Acusan a exasambleísta Karina Arteaga de concusión; Fiscalía pide multas, reparación integral y otras medidas
La Fiscalía General del Estado acusó a la exasambleísta Karina Arteaga, en calidad de autora y a su exasistente de despacho Jenny M., en calidad de cómplice del delito de concusión, tipificado en el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y considerando los agravantes del mismo cuerpo legal: esto es "cometer la infracción prevaliéndose de una situación de superioridad laboral" y "afectar a varias víctimas por causa de la infracción".
Ayer lunes 8 de agosto, durante la audiencia de juicio, el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, mencionó en su alegato de cierre que, a través de las pruebas presentadas, Fiscalía demostró que Karina Arteaga, en su calidad de asambleísta por la provincia de Manabí, abusando de su cargo y bajo amenaza, exigió por sí misma y a través de a Jenny M., quien se desempeñaba como su asistente y fungía como jefa de Despacho, contribuciones económicas a sus subalternos, por la cantidad total de 17.749,39 dólares.
En vista de aquello, Toainga solicitó al Tribunal de la Corte Nacional que disponga el pago de una multa de 5.100 dólares por parte de cada una de las sentenciadas.
Para las víctimas esta causa pidió una reparación integral de la siguiente manera: Procuraduría General del Estado, como víctima directa: 23.571,39 dólares; Verónica P., víctima indirecta: 9.275,73 dólares (reparación material) y 10.000 dólares (reparación inmaterial); Freya O., víctima indirecta: 4.689,51 dólares (reparación material) y 10.000 dólares (reparación inmaterial); y para Nabrid M., víctima indirecta: 160 dólares (reparación material) y 10.000 dólares (reparación inmaterial), valores que corresponden al dinero exigido y entregado, más honorarios profesionales.
Como medida de satisfacción, solicitó la publicación de la sentencia en la página web de la Asamblea Nacional –como garantía de no repetición–, también la publicación de la resolución en al menos tres diarios de amplia difusión nacional en la provincia de Pichincha y en la provincia de Manabí, que deberá ser pagado por las procesadas, así como las respectivas disculpas públicas.
El Fiscal también solicitó que se mantengan las medidas cautelares de carácter real, la inhabilitación de contratar con el Estado y la pérdida de los derechos de participación política por 25 años.
La Fiscalía General del Estado presentó 24 testimonios, 7 pruebas periciales y 24 documentales, durante la audiencia de juicio.
Al cierre de la audiencia, la jueza Daniella Camacho anunció que se notificará a las partes procesales para la reinstalación, en la cual dará a conocer su resolución.