Fiscalía pide prisión para vocales de la Judicatura por presunto tráfico de influencias y medidas contra un juez

Más de cuarentena elementos de convicción presentó la fiscal general del Estado, Diana Salazar, en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), Maribel Barreno y Juan José Morillo, y del juez de Pichincha, Vladimir Jhaya, por presunto tráfico de influencias.

La audiencia de formulación de cargos se instaló este miércoles 7 de junio ante el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Javier De la Cadena.

En la diligencia, los vocales fueron acusados comos autores directos, mientras que el juez provincial fue considerado cómplice, de acuerdo al nivel de participación en el delito imputado.

Fiscalía también detalló cómo se habrían cometido la infracción penal que se les imputa a cada uno. policía

La investigación inició luego de que un exasambleísta y un abogado denunciaran el hecho, con base en la difusión -por parte de un medio digital- de una grabación magnetofónica el 15 de junio de 222, en la que se daba cuenta de una conversación entre los vocales del CJ y el entonces presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Gustavo O., sobre una acción de protección interpuesta por la entonces presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, para mantenerse en el cargo.

La reunión se habría efectuado la mañana del 2 de junio de 2022, en una oficina ubicada en el norte de Quito, fuera de las dependencias de la Judicatura.

Allí, los vocales involucrados -según consta en la grabación- le solicitaron directamente a Gustavo O., juez integrante del Tribunal, que debía conocer y resolver la acción de protección, que falló a favor y en el menor tiempo posible.

En este hecho habría colaborado el juez provincial Vladimir Jhaya, pues sería quien dio las indicaciones de cómo llegar al lugar de la reunión, afirmando que se trataba de una oficina de Juan Jose Morillo, incluso exponiendo argumentos para motivar el fallo solicitado por las autoridades de la Judicatura ahora procesadas.

Para sustentar la formulación de cargos contra los 3 procesados, la fiscal presentó 41 elementos de convicción recabados en la investigación previa. Entre los mas importantes se cuentan:

La transcripción del archivo de audio de la grabación de la conversación del 2 de junio de 2022, en la que habrían participado los procesados; copia certificada del acta del testimonio anticipado de la Jueza que grabó la conversación, además de oficios, certificados, versiones, acciones de personal y otros.

Al final de la audiencia, Fiscalía solicitó prisión preventiva para los vocales de la Judicatura, mientras que para el juez provincial pidió prohibición de salida del país, presentación periódica y colocación de dispositivo de vigilancia electrónica.