Ecuador concreta mecanismo para pagar millonaria indemnización a petrolera Perenco

El Ministerio de Economía y Finanzas resolvió con la petrolera francesa Perenco un plan para cumplir con el pago de la indemnización establecida en un laudo arbitral, en el que Ecuador fue condenado.

La cartera de Estado indicó, este jueves 22 de diciembre de 2022, que con esto se pone fin a una disputa histórica originada en administraciones pasadas por "irrespeto a la institucionalidad".

El proceso arbitral del caso Perenco se inició el 30 de abril de 2008, en el cual, la compañía francesa exigía, originalmente, un pago de $ 1.423 millones como reparación por el daño que alegaba haber sufrido a consecuencia de la adopción de la Ley No. 42 del 25 de abril de 2006.

En ese cuerpo legal se estableció una participación mínima del Estado equivalente a un 50 % de los excedentes de los precios de venta de petróleo no pactados o no previstos; porcentaje que mediante el Decreto Ejecutivo No. 662 de 4 de octubre de 2007, se incrementó al 99 %.

Entonces, la empresa -que ya no opera en el país- acudió al tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI, del Banco Mundial).

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El laudo fue establecido en $ 435,18 millones, de los cuales, Ecuador debía deducir $ 54,44 millones por daños ambientales y $ 6,37 millones por costos y gastos arbitrales a favor del Estado. Con esto, el monto neto de capital quedó en $ 374,37 millones más intereses.

Finalmente, luego del cruce de valores adeudados al Estado por medio del SRI (Servicio de Rentas Internas), este valor quedó establecido en $ 351,69 millones más intereses.

Para el pago de la indemnización, el Gobierno acordó un cronograma que se extiende hasta finales del año 2023.

El ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, manifestó que con el mecanismo se da solución a un problema que se originó por "cambios de reglas contractuales en el periodo de gobierno 2007-2017".

Perenco, a través de uno de sus voceros, agradeció la determinación y el respeto a la institucionalidad por parte del Estado ecuatoriano.