Contratos con China: No fueron buenos, bonitos ni baratos

Siete años después del terremoto de Manabí, y luego de varios retrasos, a fines de julio debería estar en funcionamiento el hospital de Pedernales. La ejecutora es la empresa China CAMC, que desde 2012 ha recibido unos mil millones de dólares en contratos de obra pública. Fue privilegiada durante el gobierno de la Revolución Ciudadana y ese favoritismo se mantuvo en el mandato de Lenín Moreno, que le otorgó el contrato para el hospital manabita en octubre de 2020.

Esto, pese a que en abril de 2019, un informe del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) señalaba a esa empresa. Según el CPCCS-T, la contratista China CAMC Engineering Co. LTD. habría integrado una lista de entidades inhabilitadas para la adjudicación de contratos financiados por el Banco Mundial, por haber incumplido normas y regulaciones sobre fraude y corrupción.

No pagó renta. Según descubrió esta alianza, no ha pagado el Impuesto a la Renta (I a la R) desde 2020 hasta 2022. Reportes del Servicio de Rentas Internas (SRI) indican el último año fiscal en el cual pagó este impuesto fue en 2019; entonces canceló 3,8 millones de dólares. Esto es casi la mitad del valor tributado del año previo (2018) cuando pagó la cifra más alta de su historial en Ecuador, 7,3 millones de dólares. Por concepto del Impuesto a la salida de divisas, en 2021, tributó 15 mil dólares.

No es el único foco de tensión con esta firma. Un reporte de inteligencia económica al que accedió esta alianza revela que ha sido una proveedora relevante para el Estado ecuatoriano, bajo la figura de régimen especial. “Es un tipo de contratación cuyo denominador común son los procesos contractuales sin concursos ni estudios de mercado”.

De hecho, la misma empresa ganó un contrato por 40 millones de dólares, en el marco del proyecto Casa para Todos, publicitado por el gobierno de Lenín Moreno. Para la construcción de 4.608 casas, el Banco de Desarrollo de China prestó al país 109,3 millones de dólares. China CAMC fue una de las tres escogidas, sin concurso, de un listado de 19 firmas impuestas por el gobierno asiático.

Debía edificar 2.095 unidades habitacionales pero ilegalmente subcontrató a una entidad ecuatoriana para cumplir esa obligación. La Ley de Contratación prohíbe que un subcontratista reciba más del 30 por ciento del total de un proyecto. Ésa no fue la única irregularidad; además hubo demoras en la ejecución del proyecto estrella del gobierno de Moreno. Según informes de Contraloría, la constructora ya había incurrido en la práctica de subcontratar, en la ejecución de los hospitales Monte Sinaí y Zofragua.

La empresa se defendió en su momento. Indicaba que, por el contrario, había sido perjudicada por la contraparte local. Según su argumento, ésa abandonó las obras e incumplió con sus obligaciones contractuales.

Hasta 2018, fue contratada para 17 obras, según el informe del CPCCS-T, con base en datos del Servicio de Contratación de Obras (Secob). Algunos de los proyectos emblemáticos eran:

. 5 hospitales públicos en Manabí, Guayas y Esmeraldas por 346, 3 millones de dólares

. La plataforma gubernamental norte, cuyo valor final superó los 220 millones de dólares.

. 12 centros regionales del ECU-911, por 61 millones de dólares.

La plataforma gubernamental al norte de Quito tuvo problemas por mal funcionamiento del alcantarillado y presentó inundaciones. A esas fallas estructurales se sumó el hecho de que la contratista habría pagado 1,3 millones de dólares, en forma irregular, con el fin de que Contraloría desvaneciera una glosa por 22,5 millones por problemas en esa obra.

Para la empresa, sin embargo, los procesos contractuales fueron transparentes. Cuando se presentaron inundaciones en la estructura recién inaugurada, los voceros deslindaron responsabilidades.

La entidad china, en su objeto social, se dedica a la construcción de todo tipo de edificios residenciales, edificios de alturas elevadas, viviendas para ancianatos, casas para beneficencia, orfanatos, carteles, cárceles, conventos, casas religiosas, lo que incluye remodelación, renovación o rehabilitación de estructuras existentes.

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China National Electronics Import & Export Co. Ltd. (CEIEC) entra en el ranking levantado por esta alianza.

A inicios de noviembre de 2012 se suscribió el contrato 945-DE-DCP-2012, para la adquisición, instalación e implementación de 55 juegos (kits de seguridad); adquisición, licenciamiento e implementación de una plataforma informática. El proyecto, llamado Transporte Seguro, tenía dos responsables: la Agencia Nacional de Regulación y Control del transporte terrestre y la firma CEIEC. Esta sería la encargada de proveer e instalar los kits de seguridad.

Para los primeros meses de 2013 se anunciaba la instalación de los dispositivos en taxis y en buses. Cámaras grababan lo ocurrido en la unidad de transporte; si el botón de pánico se activaba, la información llegaría hasta el centro de auxilio en el ECU-911, a través de una plataforma tecnológica. Un dispositivo GPS identificaba la localización. El proyecto estaba cuantificado en 73 millones de dólares.

En 2015 se firmó el contrato para la Fase 2, que implicaba la ampliación del data center del proyecto. El monto: 36 millones de dólares. Para 2016, se anunció que más de 70 mil unidades contaban con el sistema. Hasta 2019 el funcionamiento fue relativamente normal. Hoy, la plataforma que comunica el sistema con el ECU911 se encuentra inactiva.

En 2016 la firma CEIEC firmó el contrato con el Ministerio de Justicia (hoy Mujer y Derechos Humanos) por 13,7 millones de dólares. El objeto: la adquisición e implementación de la Plataforma Informática y dispositivos de geo-posicionamiento electrónico. En otras palabras, los grilletes para ubicar a las personas que cumplen penas no privativas de libertad.

Documentos reservados en poder de esta alianza muestran que el contrato fue perjudicial para el Estado, por cuanto fue financiado “con crédito chino oneroso, pagado con petróleo a precios descontados”. CEIEC habría ganado el 800 por ciento como intermediaria en la venta de los grilletes, si se considera el precio del fabricante. “Se simuló un concurso abierto”, advierte el informe. Según esta fuente, el crédito estuvo atado a la contratación de esta empresa. Durante el correísmo, la firma habría recibido 12 contratos por 424 millones. Del total, nueve habrían sido atados a endeudamiento con petróleo.

Los voceros de la firma china se han defendido en entrevistas de prensa. Argumentaron que no hubo sobreprecio en los grilletes, ya que quienes comparan cifras usan como referencia los costos de dispositivos muy baratos y sin garantías, que aparecen ofertados en páginas de internet. Además, defendieron la idoneidad de los dispositivos de localización, pues explicaron que estos emiten alertas cuando son manipulados. Así salieron al paso de acusaciones y críticas, que se hicieron públicas cuando el exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado se retiró el grillete y huyó del país.

No pagó renta. La empresa no pagó impuesto a la renta desde 2020. En 2019 tributó 44 mil dólares por este rubro. En 2017 y 2018 tampoco tributó. Su año récord para el pago de impuesto a la renta fue 2014: contribuyó con 977 mil dólares. En 2015 pagó 89 mil dólares por salida de divisas.

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A un costo de 670 millones de dólares fue construido el proyecto hidroeléctrico Paute Sopladora, con capacidad de 487 megavatios. La responsable: la empresa China Gezhouba Group.

La obra fue entregada en 2016. Se encuentra entre las provincias de Azuay y Morona Santiago. En abril de 2021 fue recibida definitivamente por Celec. Contraloría estableció multas y glosas por 248 millones de dólares.

La misma empresa firmó en 2012 con la Secretaría del Agua un contrato para la ejecución de obras para evitar las inundaciones del río Bulubulu, por un monto de 55 millones de dólares. Por la entidad estatal firmó el contrato Walter Solís Valarezo, quien fue sentenciado por el caso Sobornos, por el delito de cohecho. También fue procesado el representante de la empresa en Ecuador, pero presentó un recurso constitucional de acción extraordinaria de protección, al considerar que su derecho fue violentado.

No paga renta. La firma china pagó impuesto a la renta hasta 2017, año en que pagó 840 mil dólares por ese rubro. En 2016 había pagado 2,6 millones de dólares, que fue el año récord de la tributación. Eso sí, ha pagado impuestos a la salida de divisas, en lo que va del año 2023 ha pagado 24 mil dólares por este concepto. Y en 2022 contribuyó por ese rubro con 56 mil dólares.

Hydrochina corp. es el nombre acortado de China Electricidad Ingeniería Consultorio Grupo Co. La firma recibió el contrato para la ejecución de la central hidroelétrica Delsitanisagua, que aprovecha las aguas del río Zamora. El contrato fue firmado en 2011 y el monto pactado fue de 195 millones de dólares. Problemas técnicos y de diversa índole provocaron que el valor se incrementara a 258 millones de dólares. Aunque debió estar operativa en 2016, recién empezó a operar en 2018. Entre los imprevistos que afectaron la marca de los trabajos, en julio de 2014 tras una lluvia torrencial, material pétreo se desprendió de una montaña y aplastó parte del campamento. Tres funcionarios chinos murieron, entre ellos, el jefe de la instalación.

La central tiene una capacidad instalada de 180 MW, y beneficia directamente a más de medio millón de pobladores del sur del país, según CELEC.

No paga renta. 2017 fue el último año fiscal en que Hydrochina pagó 400 mil dólares por impuesto a la renta. En lo que va de 2023, ha pagado una cifra similar por concepto de impuesto a la salida de capitales.

En diciembre de 2020, Hydrochina presentó una demanda arbitral en contra de CELEC, alegando supuesto incumplimiento de contrato. Se establecieron nueve controversias, divididas en tres grupos de reclamos. En el primer grupo se identifican las obras adicionales por eventos a los cuales la empresa califica de “imprevisibles”. El segundo grupo se refiere a trabajos adicionales. El tercero, en cambio, se refiere a presuntos incumplimientos de pago por parte de la entidad ecuatoriana. Entre los rubros se incluye el lucro cesante por demora en pago de planillas. La demanda fue cuantificada en 79 millones de dólares.

A propósito de ventas anticipadas de crudo, esta alianza descubrió el total de compromisos y el papel que cumplen las compañías chinas, en esta negociación.

Fuente: Petroecuador