La ley de la selva
Molesto con las triquiñuelas legales que han mantenido en el sillón del Cabildo de Quito a Jorge Yunda, el concejal Fernando Morales le lanzó un vaso de agua a la cara. Vergonzosa demostración de incivilidad. La incontinencia de carácter para responder con violencia a argumentos distintos ha tenido muchos episodios degradantes en nuestra política y se repite porque ha habido impunidad para juzgarlos. Basta recordar algunos casos: un expresidente, que siendo congresista, disparó al pie de un opositor en el Congreso; los hermanos de otro expresidente, que lanzaron ceniceros y golpes a diputados que no aceptaron votar por su amnistía; dirigentes indígenas que retuvieron y humillaron a periodistas y policías durante una reciente protesta y causaron que un manifestante agreda con una piedra a un periodista; un presidente que molesto con una mala seña de un menor, se bajó de su auto blindado a perseguirlo... etc. De estos actos, solo uno fue sancionado y con una pena leve: el expresidente que disparó en el Congreso pasó un mes en la cárcel.
Los demás, al igual que el concejal Morales, justificaron con arrogancia sus desplantes. Morales ha dicho: “He hecho, lo que cualquier edil hubiera hecho. El agua es un símbolo de pureza, el Municipio debe ser limpiado”, lo que significa que habría sido un acto premeditado. Igual arrogancia también la tuvieron los otros agresores. El expresidente sostuvo sobre la agresión de sus hermanos: “Cómo habrían estado de fastidiados mis hermanos, que hasta el más tranquilo de ellos reaccionó”. El líder indígena negó públicamente que retuvo a los policías y periodistas y que haya incitado a la agresión del reportero, a pesar de que los ataques se transmitieron en cadena nacional y el expresidente sostuvo que correteó al menor porque nadie “iba a faltarle al respeto”. Esos excesos fueron noticia internacional, donde se pintaba al Ecuador como una “selva” o una “Banana Republic”.
Las agresiones deberían ser juzgadas por los organismos donde ocurre el atropello o por la vindicta pública. Si los cuerpos legislativos expulsasen a sus miembros que cometen desafueros, otros no serían tan proclives a repetirlos, y si la justicia enjuiciara y sentenciara a quienes cometen esos delitos de manera flagrante, habría disuasión para que no ocurran otra vez.
Una sociedad democrática sana requiere tolerancia y respeto. Las personas públicas tienen el derecho a los desacuerdos, pero la sociedad exige que estos desacuerdos se procesen de manera civilizada y respetando las leyes. Personas que ostentan una dignidad de elección popular deben reconocer que no sirven a una ideología o a un partido, sino a la gente.