Caso Las Torres: Fiscalía presenta dictamen acusatorio contra excontralor Celi y otros involucrados
En la Corte Nacional de Justicia se instaló, desde el martes 7 de diciembre, la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada contra trece personas, entre ellas el excontralor Pablo Celi, su hermano Esteban Celi y el exgerente de Petroecuador Pablo Flores.
En el primer día de audiencia, las defensas de los procesados expusieron sus argumentos sobre los posibles vicios de procedimiento, prejudicialidad y competencia. Por su parte, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, fundamentó cada una de las alegaciones, señalando que nunca se violentó el debido proceso y que se actuó en apego a la Ley y a la Constitución.
La tarde del miércoles 8 de diciembre –en el segundo día de la diligencia–, el juez Felipe Córdova declaró validez de todo lo actuado dentro de esta causa, por lo que dio paso a la exposición del dictamen acusatorio por parte de Fiscalía.
Los chats y las transferencias que complican a Pablo Celi
En su intervención, la Fiscal señaló que entre 2017 y 2020, en Quito, se formó un grupo organizado, a través de un acuerdo entre funcionarios públicos de nivel directivo afines a la Empresa EP Petroecuador, Contraloría General del Estado y Secretaría Nacional de la Presidencia de la República, que valiéndose de sus relaciones de amistad, confianza y parentesco planificaron obtener beneficios económicos.
En junio de 2019, José Raúl de la Torre y Roberto Barrera fueron detenidos por autoridades de Estados Unidos, por delitos relacionados con lavado de activos. Con esta información, Fiscalía inició una investigación previa y practicó varias diligencias, a través de las que se evidenció que un grupo de funcionarios públicos y personas particulares habrían conformado una estructura organizada, cuya finalidad era cometer varios delitos contra la seguridad pública y la eficiencia de la administración pública.
Esta organización –cuyos líderes ocupaban altos cargos públicos– habría exigido pagos indebidos a cambio del desvanecimiento de glosas y el cumplimiento de pagos de planillas, correspondientes a contratos suscritos entre EP Petroecuador y la empresa NOLIMIT S. A., entre 2017 y 2020.
Ayer, Salazar expuso seis elementos de convicción, entre los que se incluyen conversaciones obtenidas de los teléfonos de los imputados mediante pericias especializadas en la extracción y materialización, que evidenciarían la forma en la que operaba la estructura criminal, tanto con empresarios "a quienes solicitaba dinero", como con colaboradores "con quienes se coordinaba la gestión de esos recursos".
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El juez Felipe Córdova suspendió la diligencia y dispuso su reinstalación para este jueves 9 de diciembre a las 10:30, para que Fiscalía continúe con la exposición de los elementos recabados durante la instrucción fiscal de esta causa.