La china CAMC suma 1.000 millones en contratos cuestionados

En mayo de 2021, el entonces presidente Lenín Moreno inauguraba el Hospital General Napoleón Dávila Córdova en Chone como un hito de su gobierno y un aporte para este cantón manabita en medio de la pandemia. Agradecía a China porque los fondos para la construcción provenían de una donación del país asiático, y la construcción estuvo a cargo de la empresa China CAMC Engineering. Todo fueron buenas noticias: el hospital que empezó su construcción con un precio de 50 millones de dólares, terminó costando menos: 47,4 millones. Indudablemente un ahorro para los desembolsos de China. Pero fue la única obra de China CAMC que tuvo un ahorro, porque el resto han estado plagadas de problemas y sobrecostos perjudiciales para el Estado ecuatoriano.

Era paradójica la inauguración del hospital a cargo de Moreno porque justamente él, cuando asumió el cargo en 2017, había cuestionado el endeudamiento adquirido con China por su predecesor, Rafael Correa. Además, en 2019 el Consejo de Participación Transitorio había emitido un informe sobre los contratos de China CAMC, en el que detallaba “presuntas irregularidades cometidas dentro del sector de la Salud. Específicamente en la alteración del presupuesto técnico e inobservancia a las disposiciones legales y constitucionales”.

Y es que, para ese entonces China CAMC, que aterrizó en Ecuador en 2012 según los registros de la Superintendencia de Compañías, ya había construido cuatro grandes hospitales que casi duplicaron su precio y otra decena obras que le fueron adjudicadas directamente por cientos de millones de dólares. Es decir, sin licitación. Por ejemplo, se le adjudicó el contrato para 14 edificios del Ecu 911 por 68 millones de dólares, pero solo construyó siete. Vistazo y Código Vidrio revisaron varios informes de Contraloría que dan cuenta cómo se inflaron las obras.

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El caso del Hospital “Esmeraldas Sur” quizá sea el más sui géneris. Inicio con un contrato de 40 millones de dólares y terminó en más de 76 millones. La edificación había empezado a levantarse por la empresa ecuatoriana Pallakti en febrero de 2013, pero detuvo la construcción porque a sus representantes llegaron los rumores de que ese y otros hospitales serían adjudicados a empresas chinas. Meses más tarde, China CAMC tomaba posesión de la obra, sin que existiera un contrato de por medio, el cual se firmó el siguiente año, en junio de 2014. Para cerrar el litigio, la empresa china pagó a la ecuatoriana más de dos millones de dólares, por el avance que había hecho.

Una vez finalizado el hospital a cargo de China CAMC, el informe de Contraloría DPE-0013-2020 determinó que se presentaron facturas por 16,64 millones dólares, de las cuales no se pudo determinar “la veracidad, propiedad y legalidad". Entre otras observaciones, la empresa construyó una línea de subtransmisión eléctrica que fue no aprobada por la CNEL, ocasionando un perjuicio de 2,5 millones de dólares. Por si fuera poco, subcontrató obras por 19,34 millones de dólares, que representó un 42 por ciento cuando la ley dice que puede ser hasta un 30 por ciento.

Esta misma dinámica se repitió en los hospitales de Monte Sinaí. Guasmo Sur y Portoviejo. En este último, a pesar de que su construcción inició con un contrato de 89 millones de dólares y terminó casi en 160 millones, hizo falta un contrato de “obras complementarias” después de que la casa de salud entrara en total funcionamiento en 2019. La razón: se habían olvidado de incorporar o completar varios elementos: instalación de muebles fijos y móviles en consultorios y habitaciones, accesorios y válvulas del sistema de climatización, construcción de cerramiento perimetral, vía principal de acceso e iluminación, caseta de guardianía. 5,3 millones costaron esas nuevas obras.

Solo en estos cuatro hospitales hay una diferencia de 220 millones de dólares, entre lo que inicialmente se contrató y lo que finalmente se facturó. Luego de eso, el gobierno chino decidió hacer una donación para el hospital de Chone, ya que varios países desembolsaron aportes a Ecuador por el terremoto de 2016. La plata para todos estos contratos venía como parte de los créditos de China a Ecuador, y el Estado quedaba obligado a contratar empresas de ese país. Asimismo, todos estuvieron a cargo del Servicio de Contratación de Obras (Secob), institución que fue eliminada por Lenín Moreno en mayo de 2020, y la competencia pasó al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Es por esto que, como aún quedaba una quinta línea de crédito para el gobierno de Moreno, no fue el Ministerio de Salud, sino el Ministerio de Transporte que firmó el contrato para un sexto hospital de China CAMC en Pedernales, por un valor de 16 millones de dólares, que terminó en más de 20 millones.

Julio Villacreces, quien es fundador de la Comisión Anticorrupción de Manabí, dice que todos los hospitales construidos en esta provincia han presentado irregularidades y problemas que se han denunciado en su momento, no solo los construidos por China CAMC. Pero las autoridades hacen caso omiso. A pesar de que aplaude que al menos los hospitales sí se terminaron de construir, explica que hay problemas con el de Chone porque el centro hospitalario se construyó en una zona propensa a inundaciones y ya hubo inconvenientes en el invierno pasado. Y señala que han recibido denuncias de que el Hospital de Portoviejo seguiría operando al 25 por ciento de su capacidad. “Hay equipamiento que todavía está embodegado”, dice Villacreces. Justamente en el de Portoviejo, después de inaugurado, se firmó un contrato para obras complementarias.

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En una revisión de los procedimientos de contratación de China CAMC, esta alianza periodística detectó algunas de las cláusulas que China establecía para estos contratos. Una de ella era la conformación de una “Oficina Conjunta, conformada por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco de Desarrollo de China”, para que revise que todos los participantes en las “licitaciones”, sean de origen chino, “previo a la adjudicación de contratos comerciales”. Lo que China llama licitación, se refiere a que las instituciones contratantes envíen invitaciones a varias empresas chinas, para la construcción de hospitales, por ejemplo. Y la mejor oferta presentada, se llevaba el contrato. Además, en estos procesos, el Ministerio de Finanzas debía hacer los pagos directos de las obras a bancos chinos, a pesar de que China CAMC tiene sus oficinas en Quito.

Otras de las cláusulas impedía la formación de consorcios. Es decir, una empresa ecuatoriana que tenía experiencia en el país, no podía asociarse con una empresa china recién llegada y carente de experiencia en Ecuador, para presentar mejores ofertas. Según documentos de procesos de contratación de obras chinas en el portal Contratación Pública, hay incluso intercambios de memorándums diplomáticos entre China y Ecuador aceptando o negando una contratación.

A criterio de Andrés Lozano Haro, experto en Relaciones Internacionales y Asuntos Públicos, el problema nace en los créditos chinos que tienen sus propios marcos normativos, que se sobreponen a la legislación ecuatoriana. Incluso tienen cláusulas de confidencialidad. Recuerda que el gobierno de Correa rompió relaciones con los multilaterales y, al perder esas fuentes de financiamiento, le quedó solo China. “Es como que tú perdieras acceso a los bancos y tu única alternativa sea el chulco. No importa los intereses o condiciones que te ponga el chulquero, no tienes más alternativa. Eso pasó con los créditos y las obras chinas”, explica Lozano, quien también fue coautor del estudio “Inversiones chinas: ¿Cómo han afectado a la institucionalidad del Ecuador?”, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.

Las condiciones impuestas y la falta de transparencia han evitado que otras empresas puedan participar de estas obras, lo que hubiese significado ofertas para mejorar los procesos de contratación sin sobrecostos. En todo este esquema, la legislación ecuatoriana sale sobrando. En varias de las contrataciones con China CAMC, la Contraloría determinó que no se ajustaban a las normas nacionales.

A través de correo electrónico a sus funcionarios y su abogado, esta alianza periodística pidió una entrevista con los representantes de China CAMC, pero no obtuvo respuesta.

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Bajo esta modalidad, esta compañía asiática facturó más de 1.000 millones de dólares en obras desde 2012. Fueron los hospitales en las que más sobrecostos hubo. Y para no repetir ese problema China CAMC y Ecuador optaron por contratos a precio fijo, es decir que no se puede firmar contratos complementarios o rubros extras. Así se construyó la Plataforma Gubernamental Financiera, en Quito, por un costo cercano a 200 millones de dólares. Pero los chinos tenían un as bajo la manga. Según el informe de Contraloría DNA1-0020-2018, se determinó que la contratista modificó el diseño de la infraestructura para ahorrarse 22,6 millones de dólares, argumentado que los diseños iniciales estaban sobredimensionados. El ente de control reclamó ese benefició para el Ecuador a manera de glosa.

Tiempo después, China CAMC apareció involucrada dentro de la una investigación fiscal denominada “Las Torres”, en la que se acusó al Contralor Pablo Celi de haber desvanecido glosas a cambio de sobornos. Una de las glosas desvanecidas fue en la obra de la Plataforma Financiera, que todavía está bajo investigación.

Los últimos contratos provinieron de la quinta línea de crédito de ese país y una parte se asignó al proyecto emblemático “Casa Para Todos” de Lenín Moreno, que comprometió seis grandes proyectos por 97,6 millones de dólares. Aunque Moreno renegó de los créditos y empresas chinas, su gobierno repartió tres contratos para China CAMC y la otra mitad a otras empresas de ese mismo país. Estas tres obras han repetido el mismo patrón que los anteriores. El proyecto consiste en la construcción de varias urbanizaciones de interés social en distintas provincias del país.

La Contraloría revisó el contrato del Grupo 6 de “Casa para todos”, que corresponde a las provincias de Loja, Azuay y Zamora Chinchipe. Determinó algunas inconsistencias como falta de estudios y permisos, y se observó fallas como: humedad en paredes, acabados irregulares, desprendimiento de recubrimiento en losas, acumulación de agua en cajas eléctricas, diferencias en equipamiento, etc., lo que ocasionaría que no se garantice la funcionalidad y vida útil de las urbanizaciones. En Macará, Loja, por ejemplo, se construyó la urbanización sin acceso a alcantarillado, y Zamora hubo problemas con los taludes, por lo que tuvieron que paralizar las obras.

Pero lo más grave: el informe DNA2-0048-2023 encontró que el 88 por ciento de la obra adjudicada a China CAMC había sido, a su vez subcontratada a empresas ecuatorianas, cuando por ley solo puede hacerlo al 30 por ciento y bajo previo consentimiento de la contratante. Al momento del examen, en 2023, la Contraloría halló pagos por más de cuatro millones de dólares a otras empresas. En varios documentos, encontró que hasta el alcalde del cantón Nangaritza, Zamora Chinchipe, no sabía que la contratista era China CAMC porque otra empresa fue la que pidió los permisos.

Los procesos contractuales del proyecto “Casa para todos” aún no están concluidos, pese a que se otorgaron en 2019 y tenían plazo de apenas ocho meses. Hubo demoras en la pandemia y los cambios de gobierno. De hecho, la administración de Guillermo Lasso heredó eses problema, inauguró algunas obras, pero aún no están cerrados todos los contratos de China CAMC. Por lo que no se puede saber si hubo o no incrementos en los rubros. Por otra parte, en un requerimiento de información que hizo esta alianza periodística, el Ministerio de Transporte reveló los precios finales de estas obras y aseguró que todos están finalizados.

De momento China CAMC no ha recibo nuevas obras desde el 2020, pero es así es como se hizo con contratos valorados en 771 millones de dólares, pero terminó facturando más de 1.000 millones.