Dictan 18 meses de prisión preventiva a Pedro Castillo y suben a 17 las muertes en protestas
El destituido expresidente de Perú, Pedro Castillo, permanecerá detenido hasta junio de 2024 para ser investigado por su intento de golpe de Estado, mientras las protestas que piden el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones ya dejan al menos 17 fallecidos.
Un juez accedió a un pedido de la fiscalía para mantener en prisión a Castillo preventivamente por 18 meses e investigarlo por rebelión y conspiración, tras un fallido autogolpe de estado el 7 de septiembre.
El magistrado consideró que existe "peligro de fuga" del exmandatario, quien trató de asilarse en la embajada de México en Lima tras el frustrado autogolpe.
Castillo, recluido en una prisión policial al este de Lima desde esa fecha, permanecerá en la cárcel al menos hasta junio de 2024.
"Ya sabíamos lo que se venía (...) No hemos estado en la audiencia porque no íbamos a ser parte de este carnaval", dijo a la prensa Ronald Atencio, abogado de Castillo. La defensa apelará.
El exgobernante, un maestro rural de izquierda y origen humilde, pretendía cerrar el Parlamento, intervenir los poderes públicos y gobernar por decreto.
Justificó su decisión en que la oposición no le permitía ejercer su labor y que recibía tratos racistas.
No encontró respaldo institucional y su gabinete renunció en rechazo al fallido intento de quebrar el orden democrático.
El expresidente fue detenido en "flagrancia" cuando intentaba llegar a la embajada de México para solicitar asilo. Contra él también existe una denuncia constitucional de la fiscalía por corrupción.
Fallecidos y enfrentamientos
Un total de 17 manifestantes han muerto hasta este jueves en las protestas contra el Gobierno, nueve de ellos en esta jornada, tras la entrada en vigor del estado de emergencia a nivel nacional y con la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía en la represión de los movilizados.
Las protestas más fuertes, con miles de personas marchando en las calles, ocurren en el sur, donde se mantienen cerrados cinco aeropuertos (Andahuaylas, Arequipa, Puno, Cuzco y Ayacucho).
Piden la libertad de Castillo, la renuncia de su sucesora constitucional, la exvicepresidenta Dina Boluarte, el cierre del Parlamento y elecciones generales ya.
Ante las protestas, el gobierno de Boluarte declaró el miércoles un estado de emergencia por 30 días, lo que permite que las Fuerzas Armadas participen de la seguridad interna.
"Exigimos a las Fuerzas Armadas el cese inmediato del uso de armas de fuego y de bombas lacrimógenas lanzadas desde helicóptero", dijo la Defensoría tras las muertes en Ayacucho.
La Defensoría también reportó 340 heridos hasta el momento, Según la Policía, casi la mitad son de su institución.
"Lloramos el llanto de las madres en Ayacucho (...) En una triste jornada de violencia, nuevamente lamentamos la muerte de peruanos. Mis profundas condolencias a los deudos. Reitero mi invocación a la paz", comentó en Twitter la gobernante Boluarte.
Más de un centenar de rutas están bloqueadas. El tren al turístico Machu Picchu está suspendido y hay centenares de turistas varados.
En Lima, decenas de manifestantes aún acampan alrededor de una prisión policial donde se encuentra detenido Castillo, pidiendo su libertad.
Los opositores de Castillo aseguran que parte de su apoyo proviene del Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso, la guerrilla maoísta que sembró el caos en Perú en la década del 80 y 90. Los llaman "terroristas".
"Desde el día uno que (Castillo) asumió la presidencia y es más, en la campaña (presidencial), nosotros ya éramos terroristas, éramos 'terrucos'. No lo dejaron gobernar, éramos ladrones, éramos corruptos", recordó Vilma Vásquez, sobrina del expresidente, en las afueras de la prisión.
Este jueves, durante una ceremonia en la Fuerza Aérea, Boluarte exhortó al Congreso a aprobar el adelanto de las elecciones generales del 2026 al 2023. "Aquí nos vamos todos, Ejecutivo y Legislativo", dijo.
El Parlamento inició este jueves el debate para ese fin, lo que requiere de una reforma constitucional.
La situación también ha causado problemas diplomáticos a Perú, que este jueves llamó a consultas a sus embajadores en Argentina, Bolivia, Colombia y México en rechazo a su decisión de apoyar a Castillo.