'Ley Antipillos': ADN advierte a la Asamblea por 'juicios de valor' contra el Registro Oficial y la Corte Constitucional
La reciente promulgación de la "Ley Antipillos" en el Registro Oficial ha generado un intenso debate en el país, con acusaciones de la Asamblea Nacional a las instituciones encargadas del proceso, por "vulnerar el equilibrio de poderes y la institucionalidad del país".
La presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, lamentó de que la Corte Constitucional, el tribunal encargado de "garantizar el respeto a la Constitución", se haya convertido en "un instrumento del Gobierno para asfixiar la economía del pueblo ecuatoriano e imponer más impuestos a la gente".
Ante las críticas emitidas por el Legislativo, que denunció la publicación de un decreto ley sin cumplir las formalidades establecidas en el ordenamiento jurídico, la bancada oficialista ADN emitió un comunicado para advertir que emitir juicios de valor en contra de la Corte Constitucional y el Registro Oficial representa un atentado contra la democracia.
En su pronunciamiento, la bancada ADN expresó su "profunda preocupación por los ataques directos y los juicios de valor dirigidos contra el Registro Oficial y la Corte Constitucional", instituciones que calificaron como "pilares fundamentales de la justicia y la democracia".
Además, recalcaron que estas entidades deben mantenerse "libres de presiones partidistas".
La bancada también señaló que las irregularidades vinculadas a la Ley Antipillos se originaron en la propia Asamblea Nacional, al no dar el debido tratamiento a la normativa como Ley Económica Urgente en primer y segundo debate, incumpliendo así lo dispuesto por el artículo 137 de la Constitución. "Este incumplimiento dejó en evidencia una falta de responsabilidad legislativa", afirmó ADN.
En su comunicado, rechazaron categóricamente "los intentos de desacreditar y presionar a las instituciones que garantizan el equilibrio democrático del país" y llamaron a los actores políticos y sociales a actuar con madurez, respetar las instituciones y fortalecer el diálogo como base de la democracia.
Finalmente, subrayaron que la promulgación de esta Ley representa "un paso decisivo para atacar y erradicar las fuentes de financiamiento del crimen organizado, especialmente del narcotráfico".
Por su parte, el Registro Oficial había adelantado, mediante un comunicado emitido el 10 de diciembre, su rol como "el periódico del Estado ecuatoriano encargado de dar a conocer a la ciudadanía las disposiciones legales que regirán a los ciudadanos nacionales y extranjeros que habitan en el territorio ecuatoriano".
El Registro Oficial aclaró que no es un órgano dirimente ni realiza controles de legalidad o constitucionalidad. "Su único control es Editorial, observa que los documentos sean claros y legibles, que estén completos, que no se encuentren sellos sobre los textos y que contengan las firmas de las autoridades que emiten los actos", detalló el comunicado.
Asimismo, recordó que, de acuerdo con la disposición transitoria quinta de la Constitución y la disposición transitoria décimo segunda de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el Registro Oficial es una institución autónoma que depende administrativa y presupuestariamente de la Corte Constitucional, hasta que se transforme en una empresa pública del Estado.
La normativa presentada por el Gobierno el 7 de noviembre, fue archivada por el Legislativo con los votos del correísmo, Construye, el Partido Social Cristiano (PSC) y otras formaciones. Estas agrupaciones argumentaron que el proyecto encubría impuestos disfrazados como medidas para luchar y controlar las economías criminales.