Asamblea archiva juicio político contra Gabriela Sommerfeld por crisis con México

Con 76 votos a favor, 44 en contra y 8 abstenciones, el Legislativo dio por concluido este proceso que había sido promovido por el Movimiento Revolución Ciudadana.
Redacción Vistazo y EFE
Fotografía de la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.

La Asamblea Nacional archivó este jueves el proceso de juicio político de censura en contra de la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, por la crisis diplomática generada con México a partir del asalto a su embajada en Quito, para detener al exvicepresidente Jorge Glas.

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Con 76 votos a favor, 44 en contra y 8 abstenciones, el Legislativo dio por concluido este proceso que había sido promovido por el Movimiento Revolución Ciudadana.

La moción para archivar el juicio político contra Sommerfeld partió de la agrupación Acción Democrática Nacional (ADN), después de que la semana pasada la Comisión de Fiscalización no lograra aprobar el informe elaborado por la asambleísta correísta Jhajaira Urresta, que recomendaba continuar con la fase final del juicio político en el pleno.

Fotografía que muestra el ingreso de grupos especiales de la Policía a la Embajada de México para la captura del exvicepresidente Jorge Glas.

"La verdad siempre brillará. Los principios de soberanía, democracia y defensa de los intereses del Ecuador no se negocian. ¡Se defienden!", escribió en redes sociales Sommerfeld tras conocer el resultado de la votación.

Impacto en la Corte Internacional de Justicia

Sommerfeld había sido acusada por la oposición correísta de presunto incumplimiento de funciones durante la crisis desatada con México, mientras que la ministra consideraba que este juicio político no era contra ella sino contra el país.

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Durante su alegato de defensa ante la comisión de Fiscalización señaló que este juicio político podría ser usado por parte de México dentro del litigio que ambos países mantienen en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, donde se han contrademandado con acusaciones mutuas de contravenir convenios internacionales sobre relaciones diplomáticas.

¿Cómo se desató el caos entre Ecuador y México?

La irrupción a la Embajada de México en Quito se produjo el 5 de abril, después de que el Gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunciara que le concedía el asilo diplomático que había solicitado Glas desde finales de 2023, cuando se instaló en esa sede diplomática para esperar respuesta a su solicitud.

Al exvicepresidente Jorge Glas le realizaron un examen psicológico y médico, antes de ingresar a su celda en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en abril de este año.

Previamente hubo una escalada de tensión diplomática entre ambos países, que comenzó con unas declaraciones de López Obrador donde relacionaba el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio con el triunfo de Daniel Noboa sobre la candidata correísta Luisa González, lo que fue respondido con la expulsión de la embajadora mexicana en Quito, Raquel Serur.

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Tras alojarse Glas en la Embajada de México, y cuando aún no había recibido el asilo diplomático, un juez dictó una orden de captura contra el exvicepresidente al ser imputado por la Fiscalía por presunto peculado en las obras de reconstrucción del devastador terremoto de 2016.

Glas, que fue uno de los hombres fuertes del Gobierno de Correa y que ocupó el cargo de vicepresidente también a inicios de la administración de Lenín Moreno, se considera un perseguido político y rechaza todas las condenas y acusaciones en su contra.

Tras su captura fue confinado en La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, situada en Guayaquil, al tener todavía pendiente el cumplir con una pena de ocho años de cárcel por dos condenas por corrupción (cohecho y asociación ilícita).

En ese contexto, México acusa a Ecuador de romper la inviolabilidad de sus sedes diplomáticas, y Ecuador sostiene que el Ejecutivo mexicano transgredió el derecho internacional al interferir en asuntos internos, abusar de la inmunidad diplomática y violar las normas de asilo que impiden dar ese beneficio a personas condenadas por tribunales ordinarios y procesadas por delitos comunes.