Diana Salazar: Fiscalización no califica su juicio político y reactiva procesos contra exministros de Lasso
El juicio político en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, no fue calificado por la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional.
La sesión, celebrada este lunes 9 de septiembre, estuvo marcada por incidentes y se extendió hasta la medianoche. La presidenta de la Comisión, Pamela Aguirre, fue removida de su cargo a pedido del legislador César Umajinga, quien argumentó que no se acató de manera oportuna un fallo judicial relacionado con el proceso.
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Aguirre había solicitado al secretario relator Jairo Jarrín que diera lectura al articulado de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), sobre las atribuciones y deberes de la Presidencia de la mesa legislativa. Luego de aquello, la titular dispuso avocar conocimiento y calificar el juicio político contra Diana Salazar.
Umajinga cuestionó la gestión de Aguirre, lo que derivó en la votación de su remoción. Con cinco votos a favor, se aprobó la moción y el legislador Luis Alvarado nombrado presidente encargado.
Alvarado, inmediatamente, dispuso que se tratara el fallo del juez Édgar Romero, que ordena reactivar tres juicios políticos contra exministros del gobierno de Guillermo Lasso.
Durante el debate, Aguirre defendió su labor y la institucionalidad de la Asamblea, expresando su rechazo hacia lo que calificó como "sentencias espurias" que buscan obstruir su función. La legisladora advirtió que el juez Romero deberá rendir cuentas por lo que considera un abuso del Derecho.
El presidente encargado, Luis Alvarado, dio por concluido el debate y solicitó a la Secretaría de Fiscalización la lectura de la moción presentada por el asambleísta Umajinga, que proponía acatar la sentencia del juez Édgar Romero y se definiera el orden de las interpelaciones.
El secretario relator certificó que la moción fue aprobada con cinco votos a favor. La sentencia reactivó los procesos en contra de Pablo Arosemena, exministro de Finanzas; Sebastián Corral, exsecretario de la Administración Pública; y Andrea Montalvo, extitular de la Secretaría de Educación Superior.
Finalmente, con cinco votos afirmativos, la Comisión aprobó también la unificación de las solicitudes de juicio político en contra de la fiscal general, Diana Salazar.