México anuncia que el exministro ecuatoriano Walter Solís está protegido por el principio de la no devolución al país de origen
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que el exministro de Transporte y Obras Públicas ecuatoriano Walter Solís, detenido por la Organización de Policía Criminal (Interpol) en ese país, cuenta con "condición de refugiado".
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"Al Sr. Solís Valarezo, lo protege también el principio de la -no devolución- al país de origen, establecido en la Convención del Estatuto sobre Refugiados y de la cual México es parte", acotó la cartera de la nación presidida por Claudia Sheinbaum.
El exfuncionario está siendo procesado en Ecuador por presunto peculado en el marco del caso de la Reconstrucción de Manabí, que investiga irregularidades en la asignación de contratos públicos tras el terremoto de 2016.
La Cancillería mexicana agregó que ha estado en "comunicación permanente" con la Fiscalía General de ese país para "coordinar las acciones que deben proceder de inmediato, con el fin de garantizar la libertad del Sr. Solís Valarezo".
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A pesar de su condición de refugiado en el país norteamericano, Solís fue arrestado en cumplimiento de una orden de prisión preventiva emitida en abril de este año por la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, por la misma causa que derivó en el encarcelamiento del expresidente Jorge Glas.
Tras el terremoto del 16 de abril de 2016 que afectó gravemente a las provincias de Manabí y Esmeraldas, se creó el Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, presidido por el exvicepresidente Jorge Glas, y –para dar seguimiento a las acciones de dicho Comité– se creó la Secretaría Técnica a cargo de Carlos B. También participó en la priorización de los proyectos Pablo O., como gerente general de la Empresa Pública Ecuador Estratégico.
El 20 de mayo de 2016 se promulgó la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto, con la que se recaudaron 1.614’348.387,20 dólares (monto por las contribuciones solidarias y 2% de IVA), que debía ser usado para la reconstrucción y reactivación económica de las zonas costeras. Para el efecto, se priorizaron 584 proyectos, ejecutados por Ecuador Estratégico, MTOP, Inmobiliar y Secob, por más de 367 millones de dólares.
Sin embargo, la investigación de Fiscalía determinó que varias de esas obras no tenían relación con el objetivo de la Ley y no se ajustaban al contexto de la emergencia por el terremoto.
Además, se presume que esto implicó un abuso de fondos públicos en beneficio de terceros, tanto de personas naturales como jurídicas, que actuaron como contratistas y fiscalizadores de los contratos suscritos.