Correa, Nebot e Iza promueven acciones tras "muerte cruzada" ejecutada por Lasso

Como "ilegal", "disfraz de dictadura" y "auto golpe de Estado" han calificado el expresidente de la República, Rafael Correa, el líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, y el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, al decreto del primer mandatario Guillermo Lasso que activó, este miércoles 17 de mayo, el mecanismo de "muerte cruzada".

Los tres actores políticos, llamados "triunviros de la conspiración" por Lasso, han sido acusados de estar detrás del juicio en contra del primer mandatario, que ha generado incertidumbre en el país.

A pesar de que Nebot apoyó su candidatura, Lasso lo considera un detractor junto a Correa e Iza, quien ha impulsado violentas protestas contra su administración.

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OPORTUNIDAD PARA "LIBRARNOS DE LASSO"

Correa aseguró que es ilegal la "muerte cruzada" decretada por el primer mandatario y cuestionó el argumento de "grave conmoción política e interna".

"Lo que Lasso hace es ilegal. Obviamente no hay ninguna 'conmoción interna'. Tan sólo no pudo comprar suficientes asambleístas para salvarse (del juicio político). En todo caso, es la gran oportunidad para librarnos de Lasso, de su Gobierno y de sus asambleístas de alquiler, y recuperar la patria", dijo Correa en su cuenta de Twitter.

"Es obvio que no existe ningún estado de conmoción interna, sino un juicio político en aplicación de la Constitución", añadió.

DEMANDA

De su parte, el exalcalde de Guayaquil suscribió un comunicado del Partido Social Cristiano (PSC), en el que se resalta que "la muerte cruzada es inconstitucional, sin efecto jurídico, inconveniente y disfraz de dictadura".

Se acusa, además, a Lasso de argumentar "falsamente" las causales para disolver a la Asamblea Nacional y convocar a elecciones anticipadas.

También recordó que el presidente, en una entrevista con CNN, aseguró que acudiría a la muerte cruzada si no conseguía los votos para quedarse en el cargo: "esto es una confesión de su decisión de inventar una causal para hacerlo".

Ante aquello, el PSC procederá a presentar ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad, con medida cautelar de suspensión del Decreto Ejecutivo No. 741 firmado por Lasso.

"En lo político y la práctica, el Presidente se ha declarado dictador, aunque sea por corto tiempo", señala el escrito.

CONVOCATORIA DE LA CONAIE

Leonidas Iza Salazar, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), calificó de "cobarde auto golpe de Estado" la decisión de disolver la Asamblea Nacional.

"Al no contar con los votos necesarios para salvarse de su inminente destitución, Lasso da un cobarde autogolpe de Estado con ayuda de Policía y Fuerzas Armadas, sin apoyo ciudadano, convirtiéndose en una inminente dictadura", apuntó en su cuenta de Twitter.

Mediante un comunicado, la Conaie informó que "frente a la grave situación política del país y un escenario de dictadura de Guillermo Lasso, llamamos a los pueblos y nacionalidades a mantener la unidad en cada estructura organizativa a nivel nacional".

Por lo que se convocará en las próximas horas a un consejo ampliado extraordinario para el análisis y la toma de decisiones colectivas.

Lasso decretó en medio del juicio político en su contra la denominada "muerte cruzada", que disuelve la Asamblea Nacional y convoca elecciones generales anticipadas, de modo que gobernará mediante decretos-ley, que deben ser avalados por la Corte Constitucional, hasta que asuma su sucesor.

En cadena nacional, Lasso anunció esta medida por "grave conmoción interna y política", después de haber comparecido ayer ante el Pleno del Legislativo para defenderse de un presunto delito de peculado.

"Los acusadores se han obsesionado por acabar con mi Gobierno impulsados por un sobrehumano rencor, sin embargo, han sido incapaces de encontrar prueba alguna en mi contra porque no hay nada que encontrar, absolutamente nada", aseguró.

El juicio político fue promovido por la oposición, entre ellas la bancada de Unión por la Esperanza (Unes), afín a Correa; y el Partido Social Cristiano (PSC), a los que se unieron algunos miembros del movimiento indígena Pachakutik, de Izquierda Democrática (ID) y otros legisladores independientes.