Funcionaria judicial detalla lo que habría ocurrido en el sorteo irregular del caso de Jorge Yunda
Por la forma irregular en que se procesaron dos acciones constitucionales solicitadas por el entonces alcalde de Quito, Jorge Yunda, el Consejo de la Judicatura denunció ciertas vulneraciones o accesos no autorizados al sistema de sorteos de la entidad.
Además, dispuso medidas preventivas de suspensión y sin remuneración por 90 días a los servidores judiciales presuntamente implicados en la asignación de las causas del exalcalde de Quito. Una de esas funcionarias investigadas es Gabriela Beltrán, quien dio su versión sobre lo ocurrido y mencionó que existiría una supuesta red que opera al más alto nivel.
Las medidas cautelares presentadas el 7 de julio de este año por Yunda, que extrañamente ingresaron como cobro de honorarios de abogado, habrían sido recibidas en la ventanilla de la Unidad Judicial Civil de Iñaquito, ubicada en el Complejo Judicial Norte, por Beltrán, pero ella no trabaja ahí, sino en la dependencia de la calle Veintimilla, en otro sector de la capital, recoge el medio Ecuavisa.
Para demostrar su versión, Beltrán mostró la rúbrica que consta en el acta del sorteo de las medidas cautelares de Yunda, y luego su verdadera rúbrica que consta en los documentos que firma a diario, asegura que la primera es falsificada.
La medida cautelar ingresó a las 8h41 de la mañana. No obstante, Beltrán consiguió el video de seguridad que probaría que a esa hora estaba en su lugar de trabajo, no ingresando causas, sino entregando documentación a un compañero.
Además, su jefe certificó por escrito que ese día no salió de la unidad, tiene el registro manual y el registro digital de los trámites que recibió en esa fecha. Explica que sus claves solo sirven en esa Unidad Judicial, para acceder desde otra dependencia requiere autorización, por eso su abogado cree que se trata de una red que opera al más alto nivel.
Beltrán pedirá diligencias para que se compruebe que su firma fue falsificada y entregará toda la documentación.
El Pleno de la Judicatura presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para establecer responsables, autores, cómplices y encubridores en este caso puesto que se presume la existencia de un modus operandi para direccionar procesos.
Los funcionarios investigados fueron separados provisional y preventivamente del conocimiento de otras causas “para evitar un daño mayor en el servicio de justicia”, argumentó María del Carmen Maldonado, presidenta de la Judicatura.