Estado de guerra

Ecuador está enfrentando una guerra interna a los narcos, que tiene tentáculos internacionales y recursos monetarios inmensurables. Estas organizaciones criminales se han expandido como un cáncer, contaminando las estructuras institucionales e invadiendo los espacios de nuestra convivencia diaria. No hay lugar seguro: para caminar, viajar, estudiar, atender nuestros negocios, cuidar de nuestras familias, rezar, divertirnos, en una palabra, vivir. La guerra es vida o muerte para un Estado, es el camino a la seguridad o la ruina, sostiene Sun Tzu, filósofo chino. Y en esta circunstancia o los ecuatorianos damos la guerra para contenerlos o nos convertimos en una ruina. La disyuntiva no admite posiciones intermedias. Tampoco es una lucha de meses o de medidas rápidas, es un mal que tendremos que afrontarlo por los próximos años y de manera permanente, como ha ocurrido en otros países que han sufrido este ataque despiadado. Quien crea lo contrario, se estará engañando y con ello dificultando el combate.

Desafortunadamente, la lucha nos encuentra desprovistos de recursos económicos y exige que entendamos que hay que hacer ajustes para solventar el combate. El gobierno considera que en la emergencia se aumente el IVA, pero a dicho aumento se oponen partidos como la Revolución Ciudadana que lo aprobaron en el pasado, aunque esos recursos no siempre cumplieron con el propósito inicial del terremoto de 2016, porque se desviaron a otras demandas. El IVA es el impuesto de la recaudación más fácil, de ahí su atractivo en esta urgencia. No podemos exigir resultados, si no se entregan recursos para ello. No basta enderezar las finanzas para la guerra con el IVA, es necesario también que se focalice el subsidio de los combustibles, que además ha sido aprovechado por actividades ilegales como la refinación de la cocaína y la minería ilegal. No es tampoco el tiempo para las amenazas de quienes han impedido que se aplique una focalización, como es la Conaie. Por último, es importante un recorte de la abultada nómina de los empleados públicos eliminando instituciones que fueron creadas en épocas de expansión estatal, pero cuyo aporte ha sido casi nulo y obedeció a la política absurda de convertir al Estado en el principal motor de la economía, cuando debía ser su regulador. Todas estas decisiones van a tener un costo político para el presidente Noboa, pero el país lo eligió para hacer lo correcto, aunque esto sea impopular. Y no solo debemos pedirle esto al Mandatario, sino también a los bloques políticos de la Asamblea, que deben demostrar que están por el país y no por los intereses de su grupo. La guerra contra los narcos la debemos librar todos.