Abdalá Bucaram, su hijo y otras dos personas más, llamados a juicio por séptima vez
Este jueves 30 de mayo del 2024, a las 08:30, se realizará por séptima vez la audiencia de juzgamiento en contra del expresidente Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo, y otras dos personas más implicadas en un presunto delito de delincuencia organizada para la negociación de pruebas rápidas de diagnóstico de Covid-19.
El llamado a juicio se dictó en diciembre del 2021, pero ya han pasado más de dos años y no se logra concretar. La diligencia se ha dilatado en varias ocasiones por problemas de salud, inasistencia de los abogados y excusas de los jueces.
El último intento ocurrió en febrero pasado, sin embargo, decretaron la audiencia como fallida ante la inasistencia del abogado de Leandro Berrones, exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), también procesado en esta causa. El jurista recibió una multa.
Se espera que este jueves en el Complejo Judicial Norte de Quito por fin se logre obtener una resolución, aunque hay temor de que los procesados quieran seguir difiriendo la causa por tres años y tres meses más para conseguir la prescripción.
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CASO PRUEBAS COVID-19 AGENTES AMT
Los procesados en esta causa son: Abdalá Bucaram Ortiz, Jacobo Bucaram Pulley, el israelí Sheinman Oren y el exagente de tránsito Leandro Berrones.
La Fiscalía menciona que las presuntas irregularidades cometidas por estos ciudadanos se habrían configurado entre marzo y junio de 2020, pero las actividades ejercidas por los procesados para intentar dar legitimidad a sus acciones se extendieron hasta el mes de octubre.
En ese lapso de tiempo se habría conformado una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos, movilizando incluso bienes y servidores públicos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), cuyos agentes se habrían encargado de brindar seguridad a los extranjeros Sheinman Oren y Shy D. (asesinado el 8 de agosto de 2020 en la Penitenciaría del Litoral) para el traslado de las pruebas de diagnóstico de Covid-19 hasta Guayaquil.
Estos hechos habrían ocurrido en Pichincha, Guayas, Santa Elena y Esmeraldas, lugares donde esta estructura organizada –conformada por funcionarios públicos y ciudadanos particulares–, de forma planificada, dirigía la comisión de actividades ilícitas para comercializar pruebas para detectar Covid-19 e insumos médicos, sin facturas y sin pagar impuestos al Estado ecuatoriano, según el Ministerio Público.
El juez del caso había dictado auto de sobreseimiento a favor de las cuatro personas, pero la fiscal Lidia Sarabia apeló y logró llamarlos a juicio.