Consejo de Participación en carrera frenética para nombrar Contralor: más del 50% de los aspirantes no reúne lo requerido

El proceso avanza a toda máquina, como una locomotora sin frenos, con el riesgo de descarrilarse. Sin embargo, dos años no fueron suficientes para que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) elija al nuevo Contralor del Estado. En este tiempo han pasado cuatro presidentes por el Pleno; se aprobaron dos reglamentos con cambios sustanciales entre uno y otro, para designar a esa autoridad.

Ahora, entre acciones de protección, sentencias y críticas, el organismo presidido por Alembert Vera intenta cumplir con un cronograma que terminaría en octubre próximo, con la posesión del nuevo titular de la Contraloría.

De concretarse ese paso, la nueva autoridad que debía haberse nombrado el año pasado, llegará al cargo en medio de un proceso polémico, repleto de cuestionamientos e irregularidades, que afectarán la credibilidad y confianza en su gestión.

El 9 de junio pasado, la mayoría del pleno del CPCCS decidió acatar parcialmente la sentencia del juez Juan Gómez. Él dispuso que el organismo y su comisión de selección reiniciaran el concurso desde la fase de admisibilidad, en la que se debía revisar que los postulantes cumplieran con los requisitos reglamentarios. El juez acogió en abril pasado la demanda de Andrea Medina Bachmann, quien no participó en el concurso. Entonces, Gina Aguilar presidía el CPCCS.

El Consejo no acató la disposición del juez de descalificar a todos los postulantes que no cumplieron con todos los requisitos. Así, los 103 inscritos entraron en la carrera para ser el nuevo Contralor, aunque muchos de ellos no entregaron lo requerido en el reglamento.

Los vocales solo acataron disposiciones más formales, como pedir disculpas públicas, por no haber tomado acciones afirmativas en pro de la paridad de género en el reglamento del concurso.

El martes 18 de julio terminó el plazo para presentar impugnaciones ciudadanas. El Consejo recibió 67 impugnaciones. Ante la consulta de esta alianza, la entidad informó que aún no se conocía cuántos candidatos fueron cuestionados. Sin embargo, trascendió que al menos 54 candidatos están objetados, precisamente por no haber cumplido todos los requisitos.

Lea también: Juez ordena al CPCCS medidas de reparación en concurso para elegir al nuevo Contralor

Guido Egas, quien hasta el lunes era coordinador de la veeduría del proceso, renunció a su cargo para impugnar personalmente a 54 participantes, que no presentaron una declaración juramentada de probidad notoria. El concurso ha pasado por varias dificultades; tanto el pleno del CPCCS como la comisión de selección no han tomado en serio las ocho alertas que la veeduría ha presentado sobre temas que afectarían la legitimidad del concurso.

Ahora, una nueva acción de protección está en proceso. El 11 de julio pasado, Oliver Vinueza presentó el recurso judicial precisamente ante el incumplimiento de la disposición judicial de descalificar a los concursantes que no cumplen todos los requisitos. Si se comprueba que el Consejo no cumplió integralmente la sentencia, la demanda busca que la Corte Constitucional ejecute el fallo y disponga sanciones por inobservar esta decisión judicial.

Lea también: Descubren inconsistencias en el patrimonio de 10 jueces: Contraloría detectó indicios de responsabilidad penal

Los problemas del concurso están directamente ligados con la inestabilidad institucional, dice Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que ha vigilado el concurso. Subraya que no es positivo para la institucionalidad que el actual contralor subrogante Carlos Riofrío esté prorrogado en funciones 16 meses y aún es incierto quién y cuándo lo reemplazará.

Según su análisis, la inestabilidad no está solo en la Contraloría sino también en el CPCCS. Las pugnas políticas han llevado a que el proceso que empezó con Sofía Almeida como su presidenta, pasara por un sinnúmero de incidentes y tropiezos, incluida su destitución. Luego vino la designación de Hernán Ulloa y el juicio político que lo cesó. Tras eso, la llegada de Gina María Aguilar y, luego de las elecciones, la posesión de Alembert Vera, quien enfrenta un proceso en el Tribunal Contencioso Electoral.

Vera es investigado por una supuesta infracción electoral grave en la campaña pasada. Enfrenta el caso junto a Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, como directora de UNES (Revolución Ciudadana). Según la denuncia, tanto ese movimiento como su líder, el expresidente Rafael Correa, apoyaron la campaña de Vera, quien usaba los colores de ese partido en spots publicitarios y productos para redes sociales. Esto está prohibido para los candidatos a consejeros del CPCCS.

Alarcón observa que, además de la arrogación de funciones de la comisión de selección, hay candidatos cuya experiencia académica y laboral nada tiene que ver con las funciones que debe cumplir un Contralor del Estado. Al revisar los perfiles de los participantes, hay muchos que no cumplen con requisitos básicos, como tener un título afín al cargo.

Lea también: ¿Cuáles son los antecedentes de los nuevos consejeros del CPCCS y qué llevan en su agenda?

El concurso determina que los postulantes deben haber cursado carreras en todas las áreas del Derecho, Auditoría, Administración, Ingeniería Comercial y Administración Pública. Pero entre los postulantes hay un ingeniero eléctrico. “¿Qué hace en este concurso? ¿Hay algún interés por parte de las autoridades o comisiones técnicas de permitir que algunos candidatos sigan en carrera o puedan incluso entrar a la Contraloría?”, cuestiona Alarcón. Existen casos de postulantes claramente vinculados con intereses políticos como Moisés Tacle, quien fue asambleísta por PSC-Madera de Guerrero; Juan Falconí Puig, exembajador en Londres y representante de Ecuador en la Organización Mundial del Comercio en la presidencia de Correa; o Darwin Seraquive, miembro del CPCCS Transitorio.

También participa el exasambleísta Vicente Taiano, quien junto a Álvaro Noboa fundó el desaparecido PRIAN y fue su compañero de fórmula en 2006. Otra exfuncionaria del correísmo es Mónica Gavilánez, quien formó parte de la comisión ciudadana que dirigió el concurso que ganó Carlos Pólit. Correa fue quien lo posesionó. Aparece, además, el dirigente del taxismo, Carlos Brunnis, quien ha sido clave en negociaciones con autoridades sobre tarifas de transporte y protagonista en paros en contra de la eliminación de subsidios a los combustibles.

El concurso ha pasado no solo por cuestionamientos externos y el retiro del aval de la veeduría ciudadana, cuando Ulloa se posesionó como presidente. También hay observaciones internas, como la de la consejera Mishelle Calvache, de minoría, quien es tajante al decir que es un proceso inviable.

Cree que debería declararse desierto el concurso y empezar uno nuevo, pues todos los problemas que se han presentado en el camino son insubsanables. Los 103 concursantes están bajo una bruma que pone en duda su legitimidad.

Calvache también cuestiona que se haya colocado una valoración muy alta para quienes tienen amplia experiencia en el sector público, sin establecer en qué área, y que haya puntuaciones bajas para quienes tienen méritos académicos mayores y más relacionados con el cargo de un Contralor.

Pero más allá de eso, el temor en el que coincide con Alarcón y Egas, es que un juez en segunda instancia pueda fallar de modo distinto y cambiar las reglas del juego otra vez y el prolongado concurso tendría que reestructurarse nuevamente.

Lo ideal -destaca Calvache- sería formar una nueva comisión ciudadana de selección y redactar un nuevo reglamento. Pero, actualmente, la mayoría del Consejo ha votado para que continúe y se cumpla con un cronograma a toda costa sin reparar en todas las arbitrariedades en la selección.

Las pugnas en el CPCCS son el reflejo de lo que ocurre afuera y una evidencia que la Fiscalía y la Contraloría son las joyas de la corona.

La batalla por designar a nuevas autoridades no está únicamente entre los postulantes, sino en quienes están detrás de ellos y acuden a la justicia como un mecanismo para mover las fichas a su favor. Esto preocupa a la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que considera que hay un abuso de las acciones de garantías en estos procesos, como ya ha ocurrido repetidamente en el área penal.

Esto ha permitido que candidatos que no cumplen con los requisitos vuelvan al juego y hasta tengan posibilidades de ganarlo, pues una sentencia puede molestar pero debe cumplirse, con las consecuencias que esto conlleva. En este caso -dice Alarcón- lo que puede ocurrir es que se elija a un Contralor como una autoridad sin legitimidad, pero eso sí, que satisfaga los intereses políticos de quien está detrás.