Opinión: La resistencia de los legisladores latinoamericanos frente a China

La República Popular China tiene un poder indiscutido en América Latina. En parte, se debe a su músculo financiero, al fuerte intercambio comercial con algunos países y a la cercana relación que ha cultivado con las élites económicas y políticas en países que, en mayor o menor medida, han aprovechado el crecimiento del gigante asiático para impulsar su desarrollo nacional.

Voces críticas advierten que la relación con un país autoritario de tal envergadura también trae efectos nocivos para las democracias locales, además de presiones y censura desde el otro lado del océano Pacífico. Pero pocos políticos en la región se animan a cuestionar o criticar la situación de los derechos humanos en China, las externalidades negativas de sus inversiones y relación comercial, o la presión diplomática que la República Popular ejerce para invisibilizar a Taiwán junto al desafío de seguridad internacional que conlleva.

Las razones son variadas, desde intereses personales o miedo al efecto que tendrá en sus carreras, hasta desconocimiento de la realidad china o incluso corrupción. Sin embargo, un grupo contado pero creciente de representantes públicos –en su mayoría parlamentarios– de América Latina ha empezado a levantar la voz. Su objetivo es, por un lado, arrojar luz sobre los efectos negativos de la relación con Pekín y, por otro, la defensa de los derechos civiles, ámbito en el que la región se ha destacado en los organismos internacionales.

Un grupo de legisladores de Colombia, Uruguay, Bolivia y Paraguay forman parte de la Alianza Interparlamentaria sobre China. En esencia, IPAC (por sus siglas en inglés) es una organización internacional que busca visibilizar las principales amenazas vinculadas al trato con un gigante como Pekín. Por ello, trata también de generar políticas que ayuden a contrarrestarlas para paliar tanto la destrucción del medio ambiente como los efectos de las prácticas chinas, que son poco transparentes y no tienen mecanismos de control. La amenaza de un conflicto con Taiwán, que tendría consecuencias devastadoras también para América Latina, es otra de sus preocupaciones.

“La experiencia nos muestra que China arrasa con el medio ambiente y que es el primer violador de derechos humanos del planeta. (...) Se dice en diplomacia que los países no tienen amigos sino intereses, pero creo que los intereses tienen límites en la ética”, señala el legislador uruguayo Eduardo Lust. Aunque la influencia de China en su país no es tan directa, ve con preocupación lo que está ocurriendo en la región. Esto es debido a que, a menudo, los líderes latinoamericanos se ven en la disyuntiva de elegir entre los beneficios de la «realpolitik» y la lealtad a la tradición democrática de la que la región se jacta internacionalmente.

En este sentido, China levanta preocupación tanto por la persecución de minorías étnicas, religiosas y opositores en su país, como por sus alianzas con gobiernos autoritarios en el vecindario. Recientemente, Pekín fue de los primeros en reconocer a Nicolás Maduro como el ganador de las elecciones en Venezuela, contribuyendo directamente a la inestabilidad de la región.

La senadora y académica boliviana Cecilia Requena no tiene dudas al respecto. Considera la influencia del Partido Comunista chino (PCCh) como un “problema democrático”, ya que China apoya “autoritarismos en la región” como Venezuela y “promueve un gobierno que sería, según el relato, más eficiente y podría generar desarrollo económico y bienestar prescindiendo de una democracia republicana. Creo que hay una influencia explícita e implícita que puede estar utilizando métodos híbridos y desinformación”, explica la representante.

Eduardo Nakayama, senador de Paraguay –único país sudamericano que aún reconoce a Taiwán–, cree que esta actitud no sólo es un problema ético en contra de unos derechos que deben ser considerados como universales, sino además una cuestión de seguridad. “Venezuela es la nueva pata del eje Moscú–Teherán–Pekín en América Latina. Es el país que cuida de esos intereses y que tenemos que mirar muy de cerca”, expresa.

Algo similar ocurre con el comportamiento de China en la comunidad y en torno al derecho internacional. Un problema identificado claramente por los parlamentarios críticos de IPAC es que, según ellos, Pekín ignora recurrentemente los tratados internacionales firmados cuando no son de su conveniencia. Para la región, esto es problemático pues incapacita a actores locales a ejercer mecanismos de control cuando existen disputas con el gigante asiático.

Esta cuestión debería ser abordada por los gobiernos de turno, pero normalmente no se discute. Para el senador oficialista y exministro Gustavo Leite, de Paraguay, el hecho de que China viole "constantemente el derecho internacional” y que no responda ante organismos internacionales, ha sido su principal argumento en defensa de mantener a Taiwán como aliado en contra de la tendencia de sus vecinos.

Este “doble estándar” de algunos países latinoamericanos con China, tanto en derechos humanos como en asuntos vinculados con el derecho internacional, no es una discusión reciente, sino que ha estado latente durante décadas. La principal razón para mantener buenas relaciones con el gigante asiático es, sin duda, su músculo económico, pero también las redes de influencia que Pekín ha construido con las élites locales. Mientras los defensores de China aseguran que prima el pragmatismo, las voces críticas acusan a China de aprovecharse y potenciar las debilidades de las democracias.

Los parlamentarios no solo están preocupados por el efecto político de la influencia del PCCh en la región, sino también por los efectos económicos y de desarrollo asociados al intercambio comercial con el gigante asiático. Sobre todo, preocupa la explotación de recursos naturales, que a menudo afectan a comunidades locales o áreas protegidas.

En Bolivia, explica la senadora Cecilia Requena, la consecuencia ha sido la quema de bosque para extender la ganadería, la destrucción de zonas de la Amazonía para la minería ilegal de oro –cuyo impacto afecta directamente a los pueblos indígenas– y el tráfico ilegal de animales para la explotación o para el comercio de medicina tradicional. Un ejemplo es el tráfico de colmillos de jaguar. Pero el problema ambiental no es solo de Bolivia. En Perú, la minería ha traído conflictos similares con grupos indígenas y varios reportes han visibilizado la presencia negativa de empresas chinas en la cuenca del Orinoco venezolana.

Según los citados legisladores, la extracción de recursos naturales también deja poco valor agregado a los países receptores y desincentiva la industrialización de las economías locales. En Chile, la tendencia de Pekín ha sido comprar mineral de cobre en bruto en vez de metal procesado, mientras las fundiciones chinas compiten directamente con la industria nacional, generando conflictos como la reciente suspensión de actividades de la siderúrgica chilena Huachipato.

Otra arista de la nociva influencia económica es la inversión en infraestructura y los préstamos poco transparentes que el gobierno ofrece. Para Colombia, cuenta la senadora Paola Holguín, esto es una preocupación nacional y regional, especialmente en “tecnología como en el 5G, donde preocupa la integridad del trato de los datos por parte del gobierno chino, pero también en infraestructura, como trenes, puertos, o puentes”.

En Ecuador, la polémica represa china Coca Codo Sinclair, que presentó serios problemas estructurales poco después de su inauguración, también conllevó una millonaria deuda para el Estado ecuatoriano. En Bolivia la situación es crítica, señala la senadora Centa Rek, pues Pekín ha profundizado su relación con el gobierno para cerrar préstamos poco transparentes y construir infraestructuras “de muy mala calidad” que no pueden ser fiscalizados por el Parlamento y que generan un peligroso endeudamiento. Estas obras también están a menudo asociadas a corrupción, por ejemplo, la carretera de Yamparáez en la ciudad de Sucre, construida con capitales chinos, fue investigada por coimas.

China no se ha quedado en silencio frente a estas voces críticas. Llamadas telefónicas, ataques en la prensa y hasta amenazas se han convertido en rutina para algunos parlamentarios latinoamericanos. La senadora colombiana Paola Holguín, que fue presionada por su cercanía a Taiwán, asegura que “nos preocupa la agresividad diplomática de China en América Latina para tratar de convencer a los partidos políticos acerca de su modelo, pero también las amenazas a los que tienen algún tipo de relación con Taiwán”, advierte.

En Colombia, el gobierno de Gustavo Petro ha tomado una postura más cercana con Pekín que sus predecesores, lo que ha afectado directamente su trato a Taiwán al cerrar las puertas a cualquier tipo de crecimiento en la relación con la isla o con el gobierno de Taipéi. En este contexto, China no ha dudado en estrechar lazos con la CELAC, el Grupo de Puebla o el Foro de Sao Paulo.

Además, poco antes de una reunión de la IPAC en Taiwán el pasado mes de julio, varios parlamentarios que participaron en dicho foro fueron contactados por la embajada china para tratar de impedir que viajaran a Taipéi. Aunque en este caso la presión no logró su objetivo, los legisladores de la IPAC se preguntan en cuántas ocasiones representantes de las democracias regionales cedieron a la presión del gigante.

En Chile, país del que se destaca su alta institucionalidad, Pekín presionó con fuerza para evitar que se creara un grupo de amistad parlamentario con Taiwán en 2018. En 2019, el embajador Chino Xu Bu atacó, a través de la prensa, a dos parlamentarios por su conexión con el activista hongkonés Joshua Wong. Y, en 2023, el nuevo embajador, Liu Qiaobo, se reunió de manera privada con parlamentarios tras los comentarios del presidente Gabriel Boric sobre la situación de los derechos humanos en China.

Con el creciente autoritarismo, presiones y divisiones internacionales, no es descabellado pensar que la influencia China siga extendiéndose en América Latina y sus gobiernos, aumentando así las presiones sobre las democracias. Los legisladores latinoamericanos de la IPAC pretenden convertirse en resistencia a esta influencia.