Freddy Carrión fue censurado y destituido por la Asamblea Nacional

Con 75 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional censuró y destituyó al defensor del Pueblo, Freddy Carrión, por incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución y la ley en el ejercicio de su cargo.

Los votos a favor vinieron de las bancadas de la Izquierda Democrática (ID), PSC y la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN) que agrupa CREO y asambleístas independientes. Por su parte, Pachakutik se dividió y el correísmo votó en contra.

La Legislatura dispuso se remita el expediente a la Fiscalía y a la Contraloría General del Estado, a fin de que en el marco de sus competencias inicien las investigaciones.

Según la resolución, que registró 47 votos negativos y 14 abstenciones, se procederá con la notificación al Ministerio de Trabajo para que se registre la censura y destitución de Freddy Carrión del cargo de Defensor del Pueblo y, en consecuencia, se disponga la prohibición de ejercer algún cargo en el sector público durante el tiempo que determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa (dos años).

Así mismo, se recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional el inicio de un proceso de fiscalización y control político en contra del exministro de Salud Pública, Mauro Falconí; y, de ser procedente, se instaure el correspondiente juicio político, reza el comunicado emitido por la Asamblea.

CONTEXTO

La sesión del pleno del Parlamento para proceder al enjuiciamiento político de Carrión se instaló a las nueve de la mañana con una hora de retraso, y pasado el mediodía se había avanzado en la lectura de algo más de la mitad del informe de la comisión de Fiscalización y Control Político, que costa de más de 200 páginas.

Carrión está recluido desde mayo pasado en una cárcel de Quito pues está procesado por un presunto abuso sexual supuestamente perpetrado durante un festejo en el departamento del exministro de Salud Mauro Falconí, en pleno estado de excepción por la pandemia de la covid-19.

En su informe, la Comisión de Fiscalización y Control Político determinaba que, luego de todas las pruebas de cargo y descargo; testimoniales y documentales en las cuales el interpelado dijo que estaba trabajando y ejerciendo sus funciones de Defensor, existen varios incumplimientos a leyes expresas, como por ejemplo, la Ley de la Defensoría del Pueblo y la Ley Orgánica del Servicio Público.

Asímismo, la comisión consideraba que el incumplimiento de normativa relacionada con derechos humanos se configuró cuando ejerció violencia y daños contra una mujer, como se evidencia en los videos y en la documentación expuesta en el proceso penal, indicó el Parlamento en un comunicado.

DEBATE

En el debate participaron 13 asambleístas. La primera en intervenir fue la interpelante Yeseña Guamaní, quien presentó la moción de censura y destitución, una vez que se han actuado las pruebas de cargo y de descargo.

“Esta noche debemos dar un mensaje claro y de esperanza al país, que debe ser con la censura y destitución el Defensor del Pueblo”, enfatizó.

De inmediato, tomó la palabra Fernando Villavicencio, quien defendió el trabajo de la Comisión de Fiscalización. Agregó que el juicio estuvo caído, por la acción de protección propuesta por los abogados de Carrión, pero que con el apoyo de juristas externos se logró que la justicia falle a favor de la Asamblea.

Para Nathalie Viteri el Defensor del Pueblo demostró ser un experto en la manipulación emocional y “un manipulador no puede estar al frente de la Defensoría”.

Entre tanto, Edgar Quezada consideró que no existen elementos de juicio suficientes para demostrar el incumplimiento de funciones, pues se trataría de una vendetta en contra del único funcionario que defendió a la ciudadanía durante el paro de octubre de 2019.

En similar sentido se pronunciaron las legisladora Jhajaira Urresta y Viviana Veloz.

Las legisladoras Ana Belén Cordero y Soledad Diab, integrantes de la Comisión de Fiscalización, coincidieron en el sentido que el Defensor del Pueblo, más allá de los posibles actos delictivos de los cuales se le acusa, debió respetar la alta magistratura que representa y no estar involucrado en actos reñidos con la moral.

A criterio de Alejandro Jaramillo, Carrión no pudo demostrar que parte de sus funciones era ir de farra con su gran amigo Mauro Falconí; tampoco agredir a una mujer.

“Este es un juicio político y lo que estamos juzgando es el incumplimiento de funciones”, añadió. De igual manera, su colega de bancada Johanna Moreira, cuestionó a quienes defienden a un funcionario que violentó derechos de una mujer.

De su lado, Salvador Quishpe subrayó que están en la Legislatura, no por un juicio político, no solo por una censura o no censura, sino por la lucha por los sueños de los pueblos del Ecuador, por la defensa del agua, por la defensa de la vida. “Este juicio es por el informe de la Comisión de la Verdad por los hechos de octubre”, enfatizó.

Diego Ordóñez expresó su desconcierto por los razonamientos que identifican este juicio con una retaliación política por el informe sobre los hechos de octubre.

“No se trata de un proceso por venganza alguna, se trata de hechos que son evidentes, uno de ellos la agresión del Defensor del Pueblo a una mujer”, explicó.

La sesión 726 del Pleno duró más de 14 horas.