El Estado se quedará con los bienes incautados a los hermanos Isaías Dassum, tras sentencia constitucional
La Procuraduría General del Estado (PGE) informó que la Corte Constitucional dejó sin efecto resoluciones judiciales que dispusieron la devolución de bienes los hermanos William y Roberto Isaías Dassum, expropietarios de Filanbanco.
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En octubre del 2022, la PGE presentó una acción extraordinaria de protección en el marco de un juicio por peculado bancario en contra de los empresarios William y Roberto Isaías Dassum, ante los fallos a favor de los imputados emitidos por la Unidad Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, con sede en Guayaquil, y la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas.
El primer fallo referido dispuso en ese entonces la nulidad del proceso de valoración del supuesto perjuicio causado por ambos, quienes en cambio demandaron al Estado por unos 2000 millones de dólares.
La Corte Constitucional resolvió este martes que dichas sentencias desnaturalizaron la acción de protección y vulneraron la seguridad jurídica. Consecuentemente, invalidó "“todas las actuaciones dentro del proceso número 09201-2018- 02826″, archivando la causa.
"La Corte también dejó sin efecto la restitución por parte del Estado ecuatoriano de los bienes, derechos, acciones y activos en general que fueron objeto del proceso de incautación, así como el pago, por parte del Estado, del precio de los bienes que fueron incautados, comprendidos en las resoluciones de la Agencia de Garantías de Depósitos (AGD)", informó la Procuraduría.
"Respecto de la actuación de los jueces de mayoría de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, la Corte Constitucional declaró el error inexcusable y, por tanto, corresponde notificar al Consejo de la Judicatura con la referida declaratoria", acotó la institución.
La Corte adelantó que remitirá el expediente a la Fiscalía General del Estado para que inicie la investigación correspondiente con la finalidad de determinar si existen los elementos suficientes para configurar el delito de prevaricato por parte de los jueces mencionados, así como el de la Unidad Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, con sede en Guayaquil.
Los bienes que se encontraban en disputa fueron incautados en 2008 por la desaparecida Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), durante el Gobierno de Rafael Correa.
Esto, luego de que un informe de la firma Deloitte & Touche determinó un “hueco patrimonial” de 661 millones de dólares en Filanbanco, entidad bancaria que recibió ayuda financiera del Estado en 1998.
La defensa de los Isaías argumentó tras el informe que la Justicia debía devolver los bienes con base en un dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, el cual concluyó que el Estado ecuatoriano violó el derecho de los exbanqueros a las debidas garantías para impugnar el proceso de incautación en su contra.