Juicio político contra vocales del CPCCS será resuelto en el pleno sin informe de Fiscalización
El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, informó que, en aplicación de lo previsto en el último inciso del artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), será el Pleno quien adopte la resolución para dar paso al juicio político o archivar el expediente contra los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Aquello debido a la falta de informe de la Comisión de Fiscalización en torno a la sustanciación del enjuiciamiento político.
En una rueda de prensa realizada este lunes 14 de noviembre, Saquicela indicó que este tema consta como tercer punto del orden del día para la sesión 810 del Pleno, convocada para mañana, martes 15 de noviembre, a las 10h00.
Explicó que la mesa legislativa tenía plazo hasta el 3 de noviembre para emitir el informe de la sustanciación de la solicitud de juicio político contra los vocales del CPCCS; y que el organismo solicitó una prórroga de cinco días, el cual feneció el 8 de noviembre.
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A esa fecha, la mesa no alcanzó los votos para recomendar el juicio político o el archivo. Entonces, correspondía al Presidente de la Comisión remitir, en el plazo de dos días, al Presidente de la Asamblea Nacional las actas de votación y un informe que detalle las posiciones de los asambleístas para que sea el Pleno el que resuelva.
Luego, el 9 de noviembre, la Comisión reconsideró la votación de la sesión y envió el informe que recomienda el juicio, cuando feneció el plazo adicional de cinco días para dicho efecto. Por tanto, según explicó Saquicela, no existe un informe legalmente aprobado.
Entre las causales del juicio político, se acusa a los consejeros Hernán Ulloa, Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo de incumplir y arrogarse funciones constitucionales y legales "al mantener favoritismo" con una postulante en el proceso de designación de la primera autoridad de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial y la modificación del Reglamento para la Designación y Selección de la Máxima Autoridad de la Contraloría General del Estado.
Además, se denunció el incumplimiento de funciones de los siete miembros del CPCCS por la destitución de Fausto Murillo del Consejo de la Judicatura, para lo cual no habrían tenido facultad legal; la designación de Cristian Cruz como superintendente de Bancos, pese al presunto incumplimiento de requisitos; y, la designación de César Córdova, como Defensor del Pueblo encargado, quien era funcionario del Consejo.