Bloque de PSC y Aliados declara que no se prestó para persecución contra Verónica Abad al votar en contra de su enjuiciamiento

La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, no podrá ser enjuiciada por el Caso Nene, que investiga una presunta oferta de tráfico de influencias, puesto que el pleno de la Asamblea Nacional votó en contra del levantamiento de su inmunidad.

Debido a que la moción para negar la autorización de su procesamiento fue aprobada este viernes con 75 votos a favor, la segunda mandataria no podrá ser vinculada formalmente a la causa, en la que se encuentra procesado su hijo, Sebastián Barreiro.

El bloque del Partido Social Cristiano (PSC) y sus aliados, que cuenta con 16 asambleístas, emitió un comunicado con respecto a su decisión de deliberar en rechazo del enjuiciamiento contra Abad, aseverando que actuó con la finalidad de “resolver los problemas del pueblo, no de los políticos”.

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“Votamos en contra de autorizar el enjuiciamiento penal de la vicepresidenta dela República porque el pedido no solo no contó con un informe de respaldo de la denuncia, sino que tampoco fue jurídica y expresamente fundamentado”, informó el PSC y sus aliados, que conforman la bancada legislativa denominada como La 6.

Recientemente, la Fiscalía había anunciado que vincularía a la Abad en este caso, bajo cargos que tanto ella como su hijo niegan rotundamente. Según el fiscal de la causa, Carlos Leandro Alarcón, durante la instrucción fiscal en curso han surgido evidencias que apuntan a la segunda mandataria.

El fiscal Alarcón mencionó entre las nuevas evidencias, sin dar más detalles, una nueva versión de quien denunció el delito, documentos sobre su contratación por disposición directa de Abad, así como información telefónica que vincula a la vicepresidenta.

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“Recalcamos que la acusación de la Fiscalía es de un delito imprescriptible, y por lo tanto nuestra votación no entraña impunidad ni blindaje alguno a la vicepresidenta. Además, actuamos desde nuestra competencia que era decidir autorizar o no, el enjuiciamiento penal. Hubiese sido inaudito e irresponsable dejar este asunto en el limbo”, concluyó la bancada legislativa.

La Fiscalía detalla que la investigación, a cargo de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, inició tras una denuncia ciudadana. Según el relato de Rommel P., que consta en el expediente, él habría ingresado a trabajar como funcionario público en la Vicepresidencia de la República, en diciembre de 2023.

La noche del 08 de diciembre de 2023, el perjudicado se habría reunido con Sebastián Barreiro y otra persona, en un hotel de Quito. Ambas personas presuntamente le ofrecieron un puesto de trabajo (Coordinador General) dentro del servicio público, con un sueldo de 3.200 dólares. No obstante, la víctima debía entregar aproximadamente 2.000 dólares al hijo de Abad.

Tras negociar, acordaron la entrega de cerca de 1.700 dólares al procesado, mientras que la víctima se quedaría con el resto. Para garantizar este pago, convencieron al perjudicado de firmar una letra de cambio por 30.600 dólares, que sería utilizado como respaldo del monto total que debía ser cancelado en el periodo de un año.

Luego de obtener el cargo ofertado, la víctima no pudo realizar el primer pago acordado y por esa razón se habría coordinado la entrega, personalmente a Sebastián Barreiro, el valor de 3.400 dólares en febrero de 2024.

Posteriormente, el denunciante dio a conocer lo que habría ocurrido ante las autoridades, lo cual devino en que Barreiro fuera encarcelado provisionalmente el pasado 23 de marzo en la cárcel de máxima seguridad La Roca, ubicada en Guayaquil, de donde salió el 19 de abril después de pagar una fianza de 20 mil dólares.