también despuntó su empresa Ambasodas. Los colaboradores de Guamán suman ingresos por USD 1,2 millones en sus cuentas y propiedades, que no han justificado. A esto se suman los 8,9 millones que ingresaron a las cuentas del contratista Santiago Sinchiguano, que no declaró al SRI. Todos están enjuiciados por presunta delincuencia organizada, pero el proceso se suspendió hasta febrero porque Guamán es candidato a alcalde de Latacunga.

“Saludos director. Un favor, ¿Tienes el saldo de los caramelos verdad? Puedes transferirlos a esta cuenta”.

El mensaje fue recibido la mañana del 8 de febrero de 2022, por WhatsApp, en el celular de Pablo Velásquez. Por esos días, Velásquez era director de Compras Públicas de la Prefectura de Cotopaxi. Junto con el pedido, su teléfono recibió el dato de una inversión, cuyo titular era el entonces prefecto Jorge Guamán Coronel.

El director conocía los negociados y los pagos a la perfección. En su celular constan capturas de hojas en excell, proyectos, adquisiciones y saldos. Era el brazo derecho del prefecto Guamán, su hombre orquesta.

Velásquez es uno de los diez procesados por el presunto delito de delincuencia organizada, que la Fiscalía investiga en ese gobierno provincial.

Sin embargo, desde el 11 de octubre la acción penal quedó en suspenso temporalmente y la prisión preventiva que los implicados cumplían quedó sin efecto.

¿La razón? El 27 de septiembre, el pleno del Tribunal Electoral de Cotopaxi calificó la candidatura de Guamán para la Alcaldía de Latacunga, en los comicios seccionales, que se realizarán en febrero de 2023.

El artículo 108 del Código de la Democracia contempla que desde la inscripción de la candidatura hasta la proclamación de los resultados electorales, un postulante a un cargo de elección popular no puede ser encausado, salvo en casos excepcionales como delitos flagrantes o violencia intrafamiliar. Eso explica la suspensión temporal del proceso para Guamán. La decisión judicial extendió el beneficio de la suspensión temporal a los otros nueve encausados. Así, hasta febrero de 2023, el proceso queda en pausa, a pesar de los hallazgos de los investigadores, que aquí revelamos y destapa la presunta operación de una red criminal que durante varios años operó libremente en la Prefectura.

La compañía de bebidas Ambasodas es una pieza crucial en la investigación. En enero de 2020, el prefecto Guamán aceptó el cargo de presidente de esta entidad privada, según documentos de la Superintendencia de Compañías recabados para esta investigación. Guamán venía ejerciendo la función de Prefecto desde 2014 y fue reelecto en 2019.

Una de las accionistas de la empresa es Sisa Guamán Toaquiza, hija del prefecto. El 2021 la compañía reportó un movimiento económico de 500 mil dólares.

En 2018, Guamán le propuso a un coideario de Pachakutik, con trayectoria de comerciante, docente y político, que administrara la planta y que le apoyara en la compra de un lote en el parque industrial de Ambato para trasladar la fábrica a ese lugar. De la propuesta tuvieron conocimiento tanto Sisa Guamán como la entonces gerente de Ambasodas, quien tres años antes trabajó en el área de Talento Humano de la Prefectura de Cotopaxi.

Ambasodas fue constituida en 2013, con un capital de dos mil dólares. Para 2016, el resultado económico de la empresa fue una pérdida de 9.000 dólares, por lo que entró en disolución. Sin embargo, un año después fue reactivada, cambió su domicilio a Salcedo (Cotopaxi). En 2018, por decisión de sus directivos se amplió el objeto social de la firma para permitir contratos de asociación, de franquicias o representaciones comerciales de personas naturales o extranjeras.

La asociación con el coideario político del Prefecto se disolvió en 2019. No obstante, a su cuenta bancaria llegaron varias transferencias económicas sin su consentimiento, lo cual consta en reportes del sistema financiero. Y desde la cuenta de un hermano suyo se transfirieron 7.500 dólares. Sobre los pagos tenía conocimiento Pablo Velásquez, director de Compras, según documentos recabados para este reportaje.

Sisa Marisol Guamán Toaquiza aparece como la mayor accionista de Ambasodas, con un capital de USD 1.500. Mientras su padre (USD 500 de capital) era prefecto, en su último período, fue presidenta del Patronato, que impulsa obras sociales, para mostrar la cara más amable y solidaria del GAD provincial. Hace seis años ella salió del país para estudiar Economía. Al regresar, en 2020 estuvo más cerca de su progenitor en el Patronato y también en la Prefectura. Ahí tenía injerencia en nombramientos y otras actividades, según testimonios y otros indicios recabados en el proceso por delincuencia organizada.

En octubre del 2021 Sisa conversó desde su celular con una dirigente del Movimiento Idígena y Campesino de Cotopaxi (MICC). Ella le contó que en una reunión -siempre a favor del Prefecto- acordaron pedirle que desde la Prefectura apoyaran al paro que planificaban, con un médico y una ambulancia del Patronato, a lo cual accedió parcialmente ofreciendo un médico. Eso consta dentro del juicio en los progresivos de las escuchas e intercepciones de mensajes realizados durante la investigación.

Otra evidencia del apoyo a la paralización indígena desde la Prefectura aparece en una comunicación que Pablo Velásquez, director de Compras, tuvo con Maritza Salazar, asesora de Guamán. Ella le comentó que les habían pedido que cooperen con refrigerios para la movilización, pero como la participación era delicada habrían quedado en poner a USD 20 por persona. Así, querían levantar un fondo para entregárselo a una intermediaria y “conforme se vayan desarrollando las cosas el prefecto Guamán puede tomar otra decisión”.

Por esos días, Sisa también se contactó por celular con Velásquez, quien le alertó que tenían un problema que debían afrontar por una investigación que relizaba la Fiscalía, completamente reservada, por la compra-venta de cuatro propiedades oficializadas en la notaría de José León. Esos negocios estaban relacionados con el empresario Santiago Sinchiguano, contratista de la Prefectura, enjuiciado por recibir contrataciones a dedo.

En otro diálogo, Sisa le pidió a Pablo Albán, director de Obras, que diera paso a la contratación de Patricio Jácome. Ella tenía contactos permanentes con funcionarios del círculo cercano del Prefecto. En otra comunicación, que es parte del proceso judicial, Velásquez se comunicó con Juan José T., quien le comentó que ya había intervenido para que Sisa trabajara en la Universidad de Cotopaxi, que se lo contara al Prefecto, pues el nuevo ciclo empezaría en abril.

En enero del 2022, Sisa también le pidió a Albán que le ayudara ubicando a un amigo como chofer, ya que en el Patronato que presidía solamente necesitaban médicos y enfermeros. Albán accedió y le pidió que le entregara la carpeta con los datos del postulante.

Los principales colaboradores de Guamán suman ingresos por 1,2 millones de dólares en sus cuentas y propiedades, que no han podido justificar. A esto se suman los 8,9 millones que ingresaron a las cuentas del empresario Santiago Sinchiguano, uno de los mayores beneficiarios de contratos direccionados en la prefectura, que no declaró al Servicio de Rentas Internas (SRI). Entre 2018 y 2022 el constructor tuvo ingresos por 12,3 millones, según informes del sistema financiero y el SRI adjuntados al proceso.

Precisamente en el manejo económico se evidenciaría el rol de Velázquez, como alfil de Guamán. Según la investigación fiscal, movía la plata de las coimas y las contrataciones en la Prefectura.

Entre sus cuentas y propiedades tiene 539.000 dólares, que no ha podido justificar. Su papel fue clave: gestionaba la adjudicación previamente pactada con el supuesto pago de coimas a contratistas específicos, desde 2017. También se encargaba del manejo de dinero proveniente de sobornos de una empresa privada que es investigada por la Fiscalía.

En 2020 compró cuatro propiedades, incluidos dos departamentos en lujosos edificios en Quito y Guayaquil, que suman 400.000 dólares. Entre 2014 y 2020, tuvo ingresos por sus salarios en la Universidad de Cotopaxi y en la Prefectura por 161 mil dólares. Las cuentas no cuadran.

Otros funcionarios que jugaron roles importantes en la red fueron Pablo Albán, director administrativo, apodado el “Gordo”. De sus ingresos, la Fiscalía detectó USD 110.000 que no ha podido justificar, ni guardan relación con sus ingresos. Un papel similar, aunque menos importante, tuvo Bertha Toaquiza, quien entre 2014 y 2018 fue tesorera de la Prefectura; estuvo a cargo del cobro de diezmos del 10% de los salarios a los empleados, para realizar aportes al Movimiento Indígena de Cotopaxi, MICC y la CONAIE. Ella no pudo justificar cerca de 22 mil dólares en sus cuentas y la compra en octubre del 2019 de un terreno de 24 hectáreas y otra propiedad que puso a nombre de sus padres. Por ambos bienes pagó 43 mil dólares.

Otro de los colaboradores de confianza del exprefecto fue Carlos Villacís. Los últimos años tuvo ingresos injustificados por USD 494.000 en sus cuentas, así como César Coronel, que registró USD 160.000 en sus cuentas que no corresponden a sus ingresos salariales.

En 2017 en la Prefectura de Cotopaxi se elaboró Manual de Funciones, aprobado por su titular. Pero, fue el mismo Guamán quien solicitaba que se pasara por alto ese instructivo, y pedía a sus subalternos que hicieran contrataciones de sus recomendados. Inclusive cambiando los perfiles del Manual, ya que debía cumplir compromisos políticos.

En 2018, por ejemplo, ingresó a la Prefectura Pablo Albán, quien no tenía el perfil para ningún puesto, según el Manual de funciones. Pero el entonces Prefecto dispuso que se acomodara a su medida el perfil de Gestor Social de Obras Públicas. Una vez contratado, Albán empezó a realizar cambios del personal operativo. A inicios del 2019, él se mostraba molesto con la entonces responsable de Talento Humano, E. N., quien no accedía a sus pedidos de cambios de personal sin seguir el manual de Funciones.

“Cuando ingresé a la Prefectura, a partir del 2017, me empezaron a descontar el 5 % de mis remuneraciones por concepto de aportes al movimiento político del Prefecto, que constaba en mi rol de pagos. En 2018, Bertha T., tesorera de la Prefectura, nos hizo firmar una autorización de un descuento del 5 % de nuestra remuneración, entre 2018 y 2019, en el rol de pagos para un aporte un club que nunca se creó”, reveló la entonces funcionaria en su versión.

En 2019, ella constató que la Tesorera tenía grandes cantidades de dinero en efectivo en un armario de su oficina, en la Dirección Administrativa de la Prefectura. “Me llamó a su oficina donde tenía el dinero, y me dijo: Necesito que me dé haciendo un depósito en Ban Ecuador”.

Para no perder su trabajo, pues solo tenía un contrato ocasional, E. N. admitió que accedió a hacer el depósito de 19.500 dólares, en la cuenta de Lautaro B. Luego, el 31 de octubre, Berta T. le llamó nuevamente a su oficina y le dispuso que realizara otro depósito a la cuenta bancaria de Lautaro B., en BanEcuador, de USD 10.000.

A fines de 2019, la entonces funcionaria fue designada administradora del contrato de servicios profesionales de Segundo Llamuca, quien elaboró los términos de referencia para la contratación del cerramiento del predio ubicado en el cantón La Maná de la Prefectura. Vázquez, director de Compras, le pidió que al contratar la obra debía requerir el 10% del monto total del contrato, como comisión. “Le manifesté que vea otro administrador del contrato, ya que yo me iría de vacaciones, a lo cual Velázquez me respondió de manera amenazante: Sí, te vas de vacaciones, pero de vacaciones indefinidas”.

El 31 de diciembre le notificaron la terminación de su contrato ocasional.

Además del pago de diezmos, los empleados de la Prefectura también habrían sido sobornados para permanecer en sus cargos. Una de las primeras denuncias que evidenció esa práctica se conoció en enero del 2021.

El hecho fue denunciado a la prensa por José Francisco Pilaguano, quien aseguró que por decisión de Guamán fueron notificados con la terminación de sus contratos 19 trabajadores, operadores de maquinaria pesada, bajo el argumento de que no trabajaban y tenían malas relaciones laborales con sus compañeros.

Para que los ayudantes de maquinaria conservaran sus puestos, el Prefecto pedía USD 3.000 dólares y para operadores 5.000. “Trabajé dos años como ayudante de maquinaria. El Prefecto primero nos pidió 3.000 dolares, que saqué del banco de Sigchos, pero no alcancé a entregarle porque llegó la pandemia. Después pidió 5.000 dólares al todo o nada, a través del funcionario Iván Través, que me llamó”, dijo Pilaguano.

Quienes accedieron a pagar las coimas pudieron volver a trabajar. “Si me dejan en mi puesto, no haré nada, caso contrario iniciaremos procesos legales”, advirtió Pilaguano, quien quedó en el desempleo.

Guamán entonces dijo que esas denuncias eran “una tremenda irresponsabilidad; vamos a defender el honor mío y de mi familia, esto no se puede quedar así”, expresó.

Pedimos una entrevista con Guamán, a través de sus asesoras de despacho y comunicación, pero no respondió a nuestras solicitudes, las últimas dos semanas.

Guamán, de Pachakutik, ya no puede optar por otra reelección. Por eso busca una dignidad distinta: la alcaldía de la capital provincial de Cotopaxi, que también es un blindaje político para capear los siguientes dos meses la tormenta jurídica que enfrenta.

El 30 de septiembre pasado debía presentarse ante la autoridad competente, como parte de las medidas sustitutivas dispuestas en su contra, pero no compareció. Por eso, la Fiscalía pidió revisar las medidas, argumentando incumplimiento y que se ordene su prisión.

Días más tarde, el exprefecto sacó su as bajo la manga. Hizo público que había obtenido el blindaje temporal por su condición de candidato.

Según consta en el proceso revisado para este reportaje, la defensa de Guamán no supo explicar porqué no comunicó a la autoridad judicial oportunamente sobre la candidatura, lo que puso en duda la buena fe de su actuación y su lealtad procesal.

En realidad, Guamán no es el primero que se beneficia del artículo 108 del Código de la Democracia. El entonces candidato a alcalde de Salcedo, Mario Mata, se acogió a la suspensión de la causa por peculado cuando se tramitaban los alegatos finales en la audiencia de juicio. Y el entonces candidato al Consejo de Participación Ciudadana, David Rosero, obtuvo la suspensión de la causa en su contra, que estaba en etapa preparatoria de juicio, en diciembre de 2018.

El proceso se seguía por el presunto delito de desacato. Rosero es miembro del Consejo de Participación Ciudadana desde 2019 y llegó a esa dignidad en las urnas, con la promesa de luchar contra la corrupción. Este escudo para los candidatos se fundió en el fuego garantista de la Constitución de Montecristi, con la impronta del correísmo.

Con el mismo argumento que se usó para beneficiar a otros dos encausados en el proceso contra Rosero, la presidenta de la Corte de Justicia de Cotopaxi, Rosario Freire, dispuso que la suspensión temporal también se aplicara a los demás implicados en el caso de delincuencia organizada. De este modo se suspendió la orden de prisión preventiva en contra de todos.

Consultamos al presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, sobre la aplicación del artículo 108 del Código de la Democracia. Explicó que la Corte se pronunció sobre una consulta en general, y no sobre un caso en específico. Desmintió de plano que él se hubiera pronunciado respecto a esta causa. Una imagen en redes sociales lo muestra recibiendo un agasajo por parte del alcalde actual de Latacunga, Byron Cárdenas. Si bien no está entre los procesados, el nombre de Cárdenas aparece en varias partes de la investigación fiscal. Según Saquicela, él no conocerá este proceso y, por tanto, no hay un conflicto de interés al recibir la distinción de esa autoridad local.

Todo indica que el secretario de la prefectura, Raúl Ilaquiche, esposo de la exasambleísta Lourdes Tibán, cercana a Iza y Guamán, no solo estaba al tanto del desarrollo de los procesos judiciales. También mantenía línea directa con el entonces presidente de la Corte de esa provincia, Diego Mogro.

El 22 de septiembre de 2021, Ilaquiche le pidió al prefecto Guamán reunirse con el presidente Mogro. A inicios de octubre, le insistió en que la reunión se realizara en horas de la noche en un mensaje por celular. Hay varias comunicaciones entre ambos.

Al ser consultado para este reportaje, Ilaquiche dijo que no haría ningún comentario ni referencia sobre su participación en este caso, debido a que el juicio estaba suspendido, hasta la proclamación de resultados.

En un mensaje de texto, a manera de advertencia, respondió: “Eso significa que ningún juez, ningún fiscal pueden aperturar las pericias o hacer hacer algo.. ni mover un solo papel, mucho menos comentar, difundir y peor armar juicios paralelos con los medios de comunicación con fines políticos, estigmatizar a las personas ante la sociedad y hasta dictar resoluciones anticipadas violentando todo los derechos constitucionales, cualquier análisis, debate y defensa de derechos, en estricta legalidad, cuando se aperture el proceso”.

También pedimos un pronunciamiento del juez Mogro sobre las denuncias en su contra. Dijo que por el momento no dará entrevistas, pues son hechos que deben ser discutidos y probados en el orden jurisdiccional.

El asambleísta de la Izquierda Democrática, Daltón Bacigalupo, quien ha denunciado por varios años la corrupción del exprefecto Guamán, así como sus nexos y negociados con la alcaldía de Latacunga, asegura que el principal problema de la provincia es que “la función judicial está podrida, al igual que fiscales, auditores de la Contraloría, concejales...”.

Es una argolla sellada por la impunidad -dice- que “ampara la corrupción de Guamán y sus operadores, incluidos el juez Mogro e Ilaquiche. Todo eso está en el proceso, hay muchas evidencias, audios, mensajes hallados en los celulares de los enjuiciados”.

Al ser consultado sobre las denuncias contra el juez Mogro, el presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela dijo: “De documentarse irregularidades, de mi puño y letra yo mismo presentaré las denuncias correspondientes”, por lo que pidió que, si las hubiere, se le presenten fundamentadamente las evidencias.

Guamán despuntó en la política apadrinado por Pachakutik, tras su llegada a la Prefectura de Cotopaxi, en 2014. Con los años estrechó su relación con el dirigente la Conaie, Leonidas Iza, y con su coidearia Lourdes Tibán. Mientras estuvo al frente de la Prefectura fue soporte financiero para los paros indígenas del 2019 y el 2022, según un documento recabado en su domicilio. De hecho, Cotopaxi fue el bastión y epicentro de las violentas protestas, que paralizaron el país durante varias semanas.

Iza y Guamán tienen varias cosas en común. No solo son cabezas del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC). También son defendidos por el mismo abogado. Se trata de Carlos Poveda, oriundo de Latacunga, quien a su vez ha patrocinado a Julian Assange en Ecuador, como parte del equipo legal dirigido por el español Baltazar Garzón.

Garzón estuvo hace pocas semanas en Ecuador, en un evento para cuestionar la legalidad del caso Sobornos, en el que el expresidente Rafael Correa fue condenado a ocho años de prisión. El encuentro fue difundido por el correísmo. Garzón fue el coordinador de la veeduría internacional, integrada por el gobierno de Correa, que en 2012 destacó la independencia de la reorganización del sistema judicial. Uno de los asesores del español fue Poveda. “Agradezco su preocupación pero no deseo dar entrevistas a su medio”, contestó Poveda ante nuestro requerimiento periodístico.

El ascenso vertiginoso de Guamán en la política también se reflejó en su despegue económico, aunque una parte importante de los recursos, que habría obtenido por el cobro de coimas, diezmos y otros negociados desde la Prefectura, habría ido a manos de prestanombres, según elementos acopiados durante la investigación fiscal.

A su nombre tiene los siguientes bienes:

-Un lote de terreno, en Cotopaxi, cantón la Maná, en la parroquia Guasaganda, con una extensión de 5 hectáreas, que adquirió en 2015 y estaba a nombre de Olga Riera Cuzco, por 20.000 dólares.

-Una casa donde vivía en Latacunga, de 1.989 m2, avaluada en 222.000 dólares, adquirida el 24 de diciembre del 2020. Para comprarla hizo seis pagos de 20.000 dólares, que suman 120.000; y una transferencia desde la Cooperativa “Kulkihuasi”, por 75.000, al Banco del Pichincha. Guamán adquirió la propiedad a Eduardo Troya y Sonia Ramírez.

-Un terreno de 20 hectáreas, en Tungurahua, adquirido en diciembre del 2020, en 96.000 dólares. El pago en efectivo lo hizo su subalterno en la Prefectura Pablo Velázquez, con una deuda pendiente de 9 mil dólares.

-Es presidente de la empresa AMBASODAS CIA. LTDA, ubicada en Salcedo, Cotopaxi. La firma cuenta con una planta industrial para la producción y envasamiento de bebidas gaseosas. La empresa fue fundada en 2013, meses antes de que Guamán llegara a la Prefectura. Su hija, Sisa, es accionista. Tiene activos por 412 mil dólares y pasivos y patrimonio por la misma suma. Mantiene un flujo de efectivo de 518 mil dólares.

-Posee un vehículo Mitsubishi Montero, full equipo, tipo jeep, modelo 2002.

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