Judicatura afirma que sentencia de la Corte de Pichincha se contradice a la Constitucional

La presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), María del Carmen Maldonado, y otros funcionarios de la institución participaron este lunes en una rueda de prensa en la que dio a conocer presuntas irregularidades en el proceso de expedición de fallos.

“Este Consejo de la Judicatura ha sido el más respetuoso de la independencia judicial, pero no vamos a soportar irregularidades en la expedición de fallos”, sostuvo Maldonado.

Sus declaraciones llegan cuatro días después de que una Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha aceptó la acción de protección iniciada por 15 jueces y ocho conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), quienes fueron removidos por no alcanzar el puntaje requerido en el proceso de evaluación de 2019.

De acuerdo con la resolución de dicho Tribunal, hubo una vulneración de derechos constitucionales a la seguridad jurídica y al debido proceso ante la destitución de los magistrados antes mencionados.

En ese sentido, la Sala también ordenó una reparación económica a cada afectado, según la remuneración recibida al momento del despido sumado a los beneficios establecidos en la Ley.

Esta decisión, dijo Maldonado, se contradice con la de la Corte Constitucional del pasado 21 de diciembre, en la que se determinó que el reglamento usado por el CJ en 2019 para la evaluación de los jueces era inconstitucional, al cual el Consejo pidió un recurso de ampliación y aclaración.

Maldonado aseguró que en en el fallo de la Corte Constitucional no se determinó la vulneración a la independencia judicial, ni que la remoción atenta contra la garantía de estabilidad. Mientras que el dictamen de la Corte Provincial señala todo lo contrario, dijo.

Santiago Peñaherrera, director general del CJ, apoyó el argumento de Maldonado al explicar que la sentencia de la Corte Provincial debía ser armónica a la emitida por la Corte Constitucional, al ser el mayor órgano.

Por su parte, la vocal Ruth Barreno, indicó que entre las irregularidades halladas por los funcionarios del CJ, se determina que una de las juezas que integró el Tribunal de la Corte Provincial y que resolvió la acción de protección actuó mientras estaba con licencia de vacaciones.