Gobierno critica a la Corte Constitucional por anular Estado de Excepción, en "segunda fase de la guerra"

El Gobierno se ha pronunciado enérgicamente frente a la reciente decisión de la Corte Constitucional, que anuló el último estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa. Este decreto, denominado por Noboa como la "segunda fase de la guerra" contra las bandas del crimen organizado, había sido una medida clave en la estrategia de seguridad nacional.

En un comunicado oficial, el Ejecutivo destacó los logros obtenidos gracias al Estado de Excepción. Según los Ministerios del Interior y Defensa, los operativos del Bloque de Seguridad han conseguido reducir en un 31% las muertes violentas registradas en lo que va de la semana 24 del año, a nivel nacional.

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"El presidente Daniel Noboa ha procedido a repeler con firmeza y contundencia al crimen organizado," subraya el comunicado, atribuyendo los avances significativos en la lucha contra el crimen al decreto de excepción.

Además, el Gobierno resaltó que en Manta se ha alcanzado un logro notable, con ocho días consecutivos sin muertes violentas, "un hecho sin precedentes en todo el 2024".

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En términos de incautaciones, casi tres toneladas de sustancias sujetas a fiscalización han sido confiscadas, lo que representa una afectación económica al crimen organizado de aproximadamente 200 millones de dólares. Estas acciones han debilitado significativamente a las estructuras narco-delictivas, enfatizó el Gobierno.

Asimismo, se ha capturado el 50% de los Objetivos de Alto y Mediano Valor en los últimos meses.

"A pesar de evidenciar resultados alentadores y pasos firmes por parte del Gobierno Nacional, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para restablecer la paz, la decisión de la Corte Constitucional se aparta de la línea firme que el Gobierno emprende, lo cual puede limitar el accionar del Bloque de Seguridad", recoge el comunicado.

Sin embargo, el Gobierno reafirmó su compromiso de continuar la lucha contra el narcoterrorismo. "Seguiremos firmes en la lucha y más convencidos que nunca de que la decisión presidencial del Estado de Excepción es el camino correcto", señalando que esta medida cuenta con el respaldo de análisis técnicos y estratégicos, así como el apoyo popular de las familias ecuatorianas.

Hoy más que nunca, la lucha contra el narcoterrorismo continuará dentro de las competencias determinadas por el marco legal, aseguró el Gobierno.

El máximo tribunal de garantías de Ecuador declaró inconstitucional con voto de la mayoría de sus integrantes el decreto 275 que declaraba el estado de excepción en siete de las veinticuatro provincias del país, así como en un cantón, bajo la justificación de la existencia de un "conflicto armado interno".

Este último estado de excepción buscaba reemplazar a otro anterior que abarcaba cinco provincias y que la Corte Constitucional también había tumbado.

La nueva declaratoria suspendía el derecho a la inviolabilidad del domicilio en las provincias de Guayas, Santa Elena, El Oro, Manabí, Sucumbíos, Orellana y Los Ríos, y en Camilo Ponce Enríquez, de la provincia de Azuay.

En ambos casos, el tribunal consideró que "los hechos mencionados en el decreto no configuran específicamente la causal de conflicto armado interno", según el fallo.

Los magistrados resaltaron que, para el decreto más reciente, el argumento del conflicto armado interno "fue la única (razón) invocada por el presidente de la República".

También recordó que su decisión no afecta a las facultades previstas en el ordenamiento jurídico ordinario para que el Ejecutivo emplee las Fuerzas Armadas para cumplir su misión constitucional, pues los ecuatorianos aprobaron por amplia mayoría en un referéndum celebrado en abril que los militares apoyen a la Policía en operaciones contra el crimen organizado sin necesidad de emitir estados de excepción.