Caso Las Torres: todos los procesados son llamados a juicio por presunta delincuencia organizada
Con base en los elementos de convicción presentados por la Fiscalía General del Estado, el juez nacional Felipe Córdova llamó a juicio a Pablo Celi, excontralor (s); su hermano Esteban Celi, Luis Augusto Briones, hermano del exsecretario general de la Presidencia; Pablo Flores, exgerente de Petroecuador; y, nueve personas más por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada, en calidad de autores.
Durante ocho días, las partes procesales presentaron sus argumentos en la Corte Nacional de Justicia.
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, sustentó su dictamen en los elementos de convicción recabados durante la instrucción fiscal, etapa procesal en la que se determinó que los procesados formaron un grupo organizado, entre funcionarios de gobierno de alto nivel y varios colaboradores (funcionarios públicos y privados).
En junio de 2019, José Raúl de la Torre y Roberto Barrera fueron detenidos por autoridades de Estados Unidos, por delitos relacionados con lavado de activos. Con esta información, Fiscalía inició una investigación previa y practicó varias diligencias y asistencia penal internacional, a través de las que se evidenció que un grupo de funcionarios públicos y personas particulares habrían conformado una estructura organizada, cuya finalidad era cometer varios delitos contra la seguridad pública y la eficiencia de la administración pública.
Según la investigación, entre 2017 y 2020, en Quito, funcionarios públicos de nivel directivo afines a la Empresa EP Petroecuador, Contraloría General del Estado y Secretaría Nacional de la Presidencia de la República, –valiéndose de sus relaciones de amistad, confianza y parentesco– planificaron obtener beneficios económicos, a través del desvanecimiento de glosas.
Fiscalía acusó a Pablo Flores y Pablo Celi como líderes de la organización delincuencial, mientras que Luis Augusto Briones, Esteban Celi, Silvia L., Ángelo R., Andrés L., Marco F., Roy C., Álvaro de G., Pedro S., Martha B., cónyuge del empresario Roberto Barrera. –quien fue detenido y condenado en Estados Unidos por participar en una red de corrupción en Petroecuador–; y, Daniel Orellana, exgerente de Refinación de EP Petroecuador, habrían cumplido actividades de colaboradores dentro de dicha estructura.
Al finalizar la diligencia, el juez Felipe Córdova ratificó las medidas cautelares que pesan sobre todos los procesados, excepto para Andrés L., a quien se le cambió la ciudad –de Quito a Guayaquil– para que cumpla con la presentación periódica.
El delito de delincuencia organizada está tipificado en el artículo 369, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se sanciona con una pena privativa de libertad de siete a diez años de prisión –para los líderes– y el inciso segundo del mismo artículo, que contempla una pena que va de cinco a siete años de prisión –para los colaboradores–.