Exministro de Correa y Moreno, Javier Córdova, es llamado a juicio por presuntoenriquecimiento ilícito
El exministro de Estado Javier Felipe Córdova, quien ejerció funciones entre 2012 y 2018 (en los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno), fue llamado a juicio como presunto autor directo del delito de enriquecimiento ilícito.
Este lunes 5 de agosto, el juez nacional Marco Rodríguez Ruiz anunció su decisión, luego de analizar los 110 elementos de convicción presentados por la Fiscalía General del Estado.
En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, el fiscal general del Estado (subrogante), Wilson Toainga, indicó que entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de enero de 2018, el procesado ocupó varios cargos públicos en calidad de Ministro del Interior, Ministro de Recursos Naturales No renovables y Ministro de Minería.
REVISE | Wilman Terán y Maribel Barreno llamados a juicio por presunta obstrucción a la justicia
Durante este periodo existió un aumento patrimonial injustificado por parte del procesado, por un millón 281 mil dólares, el cual se produjo de manera constante y continuada a través de actividades financieras de diversa índole, como el pago de valores realizado por terceras personas en efectivo, cheques y transferencias por supuestas relaciones comerciales, societarias y préstamos que no contaban con justificación o respaldo documentado.
También existió la compraventa de motocicletas, la adquisición de vehículos con pagos efectuados por terceros, depósitos o transferencias realizados por personas particulares, así como la cancelación de deudas de sus tarjetas de crédito por terceras personas sin que tengan relación comercial, pues era funcionario público.
El Fiscal mencionó que el incremento patrimonial de Córdova, durante el periodo que se desempeñó como funcionario público, superó los 400 salarios básicos unificados del trabajador en general, por tanto su accionar se subsume en el delito tipificado en el artículo 279 incisos primero y segundo del Código Orgánico Integral Penal.
Como elementos de convicción se presentaron: el Informe de Responsabilidad Penal emitido por la Contraloría General del Estado, certificados bancarios, versiones, oficios con información de las tarjetas de crédito del procesado, acciones de personal de una entidad pública, pericias financieras, entre otros.
El Magistrado ratificó la orden de prisión preventiva y la inmovilización de sus cuentas bancarias por 1´281.402,27 dólares, al ser el valor del enriquecimiento ilícito establecido mediante la pericia financiera.
En enero pasado, el juez nacional Marco Rodríguez dictó prisión preventiva contra el procesado y dispuso su localización y captura, para lo cual se ha oficiado a la Interpol para que rastree su ubicación, sobre todo en Colombia y Estados Unidos.