Fernando Villavicencio presume acuerdo "oculto" entre Gobierno y China, tras rechazar informe sobre Coca Codo Sinclair
Antes de anunciar que dejaría la Presidencia de la Comisión de Fiscalización y Control Social, ayer miércoles 28 de septiembre, el asambleísta Fernando Villavicencio enfatizó que lo haría luego de conocerse "la verdad" sobre la investigación del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.
Sin embargo, este jueves su informe sobre la central y su relación con el caso 'INA Papers' no obtuvo el respaldo de los representantes del correísmo y oficialismo. En la sesión de la mesa legislativa, solo tres asambleístas apoyaron el documento: Pedro Velasco (independiente-BAN), Bruno Segovia (independiente) y el mismo Villavicencio.
Según presume el aún titular de Fiscalización existiría un acuerdo entre el gobierno de Guillermo Lasso y el de China por el tema de la central hidroeléctrica, por lo cual se impidió la aprobación del informe que determina irregularidades, sobreprecios y corrupción en la obra.
Entre las recomendaciones del informe, se determinó que “la suerte de este proyecto -que costó al país más de $ 3.311 millones- requiere de una decisión presidencial que evite que el país reciba una obra que contiene graves fallas estructurales”.
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"No hay ningún argumento para no aprobar el informe, por parte del Gobierno; porque son las instituciones del Gobierno, el presidente Lasso, las que recomiendan no recibir la central. Lo que hace la Comisión de Fiscalización es incorporar esos análisis técnicos de CELEC EP y la Contraloría General del Estado y emplazar al presidente Lasso a que no reciba la central", cuestionó el legislador en declaraciones a la prensa.
Apuntó que "todo hace concluir que aquí hay un acuerdo oculto con el gobierno de China".
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FISURAS Y DAÑOS EN LA CENTRAL
En agosto pasado, Nicolás Andrade, gerente general de la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP, informó a los miembros de Fiscalización la situación de las centrales hidroeléctricas.
Respecto del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, explicó que entre 2015 y 2022 se ha detectado un total de 17.499 fisuras en los 8 distribuidores, mismos que la empresa constructora Sinohydro Corporation ha ido atendiendo en este período; sin embargo, en enero de 2022 se emitió un informe técnico que especifica la relevancia de las fisuras y el potencial daño catastrófico de la planta, por lo que se han iniciado acciones legales en contra de la constructora.
Advirtió que el Estado no recibirá la obra mientras no esté garantizada la vida útil de la planta por 50 años.