¿Dónde está la plata del Isspol?
En su primer acto oficial, la flamante ministra de Gobierno Alexandra Vela Puga anunció el apoyo total para recuperar 900 millones de dólares de la seguridad social de la Policía Nacional, invertidos en forma irregular.
"My friend” era su frase recurrente. John Robert Luzuriaga se ganaba la confianza de quienes lo conocían. Empezó a trabajar en el Instituto de Seguridad Social de la Policía (ISSPOL) el 4 de enero de 2012. En esa entidad laboró hasta el 11 de noviembre de 2019. Era director de Riesgos, con un sueldo mensual de 3.038 dólares.
A fines de febrero de este año fue detenido en Estados Unidos. El proceso penal en su contra determina que habría recibido 1,3 millones de dólares en sobornos, entre 2014 y 2019. ¿La ruta de los pagos? 419 mil dólares en cheques girados a su nombre; 663 mil dólares a sus familiares; y, 313 mil dólares en una tarjeta de débito con la cual hacía compras. Además, registró tres empresas en ese país.
El último día del año 2015, Luzuriaga le escribió un mensaje a su benefactor, quien fue la contraparte privada de varias operaciones bursátiles del ISSPOL: “Gracias por arreglar mi vida financiera y la de mi familia”. Por esos días, el instituto de la seguridad social policial invirtió una altísima suma (327 millones de dólares) en una transacción que ahora está bajo la lupa de las autoridades judiciales, en ambos países.
“Luzuriaga tenía influencia respecto a las decisiones relativas a inversiones del ISSPOL”, advierte el expediente estadounidense, que lo acusa de ser parte de un esquema de sobornos y lavado de activos.
En el entramado participaron actores privados. Luis Alberto Álvarez trabajó desde antes de cumplir 18 años en el sector financiero y bancario. Primero se vinculó al área de Sistemas del Banco de Crédito e Hipotecario. Luego se dedicó al campo bursátil y de valores. “Cantante aficionado desde chiquito; su deporte preferido es el baloncesto; practica regularmente tenis”, describe un perfil suyo en la red. Nacido en Milagro; intentó incursionar en la vida política cantonal.
Álvarez tiene 62 años. Hasta fines de 2020 ocupó puestos claves en la Bolsa de Valores de Guayaquil y el Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores, Decevale. Esta última entidad nació como una sociedad anónima, autorizada y controlada por la Superintendencia de Compañías. Su objetivo: actuar como depósito centralizado de compensación y liquidación de valores privados a nivel nacional. Además, liquidar las operaciones negociadas en las dos Bolsas de Valores del país.
En teoría, Decevale actuaba como custodio de papeles que garantizaban buena parte de las inversiones del ISSPOL.
La realidad es distinta. En medio de un entramado de maniobras bursátiles, de aparente legalidad, casi 900 millones de dólares de la seguridad social policial se invirtieron en forma irregular.
El ISSPOL tiene unos 1.550 millones de dólares en capital. De ese valor, 650 millones son las inversiones privativas, es decir, se destinaron a préstamos quirografarios o hipotecarios. La morosidad apenas llega al dos por ciento, explica el director del instituto, coronel Renato González.
El problema está en las inversiones no privativas. Debían cumplir criterios de riesgo en balance con la rentabilidad. Todo indica que primaron intereses ajenos al fondo, del cual dependen los servicios de salud y las pensiones de unos 80 mil policías y sus familias.
El entramado
Descifrar la telaraña bursátil fue una tarea descomunal que empezó a mediados de 2019, después de una denuncia publicada en Vistazo, sobre inversiones irregulares con la plata de la Policía. En agosto de 2020, la entonces ministra de Gobierno María Paula Romo hizo público el caso. En septiembre, tras una reunión con el embajador de Estados Unidos, ese sistema judicial empezó a desenredar el ovillo, al rastrear transacciones, depósitos, apertura de cuentas; creación de empresas e intercambio de mensajes de correo.
Luis Alberto Álvarez es señalado por la justicia estadounidense. “Específicamente entre 2014 y 2019, el acusado recibió aproximadamente 3,1 millones de dólares desde cuentas basadas en Estados Unidos, incluyendo depósitos en el distrito del sur de Florida, al igual que un departamento en Miami, como parte de un esquema de sobornos”, según el proceso instaurado en su contra, en la Corte del Distrito Sur de Florida.
El ISSPOL-Gate revela hasta qué punto el sistema bursátil y la institucionalidad de control fueron erosionados. El entramado levantó un blindaje político, durante el gobierno de la Revolución Ciudadana.
La justicia estadounidense investiga la participación del empresario e inversionista Jorge Chérrez. “Hay causas para creer que entre 2014 y 2020, Jorge Chérrez conjuntamente con otros, conspiraron para el blanqueo de instrumentos monetarios”. Los documentos procesales mencionan que Chérrez habría pagado 2,6 millones de dólares en coimas a directivos del ISSPOL. Uno de ellos, según el proceso, “My friend” Luzuriaga.
Chérrez estaría domiciliado en México. Por vía telemática, compareció en tres ocasiones ante la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral, que investigó la estafa ISSPOL durante el anterior período legislativo. En su primera intervención el empresario explicó a los policías que su dinero no está perdido y que su experiencia en el manejo de fondos de la institución uniformada data desde el año 2003. Criticó que en septiembre de 2019 hubiera sido separado el único policía en servicio activo que manejaba los fondos y cuestionó la cesación de los directores. Aclaró que su rol fue de asesoría, enfatizando que las decisiones relativas a las inversiones las adoptó el instituto de seguridad. Chérrez afirmó que buscaba una mediación para reestructurar el portafolio de inversiones.
El informe final de la comisión legislativa establece que “el ISSPOL fue terreno fértil para presuntas irregularidades”. En 2011, un cambio de normativa delegó la responsabilidad de las decisiones de la seguridad social policial al Ministro del Interior. En 2016, “cuando ya se habían consumado los mayores negocios y operaciones se aprueba la Ley de Fortalecimiento de Regímenes Especiales de Seguridad Social de las FF.AA. y la Policía”. Esa legislación garantiza que en caso de déficit, las pensiones fueran cubiertas por recursos fiscales. El proyecto del correísmo tendía a unificar los sistemas de seguridad social de civiles y uniformados. Así, las pérdidas generadas por las malas inversiones quedaban licuadas y sepultadas por el tiempo.
El gobierno de Guillermo Lasso definió como prioritaria la tarea de recuperar los recursos de la Policía. La señal es tan clara, que a mediados de julio, en su primer acto oficial como ministra de Gobierno, Alexandra Vela ofreció todo el apoyo para que los responsables del atraco respondan ante la justicia. Caerán quienes tengan que caer, según el anuncio.