Cuatro horas de sesión, un exhorto y ningún efecto jurídico

Una vez más, el presidente de la República, Guillermo Lasso, dio la negativa a la Asamblea Nacional de asistir al pleno a comparecer sobre su supuesta vinculación con paraísos fiscales por el caso Pandora Papers.

“Yo mandaré una carta a la Asamblea y les diré: aquí está el informe de la Contraloría, qué más quiere que le diga. Yo creo que el informe de la Contraloría es contundente y absolutamente claro, por lo tanto, no hace falta que yo asista”, señaló Lasso este miércoles en una entrevista con Radio Sucesos y Radio Democracia/EXA.

Lasso ha tomado esta decisión con la seguridad de que su acción no tendrá ningún efecto jurídico. Así lo ratifican también expertos en materia constitucional.

El experto parlamentario, André Benavides, explica que, en primer lugar, en el artículo 1 de la resolución tomada por la Asamblea, tras más de cuatro horas de sesión, se establece un exhorto y “esto no genera ninguna obligación, ni consecuencia jurídica” si el presidente decide no ir.

En segundo lugar, según Benavides, ni constitucionalmente ni legalmente existe un efecto jurídico por la no asistencia. “Esa es una de las deficiencias que existe en nuestro ordenamiento jurídico. En estos casos, el presidente de la República no va y no pasará nada”, señala.

Un tercer aspecto a tomar en cuenta es que, legalmente, “los únicos dos casos en los que el presidente tiene la obligación de comparecer a la Asamblea son: cuando se le siga juicio político y cuando tenga que rendir el informe a la nación”, afirma Benavides.

El abogado y profesor en Derecho Constitucional, Ismael Quintana, coincide con Benavides en que la resolución tomada por la Asamblea no obliga de ninguna manera a Lasso a comparecer ante el Parlamento y el único efecto que tiene es político. “Lo que se ha hecho es un simple exhorto. (...) No va más allá de dar un mensaje político”, dice.

La única forma de obligar al presidente a asistir era mediante la aprobación de la moción correísta que pedía iniciar el trámite de destitución, sostiene Quintana. “En ese caso, (el presidente) habría sido obligado a comparecer para ejercer su derecho a la defensa, pero esa moción no alcanzó los votos para su aprobación”. Además -opina- en esa propuesta no había la causal de grave crisis política y conmoción interna.

Más allá de si es obligatoria o no la presencia del presidente en la Asamblea, Quintana considera que, como político, Lasso sí debería asistir a contestar las preguntas de los legisladores. “El presidente tiene los elementos para desvirtuar los señalamientos del informe de la Comisión de Garantías Constitucionales, pero queda el sinsabor de que Lasso no ha querido dar la cara para aclarar las cosas”, piensa.

CONTEXTO

La noche del martes 7 de diciembre la Asamblea resolvió exhortar al presidente, Guillermo Lasso, para que explique ante los legisladores su supuesta vinculación con paraísos fiscales, pero, como lo refieren los expertos, el exhorto no constituye una obligación para Lasso.

Se trató de la tercera moción presentada por el asambleísta Alejandro Jaramillo (ID) en la que se pedía al jefe de Estado acudir al parlamento para responder a las preguntas de los legisladores.

Las mociones que no tuvieron el visto bueno del Parlamento fueron dos: la iniciada por Paola Cabezas, en la que se pedía la destitución de Lasso, y otra del presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, Fernando Cabascango, que exigía la presencia del mandatario en un plazo de 30 días.

La decisión del Parlamento ocurrió el mismo día que la Contraloría decidió archivar el proceso de investigación contra el presidente Lasso, al “no encontrar elementos objetivos que demuestren que, a las fechas de inscripción de la candidatura del Presidente, y de posesión de dicho cargo, era propietario directo o indirecto de bienes o capitales” en paraísos fiscales.

REACCIONES

Mediante un comunicado, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) rechazó este miércoles que un sector del la bancada Pachakutik no haya apoyado la moción presentada por el legislador Cabascango.

Según la COINAE, la presidenta de la asamblea Guadalupe Llori, el jefe del bloque, Rafael Lucero y la Dirección Nacional del Movimiento Pachakutik estarían "protegiendo los intereses del Gobierno, contrarios a los principios y al proyecto político del Movimiento indígena y organizaciones sociales".