Casos Purga y Metástasis abren nuevas pistas para esclarecer crimen de Fernando Villavicencio

El tiempo le dio la razón. A inicios de este año, el exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador, Nilsen Arias, aceptó ante la justicia estadounidense que recibió sobornos por más de 13 millones de dólares en la venta de petróleo a través empresas intermediarias, en el gobierno de Rafael Correa. Y inicios de marzo, la empresa suiza Gunvor se declaró culpable de haber pagado decenas de millones de dólares en sobornos para asegurar contratos con la petrolera ecuatoriana. Durante más de una década como periodista y asambleísta, Fernando Villavicencio denunció estas tramas de corrupción con nombre y apellidos, pero quien gobernaba el país lo insultaba y atacaba. Ahora, de boca de exfuncionarios procesados se conoce que “las manos limpias y los corazones ardientes” hacían millonarios negocios a escondidas.

No fue lo único que denunció de ese gobierno, pero sí lo más importante por la magnitud del dinero que se manejaba en esos contratos. Villavicencio, asesinado en agosto de 2023 cuando era candidato presidencial, no solo enfrentó el correísmo, sino que en esa misma línea denunció una trama de posible corrupción que salpica a Lenín Moreno y su círculo cercano, conocido como el caso Ina Papers. Y así mismo empezó a investigar a la mafia albanesa que se habría infiltrado en el gobierno de Guillermo Lasso, en lo que se denomina el caso Encuentro.

“Con el asesinato de Fernando, el Ecuador vive un momento de silencio político. El país perdió una voz de lucha contra la corrupción. Todo lo que dijo, absolutamente todo, era cierto”, dice Christian Zurita, su amigo que fue parte de algunas de las investigaciones y luego lo reemplazó en la papelera presidencial.

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A Villavicencio no le permitieron vivir para ver cómo explotaba el caso Metástasis que expuso los vínculos de la narcopolítica. Fue él quien, a medidos de 2022, hizo pública la supuesta relación entre el narcotraficante Leandro Norero, financista de la banda de “Los Lobos”, el empresario Xavier Jordán, que ahora tiene orden de captura, y el asambleísta correísta Ronny Aleaga, que abandonó el país en diciembre. Aunque estos dos últimos personajes niegan su participación en la trama. De los chats y evidencias expuestas por Fiscalía, se sabe que esta estructura pretendía acallar a algunos periodistas y tenía en la mira a Villavicencio.

Y luego de medio año del crimen, el Caso Purga dio a conocer una estructura que vincula al exlegislador socialcristiano Pablo M., la expresidenta de la Corte Provincial de Guayas Fabiola G., entre otros implicados, para favorecer la corrupción y el crimen organizado. Justamente, Pablo M. fue uno de los cinco asambleístas a quien Villavicencio había denunciado por un supuesto plan para acallarlo, en abril de 2023, cuando era legislador.

El eslabón entre estos dos casos es Mayra Salazar, quien manejaba el departamento de Comunicación de la Corte Provincial del Guayas y fue detenida en el caso Metástasis. Era pareja sentimental de Leandro Norero.

Ella se acogió a un proceso de colaboración con Fiscalía para entregar evidencia. Así se llegó al Caso Purga. En los chats explotados se revela que Daniel Salcedo le habría pedido a Mayra Salazar que difunda un video en el que integrantes de la banda de Los Lobos rechazaban ser los autores del crimen, un día después del asesinato de Villavicencio.

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Después de todo esto, Verónica Sarauz, viuda de Villavicencio, ha dicho que el círculo hacia los autores intelectuales del crimen se ha ido cerrando hacía dos partidos políticos y que ha quedado en evidencia que el exlegislador socialcristiano Pablo M., procesado en el caso Purga, y el Ronny Aleaga, señalado en el caso Metástasis, intentaron torpedear el trabajo fiscalizador de Villavicencio o lo habrían amenazado.

Pero no se sabe aún hasta dónde estas versiones estén sirviendo para llegar hasta los autores intelectuales. A finales de febrero, se dio paso al juicio contra cinco procesados por el asesinato material, entre ellos Carlos A., alias “El Invisible”, quien coordinó el asesinato desde la Cárcel de Latacunga, y Laura C., alias “La Flaca”, quien entregó armas, motocicletas y dinero a los sicarios en Quito. Estos dos personajes pertenecen a la banda de Los Lobos, de la facción de Los Invisibles, que operaban una red de tráfico de drogas en la capital, según el director de Investigaciones de la Policía, Freddy Sarzosa.

En esa audiencia se conoció que en julio de 2023 hubo un primer intento de asesinar a Villavicencio en Santo Domingo, pero el grupo encargado abortó la misión. Luego de eso entró en escena el grupo de alias “El Invisible”. A ellos les habrían ofrecido el control de medio Quito, si ejecutaban el crimen. ¿Quién es el poder oculto en la sombra que contrató a alias El Invisible? Los procesados no han prestado colaboración para llegar a los autores intelectuales y tendrán sus razones. Hay que recordar que, de los trece detenidos en principio por el crimen, siete de los sicarios fueron asesinados en las cárceles, donde el Estado perdió el control.

La Fiscal Diana Salazar ha dicho que parte del expediente Metástasis ha servido para seguir las pistas de los autores intelectuales y que ya hay nombres, pero que esa investigación se lleva todavía de manera reservada. Por las evidencias que está arrojando el expediente del Caso Purga, es de suponer que también servirá para esa investigación.

En paralelo a las investigaciones judiciales, en la Asamblea se lleva otra investigación en la Comisión Ocasional que investiga el crimen de Fernando Villavicencio, para determinar las responsabilidades políticas, entre éstas, el mal manejo de su anillo de seguridad y la omisión de alertas de peligro. Sin embargo, el espacio parece servir más para que cada quien trate de llevar el agua a su molino. Así lo han demostrado las sesiones desarrolladas desde enero.

“Con esta muerte, alguien perdió un esposo, alguien perdió un padre, alguien perdió un amigo y nosotros perdimos las elecciones”, dijo Mónica Salazar, asambleísta por la Revolución Ciudadana, en una de las sesiones, dando a entender que intereses contrarios al correísmo atentaron contra Villavicencio para impedirles ganar la Presidencia en primera vuelta. Mientras Jorge Peñafiel, legislador por Construye, increpaba al director de Inteligencia para que apuntara con el dedo a los enemigos políticos de Villavicencio.

Los generales de la Policía que intervinieron en esa comparecencia, la segunda semana de febrero, trataban de guardar las formas antes las desatinadas preguntas, pero ante sus ojos explotaba un incidente cuando la asambleísta correísta Mónica Palacios arremetía contra la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, acusándola de “encubrir a bandas criminales” por no querer revelar información que es reservada y que si lo hace podría comprometer las investigaciones de Fiscalía. “Me estoy jugando la vida”, respondió Palencia antes de abandonar la sala. En ese momento el asambleísta Adrián Castro, por ADN, en vano pedía guardar la compostura y no interferir en la investigación fiscal, sino concentrarse en las acciones administrativas de las autoridades que permitan determinar responsabilidades políticas.

La búsqueda de la verdad corre a esas dos velocidades: una política, en que parece que todo vale, y otra penal, que debe no puede darse el lujo de dar paso en falso. La hija de excandidato presidencial Amanda Villavicencio dice que, si bien la Comisión ha servido para mantener el nombre su padre en vigencia y hay buenas intenciones de parte de algunos, hay otros asambleístas que no hacen más que boicotear las sesiones haciendo preguntas y comentarios fuera de lugar.

“Ninguno de ellos ha leído el expediente, no leen la prensa. Hacen preguntas judiciales sabiendo que de eso no van a recibir información. Pero sí saben cómo boicotear las comparecencias”, cuestiona Amanda. Añade que se debería poner sobre la mesa la propia denuncia que hizo su padre contra cinco asambleístas en marzo de 2023, en la que se menciona a cinco asambleístas que habrían tenido un plan para victimarlo.

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De todos modos, el trabajo de la Comisión sí ha servido para desentrañar algunos temas. Según Fausto Cobo, exdirector de Centro de Inteligencia Estratégica, que compareció en la Asamblea, se emitieron tres alertas sobre posibles atentados: el 22 de mayo, el 31 de julio y el 7 de agosto, dos días antes del asesinato de Villavicencio. Sin embargo, dio a entender que esas alertas no fueron enfocadas en Villavicencio, sino que hacían referencia a varios candidatos que direccionaban su discurso en la lucha contra corrupción y narcotráfico.

En la alerta de julio, por ejemplo, se hablaba de Villavicencio y del candidato Jan Topic, pues los dos ofrecían intervenir cárceles y puertos. Y en la última alerta se mencionaba a cuatro candidatos a asambleístas y a Villavicencio, según un documento presentado por Cobo. Entonces, ¿nunca hubo una alerta de Villavicencio más allá de lo electoral?

Estas alertas se habrían expuesto a la Policía, ministerios competentes y al Consejo Nacional Electoral. Pero los generales de la Policía dijeron que no conocieron la alerta del 7 de agosto. Esa es una duda que quedó en el aire. Al menos la Comisión tiene ese trabajo de determinar si las alertas fueron omitidas por algún funcionario.

El otro capítulo que revivió en la Comisión fue el seguimiento que se hacía desde el ECU911, pues el director de la institución, Bolívar Tello mencionó que el número de teléfono celular de Villavicencio habría sido rastreado desde el ECU911 sin orden judicial. Al menos nueve informes de posibles seguimientos ilegales de los casos Villavicencio y Metástasis fueron remitidas a Fiscalía, informó Tello. Vistazo conoció que, desde hace meses, esa información es clave para la Fiscalía porque permitirá saber qué funcionarios fueron cooptados por la narcopolítica, y que los fiscales no querían que eso se ventile en la Asamblea.

El resto de las comparecencias en la Comisión han servido para demostrar que Villavicencio tenía seguridad desde enero de 2022, con tres oficiales y, con el pasar del tiempo y los análisis de riesgos, se le asignó seis policías cuando entró en la carrera presidencial. No obstante, nadie le otorgó un auto blindado ni personal altamente capacitado para un perfil con ese riesgo. Para la siguiente semana se espera contar con las comparecencias de los policías que estaban dentro de la cápsula de seguridad y será la recta final antes de que la Comisión prepare su informe final.