Contraloría descubre pagos "sin sustento" en contratos de la Embajada de Ecuador en España
La Contraloría General del Estado (CGE) examinó la contratación, pagos y resultados de los servicios de asistencia legal y psicosocial, en la Embajada de Ecuador en España.
Las contrataciones efectuadas, entre enero de 2015 y septiembre de 2021, fueron para para brindar asesoría legal, hipotecaria y asistencia psicosocial a los migrantes ecuatorianos residentes en el país ibérico.
No obstante, el organismo de control detectó que los contratos se suscribieron sin parámetros que garantizaran la experiencia de las compañías seleccionadas y se desembolsaron $ 1.3 millones sin sustentos.
El examen especial determinó que los contratos se suscribieron sin estudios completos y definitivos. Tampoco se elaboraron términos de referencia con el detalle de las necesidades específicas a ser cubiertas, características de los servicios, los requisitos y parámetros que garanticen la experiencia y capacidad técnica de los contratistas para cumplir las obligaciones contractuales.
Según el informe de auditoría, estas condiciones eran necesarias para establecer el presupuesto referencial y la idoneidad de las empresas.
En ese periodo, la Embajada realizó pagos "sin sustento" por gastos administrativos a las empresas Mi País Consultores S.L., Innovación Tecnológica y Consultoría WJ Europa SLU e Intercon Iberoamericana SLU, que ascendieron a $ 1’305.714.
La auditoría descubrió que los funcionarios de la misión diplomática no requirieron facturas que demuestren el desglose de los gastos.
"No se pudo corroborar que contratar a las empresas Kinema Sociedad Cooperativa Madrileña, Mi País Consultores S.L., Innovación Tecnológica y Consultoría WJ Europa S.L.U. e Intercon Iberoamericana SLU fue la decisión más beneficiosa para los intereses del Estado, pues no se elaboró la cotización de activos de larga duración y servicios, requerida en la normativa interna del Ministerio de Relaciones Exteriores, para validar la conveniencia de las contrataciones", indicó la CGE.
Agregó, además, que la documentación que sustenta los pagos a estas compañías no se validó, de acuerdo a los términos contractuales. Las facturas no detallaron el número de personas que recibieron asistencia, medios que permiten confirmar que las actividades se cumplieron en concordancia a lo contratado, y la documentación de sustento no se archivó completa ni en orden cronológico, dificultando las tareas del equipo de control.
Responsabilidades sugeridas
Frente a estas irregularidades, los auditores sugirieron la imposición de responsabilidades civiles y administrativas para los funcionarios que actuaron en el periodo examinado (enero de 2015 a septiembre de 2021), entre los cuales figuran exembajadores, ex encargados de negocios, los administradores de los contratos, agregados, coordinadores y directores financieros.
Esta información fue remitida al área de juzgamiento de cuentas para el estudio de los hallazgos, notificación a los involucrados, recepción y análisis de las respuestas y pruebas de descargo.