Caso Nene: estos fueron los elementos clave para llamar a juicio al hijo de la vicepresidenta Verónica Abad y su exasesor
El hijo de la vicepresidenta suspendida Verónica Abad, Francisco Sebastián B. A. y el exasesor David R. fueron llamados a juicio como presuntos autores directos del delito de oferta de tráfico de influencias, en la trama denominada Caso Nene.
En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, reinstalada la tarde del martes 19 de noviembre, la Jueza Especializada en el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y crimen Organizado acogió el pedido de Fiscalía y, basándose en las presunciones sobre la comisión del delito imputado, señaló que la situación jurídica de los dos procesados debe ser resuelta por un tribunal de juicio.
En relación con este caso, Verónica Abad y su hijo han calificado el proceso penal como una persecución política, argumentando que busca presionar a la vicepresidenta para que renuncie.
El Fiscal de la Unidad Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción a cargo de la causa presentó cincuenta y cuatro elementos de convicción para sustentar su dictamen fiscal, con los cuales determinó la presunta responsabilidad de los procesados en la oferta de un cargo público en la Vicepresidencia de la República, a cambio de un porcentaje de la remuneración.
Este hecho fue conocido por Fiscalía a través de una denuncia presentada en el Buzón de Transparencia del sitio web institucional.
Tras las primeras investigaciones, se estableció que uno de los participantes en el presunto delito sería el hijo de la Vicepresidenta de la República, y se ejecutó un operativo en Quito y Cuenca, en el que se detuvo a Francisco B. para su audiencia de formulación de cargos. Durante los allanamientos, se levantaron varios indicios que aportaron al proceso.
Posteriormente, la Asamblea Nacional no autorizó el inicio del proceso penal en contra de la Vicepresidenta de la República, por lo que Fiscalía vinculó a David R., quien era conocido como su asesor político y el canal de comunicación con la autoridad, debido a su presunta participación en el delito.
En la narración de los hechos, Fiscalía explicó que la noche del 8 de diciembre de 2023, el perjudicado se habría reunido con Francisco B. y David R. en un hotel de Quito, donde se le ofreció un puesto de trabajo (coordinador general) dentro del servicio público.
Luego de negociar, acordaron la entrega de cerca de 1.700 dólares de su sueldo (de 3.200 dólares). Para garantizar este pago, convinieron que el perjudicado firmara una letra de cambio por 30.600 dólares, monto que debía ser cancelado en un año.
La víctima aceptó el cargo, pero no pudo cumplir con lo ofrecido, ya que fue desvinculado a los pocos meses, y luego, debido a las presiones, decidió denunciar el hecho.
Entre los principales elementos de convicción presentados destacan la denuncia y la versión de la víctima, el informe de seguimientos y vigilancia, el informe investigativo, y la pericia con la que se extrajeron y materializaron las conversaciones en las que se habría coordinado la comisión del delito.
Finalmente, la Jueza dispuso que la etapa de juicio para Daniel R. se suspendiera hasta su captura o entrega voluntaria a la justicia, y ordenó la prohibición de enajenar bienes y retención de cuentas por doce salarios básicos unificados, para garantizar una presunta multa.
La oferta de tráfico de influencias está tipificada en el artículo 286 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.