Gobierno presenta nueva política de rehabilitación social y decreto para indultar a presos

El Gobierno presentó este lunes la primera Política Pública de Rehabilitación Social del Ecuador con énfasis en la promoción de los derechos humanos de las Personas Privadas de Libertad (PPL), denominado "Mecanismo Técnico de Rehabilitación Social".

Durante el evento –como una acción complementaria- el Presidente de la República Guillermo Lasso suscribió el Decreto Ejecutivo n.° 355 que permitirá acelerar los indultos para quienes podrían acceder a este proceso, pero han seguido detenidos por trámites burocráticos y presuntos actos de corrupción de anteriores gobiernos.

“Con profundo sentido de responsabilidad firmo este decreto, como una acción de respeto a los derechos humanos de muchas personas privadas de la libertad. (...) El objetivo es reducir el hacinamiento en las cárceles, siempre cumpliendo exactamente los requisitos legales que permitan hacerlo”, aseguró.

El "indulto presidencial" está dirigido a presos por casos de robo, hurto, estafa o abuso de confianza, cuando hayan cumplido al menos el 40 por ciento de la pena, que no mantenga otras causas o investigaciones y que no hayan sido sancionados por faltas disciplinarias. La medida se extendió a los que padecen enfermedades terminales.

Lasso recordó que cuando asumió el poder encontró un sistema penitenciario con grandes problemas, y lamentó que el sistema penitenciario del país con sus 36 centros carcelarios haya permanecido en el olvido durante 15 años.

También mencionó que el 43 % de la población carcelaria del país tienen entre 18 y 30 años de edad, lo que supone que está "en plena capacidad productiva", y que son 21.700 los presos que no han terminado sus estudios.

Por lo que aseguró que la política pública busca ofrecer a la población carcelaria la posibilidad de estudiar en alguna especialización técnica, proveer empleos a través de convenios con el sector empresarial, establecer programas de desintoxicación y planes de atención a jóvenes.

“Vamos a dignificar las cárceles. La vida no termina ahí; nuestra meta principal es que su permanencia tras las rejas sea el tránsito hacia una vida nueva”, resaltó Lasso.

Sobre la nueva política, se informó que contempla 12 ejes y más de 300 acciones en el sector de trabajo, justicia, educación, cultura, deporte, asistencia social, derechos humanos, entre otros.

Incluye la creación de carreras técnicas; convenios con empresas para brindar trabajo a los detenidos, programas de desintoxicación y atención especial a los jóvenes infractores. Asimismo, contiene mejoras en infraestructura y tecnología, capacitación de guías, un observatorio de las acciones y un censo. Para su ejecución tendrá un presupuesto de aproximadamente $ 27 millones, en una primera fase.

Por su parte Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos, indicó que hay más de 35.000 personas privadas de su libertad y que la política que se presentó como proyecto, pone al recluso en el centro de la actividad penitenciaria.

Jan Jarab, representante para América del Sur de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ratificó el compromiso de su organismo de reconocer a esta población como un grupo vulnerable. Por ello estableció cuatro pilares fundamentales para su atención: seguridad en los CPL, reducción del hacinamiento, mejorar gestión penitenciaria y mejorar la rehabilitación social.

“Saludamos la decisión del indulto presidencial que hoy se anuncia y que contribuye a la disminución de la sobrepoblación del sistema penitenciario y también que el Gobierno haya asumido la rehabilitación social con responsabilidad. Celebramos la voluntad del Presidente de la República de financiar implementación de esta política pública”, concluyó.