Exalcalde y exfuncionarios son procesados por descuentos ilegales para financiar Alianza PAIS
El exalcalde de Pindal (provincia de Loja), Livar Guillermo B., junto a los exjefes de Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD), Luis Gustavo V. y Jonathan Patricio E., fueron procesados por su presunta implicación en un caso de concusión. La Fiscalía ha iniciado la investigación contra estos tres exfuncionarios, quienes habrían abusado de su cargo para obtener beneficios indebidos.
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La investigación de este caso inició en julio de 2021, con base a un oficio remitido por la Contraloría General del Estado, en el cual se adjuntó un Informe con Indicios de Responsabilidad Penal, relacionado con un examen especial a los procesos de reclutamiento y clasificación de puestos del personal sujeto a la Losep y sus remuneraciones; y a los descuentos efectuados en los roles de pago al margen del ordenamiento jurídico, practicado al GAD de Pindal, del 1 de diciembre de 2015 al 31 de agosto de 2019.
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El documento de Contraloria concluyó que se realizaron descuentos del 1% y 2% al personal en sus roles de pago y que estos valores fueron transferidos a las cuentas bancarias de la tesorera y del comisario municipal, sin que se evidencien las autorizaciones correspondientes en todos los casos.
De acuerdo a la investigación, en estos hechos habría participado el exalcalde, al ordenar los pagos de remuneraciones con descuentos sin autorizaciones y su transferencia a la tesorera y comisario municipal.
Por su parte, los dos jefes de Talento Humano, quienes ocuparon el cargo en diferentes periodos, habrían elaborado los mencionados roles de pago.
Según las versiones de los servidores afectados, el descuento de estas contribuciones indebidas favoreció a la sede del movimiento Alianza Pais.
Entre los elementos de convicción, Fiscalía presentó las versiones de varios funcionarios y el informe de la Contraloría.
El Fiscal Provincial del Azuay, Leonardo Amoroso, intervino en la audiencia de formulación de cargos, solicitando medidas cautelares contra los tres procesados, entre ellas la presentación periódica, la prohibición de salir del país y la prohibición de enajenar bienes por un monto de 29.391 dólares. Estas medidas fueron aprobadas por el Presidente de la Corte Provincial de Justicia de Loja. La fase de instrucción fiscal se extenderá durante 90 días.