Asamblea Nacional censura al excontralor Pablo Celi por incumplimiento de funciones

Celi no podrá ejercer ningún cargo en el sector público durante dos años posteriores a esta resolución.
Redacción Vistazo
Con 136 votos, por unanimidad, Pablo Celi fue censurado.

Por unanimidad, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este lunes, 16 de agosto, el proyecto de resolución que censura al excontralor Pablo Celi por incumplimiento de funciones. Celi no podrá ejercer ningún cargo en el sector público durante dos años posteriores a esta resolución.

El juicio político fue impulsado por Juan Cristóbal Lloret, del correísmo, pero la moción para la censura llegó por parte del coordinador de Pachakutik, Rafael Lucero.

Lloret y su bancada insistían en que Celi fuese censurado por arrogación de funciones, lo que provocó resistencia de los demás legisladores. Finalmente, la iniciativa de Pachakutik fue aprobada sin votos negativos ni abstenciones.

La moción se sustentaba en el artículo 212 de la Constitución numeral dos, sobre las funciones de la Contraloría de “determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal, relacionadas con los aspectos y gestiones sujetas a su control”.

Celi también fue acusado de incumplir el artículo 16 del Código de la Democracia, que se refiere a la intervención en los procesos electorales.

“Ninguna autoridad extraña a la organización electoral podrá intervenir directa o indirectamente en el desarrollo de los procesos electorales ni en el funcionamiento de los órganos electorales (...)”.

La sesión inició con los interpelantes, Juan Cristóbal Lloret y Viviana Veloz, quienes presentaron las pruebas de cargo y descargo. Al final de sus intervenciones concordaron en que existen suficientes elementos probatorios para que la Asamblea disponga la censura de Celi, “por haber contaminado con corrupción la más importante entidad de control del país”.

Igualmente, el excontralor en aplicación estricta del procedimiento previsto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ejerció su legítimo derecho a la defensa.

Al exponer sus argumentos, se declaró “reo de la venganza” dentro de un proceso político cuyas acusaciones no han sido probadas por el interpelante. Según su criterio, este juicio va “en contra de un funcionario que hizo su mayor esfuerzo por luchar contra la corrupción en el sector público''.

Y enfatizó en que “el asunto medular que conduce a las marionetas que fungen de interpelantes está en la venganza del sátrapa que los maneja”.

La resolución dispone el envío del expediente del juicio político a la Contraloría, Fiscalía y al Consejo de Participación para las investigaciones correspondientes. Celi no fue destituido puesto que en junio pasado renunció a su cargo como contralor subrogante.